En México, las desapariciones ya no admiten maquillaje. Exigen, en todo caso, verdad. Pero la respuesta oficial de los últimos días inquieta y mucho. Por un lado, una nueva metodología para ordenar el universo de personas desaparecidas; por el otro, una reacción defensiva frente al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Entre ambas cosas se dibuja una estrategia para administrar la crisis desde la narrativa, no desde su profundidad. 

El 27 de marzo, el gobierno federal presentó su nueva metodología para el registro de personas desaparecidas. Según sus propios datos, el registro histórico acumula 132 mil 534 personas desaparecidas o no localizadas. También afirmó que 36 por ciento de los registros de 2006 a 2026 carecen de datos suficientes para una búsqueda efectiva. Aseguró que 31 mil 946 personas (otra tercera parte) presentó actividad después de la desaparición. Los datos “fidedignos” se enfocarían en 43 mil personas, lo cual no deja de ser catastrófico.

Esos datos importan, pero no dicen todo. El problema no es únicamente cuántas personas faltan, sino qué hace el Estado con esa ausencia. Decir que una parte importante de los registros no tiene información suficiente o que “hay actividad posterior” no demuestra la atención adecuada de la crisis, al contrario, desliza la responsabilidad -otra vez- a las propias víctimas para poder demostrar que esos registros son reales. Las responsables de los malos e ineficaces registros son las propias autoridades, pero eso no se aborda.  

En la conferencia, de 27 de marzo destinada a mostrar un reordenamiento al registro, no se habló de búsqueda efectiva, ni de investigación penal, ni de identificación forense, ni la atención a las familias. Todo enfocado a los datos con la legítima pregunta: ¿es para avanzar hacia una verdadera política de Estado o es para seguir negando y disputando la narrativa de que “ya no hay desapariciones” en los gobiernos de la llamada “cuarta transformación”?  Registrar mejor es urgente, pero depende de cual sea la motivación detrás. No basta cuando las familias siguen buscando y los gobiernos esclareciendo demasiado poco. 

La intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU vino a recordar con dureza que en México la crisis no adquiere las dimensiones de “problema de Estado”. El 2 de abril, el Comité pidió al Secretario General de Naciones Unidas que remitiera urgentemente la situación de México a la Asamblea General para considerar medidas de apoyo al Estado mexicano. 

El órgano concluyó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas. También precisó que no encontró pruebas de una política federal para cometer desapariciones, pero sí información fundada sobre casos con participación directa de funcionarios o con su autorización, apoyo o aquiescencia. Y añadió que la magnitud del desastre sigue siendo brutal: más de cuatro mil 500 fosas clandestinas, y alrededor de 72 mil cuerpos no identificados. 

Frente a eso, la respuesta del gobierno fue cerrar filas con un discurso chovinista y negacionista. De botepronto, Cancillería y Secretaria de Gobernación rechazaron el informe por “tendencioso” y por supuestamente omitir avances logrados desde 2018. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum reforzó esa línea.  Sostuvo que el análisis del Comité no tiene que ver con la 4T, que se habría basado en información de cuatro estados y en un periodo previo a los gobiernos recientes, y cuestionó tanto su metodología como el encuadre jurídico de desaparición forzada. Incluso faltó a la verdad al decir que el Comité no era de la ONU al  encontrarse integrado por personas expertas independientes cuando es un órgano que se encarga de velar por un tratado internacional. En vez de asumir la dimensión del señalamiento internacional, el gobierno optó por acotarlo políticamente y discutir su perímetro. 

Ese reflejo defensivo es un error. No porque el Comité sea infalible, sino porque una crisis de esta magnitud no se resuelve descalificando al mensajero. El propio Comité dejó constancia de medidas adoptadas por el Estado mexicano, pero concluyó que no han producido una mejora sustancial. Ese es el punto incómodo. La comunidad internacional y, sobre todo, las víctimas, esperan resultados. Y los resultados siguen marcados por fosas, impunidad, rezagos forenses y familias que hacen el trabajo que el Estado no ha sabido o no ha querido hacer.

Peor aún fue la reacción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su posicionamiento, la CNDH sostuvo que la desaparición forzada cometida por autoridades federales ha venido descendiendo desde 2018 y arremetió contra organizaciones civiles a las que acusó de lucrar o manipular demandas. Reacción fiel a la paulatina degradación de dicha institución desde la llegada de Rosario Piedra.

En contraste, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tomó una ruta muy distinta y mucho más seria. Para la CDHCM, la decisión del Comité de la ONU abre una oportunidad para fortalecer una política integral de Estado, con participación de las familias, articulación entre lo local y lo nacional, y resultados efectivos en búsqueda, investigación y combate a la impunidad. Es, simplemente, la que corresponde a una institución que entiende el tamaño de la herida. 

México necesita más escrutinio. No necesita mejores excusas sobre por qué un informe internacional sería parcial. Requiere mejores resultados en búsqueda, identificación e investigación, no una narrativa triunfalista que convierta porcentajes de presunta localización en coartada política. Demanda asumir que la desaparición en México es una crisis humanitaria y también una crisis del Estado que trasciende a partidos políticos y del cual se tiene que hacer cargo el gobierno en turno.

La primer batalla es revertir la negación oficial de la crisis. Triste pero cierto. Esto implica que el gobierno acepte la necesidad de la ayuda internacional y después que se abra a dicha ayuda. La evidencia, hasta el momento, es que el gobierno se batirá por una narrativa que “matice” la realidad. Mientras eso sucede, las personas buscadoras seguirán su penoso caminar -solas y con riesgo altísimo para su vida- para hallar a sus seres queridos.