En México, la palabra golpe de Estado se usa con una irresponsabilidad pasmosa. Desde el poder y sus voceros, cualquier crítica, protesta o litigio puede ser tachado de “golpismo”. Una marcha es golpismo. Un amparo es golpismo. Una nota periodística, también. Una muletilla para blindar al gobierno, demonizar la disidencia y convertir la inconformidad ciudadana en sospecha.

Pero basta mirar lo que hoy enfrenta Brasil para recordar lo que sí es un intento real de golpe de Estado. No una metáfora, no un eslogan, no una campaña de propaganda. Un golpe en forma: planificado, documentado y con participación de fuerzas armadas y funcionarios del más alto nivel.

El expresidente Jair Bolsonaro —dentro y fuera del poder— no sólo coqueteó con la idea de desconocer su derrota electoral en 2022, sino que su círculo cercano elaboró borradores de decretos destinados a anular el resultado, intervenir tribunales y activar a la cúpula militar para sostener su permanencia en el cargo. Hubo reuniones, mapas de acción, diálogos con comandantes y una estrategia para fracturar la cadena de mando. Eran planes operativos y conspirativos que hoy forman parte de una causa penal en Brasil.

Mientras en México se habla de “intentos de desestabilización” porque la sociedad protesta o cuestiona, Brasil enfrenta detenciones de Bolsonaro, de altos mandos militares, órdenes de cateo, testimonios bajo juramento y pruebas materiales sobre un intento coordinado de romper el orden constitucional. La diferencia es abismal. Allá hubo conspiración; aquí, simple disenso.

Conviene recordar el precedente inmediato. El asalto a los edificios de gobierno en Brasilia en enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas -azuzados por su líder- tomaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto. Un espejo del 6 de enero de 2021 estadounidense. Violencia, destrucción, símbolos democráticos arrasados. Eso fue un ensayo del proyecto autoritario que hoy investiga la justicia brasileña.

Cuando uno contrasta esos hechos con el uso indiscriminado y poco serio del término “golpista” en México, la dimensión de la manipulación resulta evidente. Aquí, el oficialismo acusa de “golpe” a quien interpone un amparo contra leyes inconstitucionales, a quien marcha en defensa de derechos o a quien pide cuentas por corrupción. En esa lógica retorcida, incluso el periodismo que documenta abusos del propio gobierno puede ser tratado como amenaza a la estabilidad nacional.

La consecuencia es peligrosa puesto que llamar “golpistas” a quienes ejercen derechos democráticos normaliza la idea de que el disenso debe ser castigado y que la crítica es un riesgo a contener. Así empieza la narrativa que, tarde o temprano, justifica la represión.

Brasil nos ofrece una lección que en México convendría no ignorar.

Un verdadero golpe de Estado no viene de la ciudadanía inconforme, sino de los gobiernos —o exgobernantes— que buscan aferrarse al poder por encima de la ley. Y un golpe requiere, sobre todo, de militares; que en el caso mexicano están bastante apapachados con empresas y operaciones estratégicas del Estado.

Lo de Bolsonaro es un recordatorio de que las democracias pueden quebrarse desde dentro, desde las élites políticas, desde los cuarteles, desde quienes creen que el voto sólo vale si los favorece. También demuestra que las instituciones pueden —y deben— responder cuando se amenaza su integridad. Un poder judicial independiente y una fiscalía sólida fueron clave en la potencia sudamericana para frenar a Bolsonaro quien hoy purga una pena de 27 años de prisión.

En México, donde la acusación de “golpismo” se ha vuelto un arma retórica para silenciar a críticos y opositores, vale la pena volver a las palabras en su sentido estricto. La protesta no es golpe. La crítica no es golpe. La prensa no es golpe. Lo golpista es usar el aparato del Estado para intimidar, condicionar o deslegitimar a quienes disienten. Lo demás es propaganda.