A Elena le realizaron una episiotomía sin su consentimiento y le negaron un método anticonceptivo en un hospital del ISSSTE; a Alejandra le colocaron un dispositivo intrauterino (DIU) que no deseaba en el IMSS, y a Julieta su ginecóloga particular le dijo que era bueno que hubiera perdido a su bebé porque “era muy chica” para hacerse responsable de un niño.

Contrario a lo que señalan los protocolos internacionales y normas oficiales, respecto a que a las mujeres y personas gestantes se les debe solicitar un consentimiento previo, libre e informado sobre tratamientos y procedimientos, en Guanajuato el personal médico ha tomado una atribución silenciosa: la de decidir sobre los cuerpos de las madres, incluso sobre los métodos anticonceptivos a los que pueden tener acceso.

Esto ocurre en el contexto político de una de las siete entidades a nivel nacional que aún no despenaliza la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, pese a la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJN). 

Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en su edición más reciente, revelan que al menos 128 mil 417 mujeres de entre 15 y 49 años de edad recibieron maltrato por parte del personal médico en su último parto. La revisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) corresponde al período 2016-2021 y no hay información más reciente; a pesar de que ya han transcurrido cinco años. 

Por otro lado, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) tiene registro de 24 quejas contra personal o instituciones de salud pública por violencia obstétrica, esterilización forzada o trato negligente durante el embarazo en seis años, pero de éstas sólo resolvió dos con recomendaciones; en una se acreditó la violación del derecho a la salud de una madre y su hijo y en otra el derecho a una vida libre de violencia y al consentimiento informado de la persona gestante. 

En instancias federales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social por un caso ocurrido en 2023 en una clínica en el municipio de Irapuato que derivó en la muerte de una recién nacida.

Desde la perspectiva del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aunque la violencia obstétrica es cada vez más denunciada sigue siendo un problema estructural, pues, pese a que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la capacitación del personal médico y condiciones laborales e infraestructura adecuadas, estas no son cubiertas en la práctica por las políticas y disposiciones presupuestales del gobierno de la República en los últimos años.

Hospitales con escaso personal, falta de insumos básicos como ultrasonidos o ausencia de especialistas en turno son algunos factores que inciden directamente en la calidad de la atención, considera la organización.

Sin embargo, la violencia obstétrica puede incluir la negación del acceso a servicios de salud reproductiva; un trato cruel, inhumano o degradante; el suministro excesivo de medicamentos y la práctica de cesáreas no justificadas. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 para la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida establece los criterios y procedimientos para la prestación de los servicios médicos en todo el país y es obligatoria. En este reglamento se establece con claridad el consentimiento informado sobre cualquier procedimiento y respeto a la dignidad de las mujeres y personas gestantes. 

En Guanajuato, la violencia obstétrica es reconocida dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia como “todo acto u omisión intencional, por parte del personal de salud, que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y parto, así como la negligencia en su atención médica”. No obstante, Guanajuato no está entre los seis estados que ya sancionan esta conducta al tipificarla en el Código Penal. 

Escasas sanciones y resoluciones tardías por violencia a madres 

Entre 2020 y 2026, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato abrió 24 expedientes de queja, pero sólo emitió dos resoluciones con recomendaciones. Uno corresponde al caso de una mujer atendida en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, quien fue llamada “drogadicta” por personal médico, obligada a desvestirse en un lugar público y sometida a tactos vaginales sin información previa sobre el procedimiento.

La queja se abrió en 2021 pero la instancia resolvió hasta 2024. De acuerdo con la resolución del expediente 0282/2022-B, se acreditó la vulneración del derecho de la paciente a vivir una vida libre de violencia al momento en que se le pidió que se desvistiera para atenderla sin indicarle un lugar privado y durante la revisión mediante tacto vaginal, sin explicación previa.

También se concluyó la violación del derecho humano a la salud. Sin embargo, se desecharon los señalamientos de la víctima por trato indigno derivado de comentarios sobre el uso de sustancias y la colocación de un dispositivo anticonceptivo sin consentimiento, esto por falta de pruebas.

Como recomendación, la PRODHEG ordenó la capacitación obligatoria en materia de derechos humanos del personal involucrado en el caso para garantizar la no repetición de estos actos de violencia.

En otro caso, ocurrido en el Hospital General de León, una madre denunció que no se le aplicó terapia de maduración pulmonar, pese a que el bebé era prematuro, ni se trató una infección urinaria que presentaba. El recién nacido fue dado de alta sin la vigilancia correspondiente a un nacimiento prematuro y solo se sugirieron baños de sol, pese a que padecía ictericia (coloración amarilla).

El menor desarrolló niveles altos de bilirrubina que derivaron en convulsiones, retraso psicomotor y parálisis cerebral, lo que requirió tres meses de internamiento en un hospital pediátrico.

El caso fue resuelto por la Procuraduría de Derechos Humanos hasta octubre de 2025, pese a que ocurrió en 2019 y la queja se formalizó en 2022. Se recomendaron medidas de reparación integral, incluyendo compensación económica, atención médica y psicosocial, así como investigaciones administrativas para deslindar responsabilidades, debido a que se comprobó la violación del derecho a la salud de la madre y su bebé por falta de atención médica adecuada, incumplimiento de protocolos neonatales y alta prematura.

En 2024, la CNDH emitió una recomendación por un caso de violencia obstétrica y negligencia médica ocurrido en la Unidad de Medicina Familiar No. 2 del IMSS, en el municipio de Irapuato. De acuerdo con la instancia federal, se acreditaron violaciones a los derechos humanos de una mujer embarazada, luego de que esta presentó una queja por el fallecimiento de su hija a pocos días del parto, a consecuencia de asfixia perinatal.

La recomendación señala que la víctima se presentó en el hospital con más de 40 semanas de gestación, diversos malestares y un historial de cesárea previa. A pesar de ello, su ingreso al quirófano se demoró sin justificación.

De acuerdo con la investigación de la CNDH, el personal de salud que la atendió le suministró una dosis mayor de oxitocina de la necesaria para el trabajo de parto, pese a que estaba contraindicada en su caso; además, no se diagnosticaron correctamente las contracciones ni se evaluó el estado fetal y la respuesta cardiovascular.

“Se acreditaron violaciones a los derechos humanos a la vida y a la salud de madre e hija, al interés superior de la niñez, así como a una vida libre de violencia obstétrica, al acceso a la información en materia de salud y daños al proyecto de vida de tres personas”, señala la recomendación.

En una solicitud de acceso a la información, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Guanajuato informó que, entre 2020 y 2026, recibió 28 quejas médicas en la clasificación de atención de embarazo, parto y puerperio; sin embargo, precisó que no se clasifican como violencia obstétrica porque la facultad le corresponde a las autoridades jurisdiccionales o de procuración e impartición de justicia. 

La CECAMED no genera resoluciones, informó en la respuesta de acceso a la información y detalló que debido a que es una instancia alternativa utiliza medios alternos de resolución de controversias en los que las partes deciden o no de manera voluntaria aceptar acuerdos conciliatorios. Si la queja no es de competencia de la instancia se informa a las partes o si no hay arreglo entre las partes se canaliza a las instancias competentes. 

Estas quejas se registran en el Sistema de Información Estadística del Sistema Nacional del Registro de la Queja Médica (SINAREQ) como “ginecología y obstetricia”.

Por otra parte, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato reportó la recepción de 17 quejas relacionadas con violencia obstétrica o atención médica durante el embarazo entre 2019 y 2025. No obstante, el ISAPEG no aclara qué cauce o desahogo le dieron a estas quejas.

Cuando el consentimiento no importa 

Elena sabía que cuando tuviera a su bebé deseaba permanecer el menor tiempo posible en la clínica del ISSSTE, pues por experiencias previas con familiares que habían sido hospitalizados en ese lugar, le constaba que existía un trato deshumanizante y poco empático. Así que se preparó.

Previo a la fecha de su parto, a los 28 años de edad, tomó un curso psicoprofiláctico con una doula (profesional que prepara física y emocionalmente a las mujeres antes, durante y después del parto) para adquirir estrategias de relajación y manejo del dolor en el momento en que lo necesitara. Gracias a ello, el nacimiento de su única hija ocurrió en pocas horas; sin embargo, eso no evitó que sufriera violencia obstétrica.

Elena recuerda su experiencia de maternidad como algo agridulce, ya que cuando llegó al hospital del ISSSTE en Guanajuato capital, fue recibida en urgencias por una enfermera que la trató con dulzura y empatía; la ayudó a tranquilizarse, asegurándole que todo saldría bien.

Sin embargo, todo cambió cuando fue ingresada a hospitalización. Ahí, el trato del personal médico se volvió distante y poco empático, reduciéndose a instrucciones como: “Respire, que si no, no le va a ayudar a su bebé”, mientras experimentaba por primera vez el dolor de las repetidas contracciones. 

Recuerda que sus malestares fueron minimizados por el personal médico, al grado de considerarlos una exageración “por ser madre primeriza”. También le hicieron preguntas frecuentes sobre su estado de salud y otras que no le hicieron sentido en ese momento, como el número de parejas sexuales. 

Gracias a las estrategias que aprendió en la psicoprofilaxis, el momento de parir llegó. En el hospital solo le permitieron ver a su esposo por unos minutos y luego la ingresaron a la sala donde nacería su hija. Ahí recibió un comentario discriminatorio por parte de una enfermera: “Ay señora, está toda tatuada”. 

En el quirófano, el nacimiento fluyó sin problema, o eso creyó Elena, pues minutos después de que terminó el procedimiento escuchó al médico referirse a la episiotomía.

Se trata de un corte que se realiza en el perineo, la zona de piel y músculos entre la vagina y el ano. Esta incisión quirúrgica se utiliza para ampliar la abertura vaginal y facilitar la salida del bebé, pero solo cuando es necesario; de lo contrario, puede constituir una forma de violencia obstétrica si no se realiza con el consentimiento de la madre. 

A Elena nadie le consultó. Supo que había sido intervenida de esta manera porque el médico lo comentó con un colega, diciendo: “La episiotomía me quedó muy bien”.

No cuestionó, porque entre la recuperación de la anestesia, la preocupación por estar cerca de su hija y el deseo intenso de salir de la clínica lo antes posible, asumió que ya no había nada qué hacer.

Antes de que pudiera dejar el hospital, ocurrió otro episodio de violencia al solicitar un método anticonceptivo definitivo. Ella estaba segura de que solo quería tener un hijo, por lo que solicitó la oclusión tubárica bilateral (OTB), una cirugía irreversible que bloquea o corta las trompas de Falopio para impedir la fecundación y que, además, no afecta el ciclo menstrual ni hormonal.

El médico se negó. Le dijo que era joven, que podía arrepentirse y le recomendó usar un dispositivo intrauterino, un anticonceptivo que se coloca en el útero e impide la implantación del óvulo fecundado, pero que puede causar efectos secundarios en algunas personas. Aunque recomendó este método, también puso obstáculos para su colocación y le pidió regresar posteriormente.

Persiste la violencia, pero retrocede la normalización

En 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS), nombró por primera vez a la violencia obstétrica como el conjunto de prácticas que mutilen, lastimen o hieran, ya sea emocional o físicamente a las mujeres en la etapa del embarazo, parto o postparto. 

Para la abogada Alhelí Balderas de GIRE, una de las principales problemáticas es la falta de información y consentimiento en los procedimientos médicos a las madres, lo cual ha sido documentado por la organización a través de acompañamientos a víctimas en todo el país. 

Tactos vaginales reiterados sin explicación, episiotomías realizadas sin autorización o la medicalización excesiva del parto son algunas de las formas más comunes en que se manifiesta esta violencia.

Desde la perspectiva de GIRE, la violencia obstétrica no se limita al ámbito físico, también incluye agresiones verbales, regaños, burlas y humillaciones durante el trabajo de parto, muchas veces basadas en estereotipos de género sobre cómo “deben comportarse” o resistir el dolor las mujeres.

De acuerdo con Alhelí Balderas, estas experiencias dejan secuelas emocionales profundas que pueden transformar por completo la vida de las personas, impactando su entorno familiar, sus proyectos personales y la relación con sus hijas e hijos. Sin embargo, los daños suelen quedar fuera de los expedientes clínicos, lo que dificulta su reconocimiento y comprobación en procesos legales.

Y aunque cada vez más personas denuncian estos casos, el acceso a la justicia sigue siendo limitado porque el sistema aún presenta deficiencias, aseguró la abogada. Por ejemplo, las capacitaciones al personal de salud, suelen reducirse a listas de asistencia sin evaluación real de su impacto.

“Mucho tiempo se normalizó justo porque está relacionado con una cuestión de género, de lo que se espera de las mujeres en la maternidad y en la gestación. Sin embargo, de unos años para acá se ha dejado de normalizar y se han empezado a nombrar como tal estas prácticas que son abusivas”, añadió. 

“Me sentí anulada”, anticoncepción forzada lastima a Alejandra 

Al año siguiente de que comenzó la pandemia, en 2021, Alejandra esperaba la llegada de su bebé. La espera fue complicada, pues las consultas de seguimiento de su embarazo fueron muy espaciadas para evitar contagios por COVID-19, según le explicaron en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde se atendía.

El parto se retrasó, superando las 40 semanas, pero ocurrió sin complicaciones para Alejandra y su hijo. Sin embargo, una vez que nació el bebé, la ginecóloga que la atendía le repitió de forma constante que le colocaría un dispositivo intrauterino (DIU), pues de lo contrario regresaría “al año con otro niño”.

“Ya prácticamente en el quirófano me dijeron que me iban a colocar un DIU y, pues, en ese momento la verdad no puse ninguna objeción. Estaba muy preocupada por otras cosas, por el bienestar de mi hijo y mi salud, y no dije nada, a pesar de que no quería eso”.

El argumento que le dieron en el IMSS para colocarle el método anticonceptivo fue que se trataba de una política de natalidad de la institución. Tras su recuperación, consultó a amigas que también se habían atendido en el Seguro y la mayoría le confirmó que les había ocurrido lo mismo.

La colocación de este dispositivo le ha causado complicaciones de salud y, debido a que la espera por citas en el IMSS es larga, busca retirarlo en un hospital privado, donde deberá pagar más de 5 mil pesos por el procedimiento.

La psicóloga Jimena Meillón del colectivo Tejiendo Comunidades para Ellas sostiene que la violencia obstétrica impacta profundamente la salud mental de quienes la viven, pues puede derivar en trastornos como estrés postraumático, ansiedad y depresión posparto.

El estrés postraumático ocurre cuando una experiencia rebasa los recursos emocionales de la persona, lo que provoca que reviva constantemente el evento a través de recuerdos, sonidos o situaciones que lo detonan, además de mantener un estado permanente de alerta, explicó Jimena. 

A esto se suma la falta de acompañamiento psicológico en el sistema de salud. Según Meillón, la atención suele centrarse únicamente en el parto, dejando de lado el embarazo y el periodo posterior, donde también se requieren cuidados integrales.

Otro de los impactos más significativos de la violencia obstétrica es la pérdida de autonomía, dijo, pues cuando se niegan o imponen decisiones sobre los derechos sexuales y reproductivos, las mujeres pueden experimentar una disminución en su capacidad de decisión y confianza personal. 

“Creo que sí sería importante que después del parto hubiera un acompañamiento psicológico, pero incluso antes. Lo ideal sería preparar toda esta parte del embarazo cuando ya estén en esta etapa, llevar un acompañamiento porque sabemos, y no voy a generalizar, pero sí hay mujeres que realmente no deseaban la maternidad o no lo esperaban en ese momento”, expresó. 

Una y otra vez, la maternidad bajo juicio

La primera vez que Julieta enfrentó un acto de violencia obstétrica tenía 18 años y atravesaba su primer embarazo. Pese a haber acudido con una ginecóloga particular “por recomendación” de terceros, la primera reacción de la profesional de la salud al recibir a la entonces joven en el consultorio fue un comentario que la descalificó por su edad. 

“Desde el primer momento en que me vio la doctora, comenzaron los cuestionamientos de ‘¿Y por qué tan chiquita te embarazaste? ¿Por qué no te cuidaste? ¿No sabes que hay muchos riesgos?’. A mis 18 años yo iba con toda la pena, el no saber, todo es nuevo. Cuando pasas por ese tipo de situaciones, lo menos que deseas es que te vean de esa manera”, recordó Julieta.

Estos comentarios no cesaron durante el periodo de gestación que Julieta llevó con acompañamiento de aquella ginecóloga. Al compartir embarazo con una cuñada, la joven sabía por la experiencia de su familiar que el trato no era el mismo. 

Pese a ello continuó con aquella ginecóloga, porque también había escuchado historias de atención deficientes en instituciones de salud pública. 

Las omisiones continuaron durante el primer trimestre del embarazo que se vio interrumpido por la falta de crecimiento del embrión. No obstante aquella situación, que fue reportada de manera tardía por la ginecóloga, los tratos de esta hacia Julieta se mantuvieron hasta la última consulta, en la que, durante un ultrasonido supo de la muerte de su bebé. Este último suceso terminó por minar su confianza en la especialista. 

“En ese momento me dijo ‘ahorita te voy a hacer el legrado, vamos retirar el feto, y pues ni modo. Qué bueno que te pasó porque pues estás muy chiquita como para hacerte responsable de un niño’.

Para el legrado, Julieta y su pareja optaron por acudir a un hospital particular. El trato de las enfermeras del lugar no fue distinto de su primera experiencia. Comentarios como: “¿por qué tan chiquita?, ¿por qué no te cuidaste? Ahora sí te vas a cuidar, ¿Ya entendiste que ser mamá no es fácil?” hicieron eco en la cabeza de Julieta durante las semanas en las que también trató de asimilar la pérdida de su bebé. 

Años después, durante su segundo embarazo, la experiencia volvió a repetirse, esta vez en el Hospital Materno de León de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Desde su ingreso en labor de parto, recuerda que fue obligada a caminar durante horas pese a tener dilatación suficiente para ser ingresada.

Durante ese proceso, se le administraron medicamentos sin su consentimiento y sin explicaciones claras. La comunicación con su pareja también fue limitada, lo que incrementó la sensación de incertidumbre. A esto se sumaron intervenciones médicas realizadas sin autorización, como una episiotomía que, según relata, no correspondía a las condiciones de su bebé.

Tras el parto, enfrentó otro tipo de imposición: la obligación de aceptar un método anticonceptivo como condición para el alta médica. La insistencia del personal fue constante, al punto de que terminó accediendo en un contexto de cansancio y vulnerabilidad. Las secuelas físicas no tardaron en aparecer, así como un impacto emocional que se prolongó durante el posparto.

“Me dijeron que no iba a salir de ahí hasta que aceptara uno. Fueron hasta cuatro enfermeras diferentes a insistirme. Yo terminé cediendo, pero fue de mala manera. Perdí movilidad en un brazo, bajé mucho de peso. Aun así, firmas porque estás vulnerable, acabas de tener un bebé”, explicó.

En su tercer embarazo, ahora en el Hospital de Ginecología y Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social, la situación no fue distinta. En aquella experiencia, Julieta recuerda haber tenido tactos reiterados por parte de enfermeras e internos, en ocasiones sin consentimiento y con un trato que percibió como poco profesional.

“Había veces en que sí te explicaban, pero en otras solo te decían ‘abre las piernas’ y lo hacían. Era muy frustrante que todo el tiempo te estuvieran tocando. A veces ni avisaban”, recordó.

Durante el parto, nuevamente fue sometida a otras intervenciones invasivas, como una episiotomía y la aplicación tardía de la anestesia. Las secuelas de aquel trato trascendieron el momento del nacimiento de su segunda hija. Julieta aseguró que estas experiencias impactaron directamente en su salud mental durante el posparto.

Desde el análisis de la educadora perinatal Berenice Reyes Beltrán, coautora del libro Violencia Obstétrica, el origen de la violencia obstétrica implica una combinación de factores estructurales y culturales que terminan por normalizar el maltrato antes, durante y después del parto. 

Lejos de limitarse a agresiones físicas evidentes, esta violencia adopta múltiples formas, muchas de ellas sutiles, pero con consecuencias duraderas en la salud física, emocional y mental de las madres y sus hijos, consideró Reyes.

Los efectos de la violencia obstétrica se extienden al posparto y pueden afectar de forma significativa la salud mental. Datos de la ENDIREH señalan que cerca del 50% de las mujeres reportan haber vivido algún tipo de violencia obstétrica, aunque la cifra real podría ser mayor.

“Para que tú digas, yo sufrí violencia obstétrica, debes saber reconocerla y debes saber nombrarla y luego debiste haber participado de una encuesta o debiste haber denunciado. Es decir, ese número no significa nada. Porque el problema principal es que las mujeres no saben qué es la violencia obstétrica y tampoco saben que se puede denunciar”, señaló. 

En el mismo sentido, Berenice Reyes (@madreloto en Tiktok) afirmó que, a nivel global, alrededor del 40% de las mujeres experimenta depresión posparto. Esta condición puede agravarse cuando el nacimiento estuvo marcado por experiencias traumáticas. 

“En casos más severos, pueden presentarse pensamientos intrusivos, desconexión emocional o dificultades para cuidar al recién nacido. Algunas mujeres incluso reportan no sentirse vinculadas con sus hijos”.