Con un juicio en tribunales federales de por medio, la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de León avanzó con la autorización de la traza del megaproyecto Reserva Norte, ahora denominado El Colmenar. El desarrollo inmobiliario y comercial es impulsado por el empresario Eduardo Arena Barroso, socio de Grupo Aryba, en conjunto con “Semass Capital”, propiedad de la familia Oñate Barrón.

El abogado y asesor de la resistencia vecinal, Juan Pablo Delgado Miranda, calificó como “irresponsable" la determinación de la administración encabezada por Alejandra Gutiérrez Campos de continuar con los trámites del megadesarrollo mientras la demanda de amparo se encuentra en un Tribunal Colegiado de Circuito.  

“El juicio aún no termina y a mí me parece una absoluta irresponsabilidad que la Dirección de Desarrollo Urbano otorgue un paso más después de la asignación de uso de suelo a sabiendas de que es posible, porque está dentro del panorama, que el Tribunal corrija la decisión del amparo y nos conceda el amparo”, declaró Delgado Miranda a POPLab.

En la Comisión de Desarrollo Urbano de este martes, el director general de DU, Hugo García Guzmán, puso de conocimiento la aprobación de traza en fase de dictaminación del desarrollo en condominio mixto para usos compatibles El Colmenar Reserva Norte. 

De acuerdo con el funcionario, en la documental expuesta ante los ediles que integran la comisión, la dependencia que encabeza otorgó el Permiso de Uso de Suelo el 19 de agosto pasado. Esto ocurrió en medio del litigio ciudadano que encabezan vecinos de 35 colonias de la Zona Norte de León contra la asignación de uso de suelo que aprobó el pleno del ayuntamiento en marzo de 2025.

Para el proyecto denominado El Colmenar, Grupo Aryba y Semass Capital modificaron la propuesta inicial del desarrollo para el predio conocido como Lavaderos y Cerro Gordo. La propuesta de traza que se aprobó por Desarrollo Urbano en 2026, incluye 13 lotes tipo vertical con 1499 unidades habitacionales y 185 unidades para uso comercial; 100 unidades habitacionales de tipo horizontal; un polígono de área de donación verde y polígono de equipamiento. Todo esto en una superficie de 146 mil 368.16 metros cuadrados, con una densidad de 426.32 habitantes por hectárea. 

La propuesta inicial, presentada por los desarrolladores a principios de 2025, incluía además de áreas comerciales y “residenciales plus”, un complejo hotelero, un complejo corporativo y un espacio cultural. 

Voracidad inmobiliaria con anuencia municipal

Entre abril y junio de 2025, vecinos de al menos 35 colonias y residenciales de la Zona Dorada de León, a quienes unió la preocupación por la crisis hídrica y de movilidad ya presentes, presentaron dos demandas de amparo que finalmente, se acumularon en un solo expediente.

De acuerdo con Juan Pablo Delgado, asesor legal del movimiento vecinal, el Juzgado Cuarto de Distrito determinó que que no estaba demostrada la inminencia del acto de autoridad reclamado, es decir, el inicio de las obras del megadesarrollo luego de que el ayuntamiento aprobó la asignación de uso de suelo. 

“Desde nuestra perspectiva es una óptica errada, porque desde que se le mostró al IMPLAN, luego a la Comisión de DU, al propio ayuntamiento, el fraccionador presentó un proyecto muy descriptivo de lo que quería y nadie presenta un proyecto así si no lo quiere construir. Desde nuestra perspectiva, el criterio del juzgado fue bastante corto, y por eso consideramos que era importante presentar un recurso de revisión”, explicó Delgado Miranda.

En entrevista, el abogado, quien actualmente es Secretario Nacional de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano, afirmó que el juicio de amparo se encuentra en su segunda fase. Luego de que la parte quejosa se inconformó de la decisión del Juzgado de Distrito ante un Tribunal Colegiado de Circuito.

Asimismo, Delgado Miranda acusó la presunta existencia de un “cártel inmobiliario” en León, el cual, advirtió, opera “con la complicidad de autoridades municipales” para facilitar la aprobación de proyectos habitacionales y urbanos.

De acuerdo con el litigante, este grupo de desarrolladores actúa con libertad debido a que históricamente las autoridades han permitido prácticas irregulares relacionadas con la autorización de fraccionamientos y cambios en los procesos administrativos.

 “Se comporta con libertad porque la autoridad termina siendo cómplice de sus pretensiones, y eso lo seguiremos señalando”, afirmó.

Delgado adelantó que actualmente se preparan nuevos juicios relacionados con distintos proyectos inmobiliarios que, según dijo, tienen origen en actuaciones irregulares de fraccionadores. Ésto, además de los amparos ya presentados por irregularidades en el cumplimiento de los fraccionadores, entre los que se encuentra El Laurel y Bosque Azul. 

Avanza megadesarrollo con condicionantes

Aunque el desarrollo El Colmenar Reserva Norte obtuvo un dictamen técnico favorable para su traza por parte de la Dirección de DU, los desarrolladores están obligados a ejecutar obras en vialidades circundantes antes de iniciar con la edificación del proyecto. 

De acuerdo con Israel Martínez Martínez, Secretario de Infraestructura de León, de no cumplir con las modificaciones que de manera inmediata alivien la congestión vehicular en la zona como parte de las obras de mitigación, los empresarios no podrán obtener ningún permiso de construcción por parte de la autoridad municipal. 

Las modificaciones incluyen la intervención en la glorieta que une a los bulevares Juan Alonso de Torres y Manuel J. Clouthier. En este punto se proyecta clausurar un carril que afecta en las fases semafóricas, así como la ampliación de más carriles para incrementar la capacidad de almacenamiento y desalojo vehicular.

Asimismo, se prevé la modificación del cruce entre Juan Alonso de Torres y Paseo del Moral; la ampliación a tres carriles del acceso norte de Juan Alonso de Torres y Adolfo López Mateos; así como mejoras en cruces peatonales en López Mateos y EL Rosario, J. Manuel Clouthier y Juan Alonso de Torres a la altura de Plaza Mayor.

“Antes de que empiece a construirse el desarrollo y por supuesto antes de que se empiece a habitar o funcionar la primera etapa, las vialidades cuenten con mejores condiciones para poder albergar y mejorar la movilidad, incluso la que actualmente tenemos, sobre todo en las horas pico”, señaló el secretario de Infraestructura, Israel Martínez Martínez. 

Respecto a esta modificaciones, el secretario de Infraestructura señaló que también se deberán solicitar permisos de construcción y dictámenes de impacto ambiental por parte de los desarrolladores. 

Ediles de oposición cuestionaron la viabilidad de las soluciones al congestionamiento vial a largo plazo, además del mecanismo mediante el cual el municipio garantizará que los desarrolladores cumplan. 

El regidor morenista, Guillermo Medina Plascencia, advirtió que las alternativas propuestas para desahogar el tráfico en la zona “son muy limitadas” y sostuvo que no representan soluciones a largo plazo. 

“Hoy día esa zona está colapsada, si hiciéramos todas estas adecuaciones que se están pretendiendo, apenas estaríamos liberando el tema de movilidad. Ahora, haciendo estas obras y la cantidad de densificación que va a tener este predio de 14 hectáreas, vamos a quedar donde mismo. Creo que estamos generando una aspirina para tres cuatro años, las obras serán insuficientes”, dijo el edil durante la Comisión de DU. 

En el mismo sentido, la regidora Dessire Ángel Rocha, pidió que además de las fianzas, se busque otro mecanismo para obligar a los desarrolladores a cumplir con las modificaciones propuestas. Cuestionó que, en el caso de la Torre Banbajío, también impulsada por la familia Oñate Barrón, la construcción inició antes de que se concluyeran las obras en las vialidades de la zona. 

“Sé que dirán que con las fianzas, yo le doy bienvenida a la redensificación, pero que no venga en detrimento de la calidad de vida de las personas que viven alrededor”, cuestionó.