La marcha del 15 de noviembre dejó al descubierto no sólo el descontento de un sector ciudadano, sino también la fragilidad institucional con la que el Estado enfrenta la inconformidad expresada en la protesta social. Más allá del oportunismo político y los grupos violentos, resultó alarmante la respuesta policial mediante el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y ausencia de protocolos de contención respetuosos de los derechos humanos. Omisiones que, por cierto, se han repetido a lo largo de varios sexenios.

Resulta contradictorio que el movimiento que durante décadas defendió la protesta como herramienta de lucha hoy busque deslegitimarla desde el poder. Quienes antes denunciaron estigmas y represiones recurren ahora al mismo libreto para desacreditar a quienes salen a la calle. 

También es cierto que algunos de los actores que hoy denuncian la represión celebraron en el pasado intervenciones policiales violentas bajo el pretexto de la “ley y el orden”. Nos guste o no, en el juego democrático esto ocurre. La perspectiva cambia según se esté en el oficialismo o en la oposición. Al final, será la sociedad quien juzgue la congruencia de unos y otros. Lo inaceptable, venga de donde venga, es la represión del Estado.

Pero vayamos a las causas de ese descontento que desde el poder —llámese Fox, Calderón, Peña, AMLO o Sheinbaum— se suelen descalificar. Detrás de la virulencia discursiva contra la marcha se asoma una preocupación innegable para el proyecto gobernante: sus propias contradicciones. Una nebulosa ideológica que MORENA arrastra desde 2018 y que se niega a reconocer. Esa nebulosa tiene varios componentes que se convierten en detonantes potenciales —y reales— de la movilización ciudadana.

Uno de ellos es la economía. Es cierto que 13 millones de personas salieron de la pobreza, y ese avance merece reconocimiento. Pero el sistema de salud está debilitado, el educativo carece de recursos y los recortes presupuestales evocan más un neoliberalismo duro que una expansión del bienestar. La palabra “bienestar” se repite, pero no se sostiene sin servicios públicos robustos. No habrá un verdadero Estado de Bienestar mientras derechos sociales como salud y educación sigan sin ser plenamente garantizados.

El crecimiento económico, además, continúa rezagado —lo señalan economistas de todos los signos ideológicos— y condiciona tanto la política salarial progresiva como los programas sociales que ayudaron a reducir la pobreza.

Otro disparador de inconformidad es la concentración de poder. La desaparición  (INAI) y captura de organismos autónomos (CNDH), y la reforma judicial revelan una erosión de contrapesos imprescindible para cualquier democracia. Se gobierna como si toda supervisión fuera enemiga y todo límite, un estorbo. Ese camino deja servida la mesa para el autoritarismo, sea de izquierda o derecha. Hoy padecemos, gota a gota, un autoritarismo legalizado mediante leyes de censura en estados, así como el acoso judicial contra periodistas y activistas que tiene como correlato una impunidad lacerante cuando estos sectores son víctimas de agresiones ¿No se han preguntado qué pasaría si la “ultraderecha”, a la que ven hasta en la sopa, llegara al poder bajo el régimen hiperpresidencialista que han construido?

A ello se suman los detonantes principales: la corrupción y la continuidad de la narcopolítica. Pese a la retórica oficial, la persecución de estos lastres es selectiva. Casos sensibles —desde redes criminales asociadas a mandos militares hasta figuras cercanas al oficialismo— suelen quedar en el limbo. Se exhibe a unos, se protege a otros y se agrede a quien señala inconsistencias. Ese pacto de impunidad viene desde el “periodo neoliberal” (AMLO dixit) y explica tanto el descrédito institucional como el arrastre electoral de MORENA en 2018 y 2024. También podría explicar, tarde o temprano, su desgaste.

Mientras tanto, la seguridad se sostiene en una plataforma crecientemente militarizada. La expansión de la prisión preventiva oficiosa, las leyes de vigilancia masiva y la presencia militar en ámbitos civiles constituyen un giro autoritario difícil de conciliar con los principios que dice defender la 4T. Pareciera que el actual marco de seguridad e inteligencia salió de los delirios febriles de Felipe Calderón, no de una izquierda que ha padecido la persecución y luchó contra el securitismo. Aún así, la violencia continúa y las redes político-criminales operan con soltura.

En esta nebulosa ideológica que envuelve al proyecto político hegemónico, la protesta del 15N no debería verse como un ataque, sino como un llamado de atención. Ahí hubo ciudadanía que exige instituciones que la protejan, transparencia y un gobierno capaz de escuchar. Un gobierno que no se atrinchere, precisamente, en una posición conservadora y defensora del statu quo.

Lo que está en juego no es una disputa entre bandos, sino la capacidad del país para sostener un proyecto democrático donde las voces disidentes sean escuchadas, la ley límite al poder y las víctimas accedan a la justicia. Negar la inconformidad puede dar oxígeno momentáneo al gobierno, incluso movilizar a sus bases, pero profundiza las fracturas. Lo que se requiere ahora es atenderla. Porque la verdadera fuerza de un gobierno no se mide en su narrativa, sino en su capacidad para corregir el rumbo cuando la realidad lo exige.