Voces de los sectores político y social se suman a la exigencia de un ejercicio de rendición de cuentas del gobierno de Guanajuato con respecto a la asignación de contratos a Seguritech por el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez. Mientras tanto, la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, a través de las secretarías de Honestidad, Seguridad y Finanzas, evade cuestionamientos sobre las revelaciones que refuerzan la presunción de un conflicto de interés. 

A pesar de las nuevas evidencias publicadas por POPLab y CONNECTAS que comprueban la relación laboral de Seguritech con Daniel Esquenazi, este último propietario de la Casa Azul que habitó el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la Secretaría de la Honestidad insiste en defender la investigación que terminó en un archivo temporal.

Incluso, aunque la gobernadora Libia Dennise García habló de una posible reapertura de la investigación por el presunto conflicto de interés, el órgano de control interno del Poder Ejecutivo a cargo de Arcelia González González dice que antes tiene que revisarse si la documentación expuesta en la investigación periodística de POPLab resulta "objetiva, verificable y jurídicamente relevante".

A través de una postura institucional, la dependencia precisó que los hechos a los que hacen referencia diversas publicaciones periodísticas ya fueron revisados previamente mediante los procedimientos establecidos en la normatividad vigente. 

A la par, liderazgos políticos y actores sociales han llamado a profundizar en la rendición de cuentas y en la revisión del uso de recursos públicos en este sector, como es el caso de la senadora y dirigente del Partido Verde Virginia Magaña y la directora del Observatorio Ciudadano de León, Mayra Legaspi, quienes en entrevista por separado coincidieron en que privilegiar los contratos millonarios para la videotecnología, además de que no ha dado los resultados prometidos en seguridad, ha redundado en la falta de transparencia en el ejercicio de esos recursos.

No basta investigar: Virginia Magaña 

La senadora por el Partido Verde, Virginia Magaña Fonseca, señaló que la investigación publicada por POPLab confirma un patrón preocupante en el ejercicio del poder durante la administración estatal anterior y criticó la falta de resultados concretos derivados de estos señalamientos.

En referencia al exgobernador de Guanajuato, la legisladora afirmó que el problema no radica en la aparición de nuevas investigaciones, sino en la ausencia de consecuencias claras.

“Lo novedoso no es que aparezcan nuevas investigaciones; lo novedoso debería ser que tuviéramos resultados respecto a estas investigaciones”, expresó.

Magaña Fonseca sostuvo que los señalamientos de la investigación ya no pueden considerarse como “hechos aislados”, sino como parte de un posible modus operandi en el manejo de recursos públicos durante el gobierno anterior. En ese sentido, subrayó que el exmandatario estatal tiene múltiples temas pendientes por aclarar ante la ciudadanía.

“Creo que tiene muchos temas que aclarar a las y los guanajuatenses. Lo dijimos desde hace prácticamente dos años: así como fue el tema de los recursos para atender la violencia contra las mujeres; hoy aparece esta investigación y, por lo visto, van a aparecer otras más”, advirtió.

La senadora también destacó el creciente escepticismo social frente a las investigaciones en curso, al considerar que no han ofrecido respuestas satisfactorias. Asimismo, criticó que, mientras persisten los cuestionamientos, el exgobernador haya optado por residir fuera del país, lo que, dijo, lo mantiene alejado de la rendición de cuentas.

“Hoy la ciudadanía tiene muchas dudas respecto al desempeño y el actuar del exgobernador, y tenemos muy pocas respuestas. Ante acusaciones y pruebas serias, todo se está quedando en investigaciones cuyo resultado no convence a nadie”, señaló.

En este contexto, Magaña Fonseca trasladó la responsabilidad a la actual administración estatal, a la que exigió acciones concretas y no únicamente discursos. Finalmente, enfatizó que la exigencia social en Guanajuato es clara: que se rompa con la impunidad y se demuestre que ninguna figura pública está por encima de la ley.

“Lo que quieren las y los guanajuatenses es que se demuestre que en el estado se puede rendir cuentas, que ya no hay intocables. Pero al día de hoy seguimos solamente con las investigaciones”, concluyó.

Pide OCL gobierno abierto en seguridad 

En entrevista, la directora del Observatorio Ciudadano de León, Mayra Legaspi, consideró que la información revelada por POPLab abre una discusión necesaria sobre el papel de la tecnología en las políticas de seguridad, así como sobre la urgencia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.

Al respecto, Legaspi cuestionó cómo los sistemas tecnológicos, particularmente los de videovigilancia, han sido presentados como una solución integral frente a la inseguridad, sin hasta el momento reflejar resultados sustanciales. 

“La seguridad y la tecnología se han vendido como la panacea, y creo que es un aspecto importante que no tendríamos que dejar de hacer, porque la tecnología tiene que obrar en favor de toda la ciudadanía, y en temas de seguridad se vuelve prioritario. Esta pauta de tecnología tiene que ir acompañada con personal con capacidad. Tenemos muchas deudas pendientes en ese tema”, señaló.

En materia de transparencia, la directora del OCL subrayó la relevancia de que investigaciones como la de POPLab puedan realizarse gracias al acceso a información pública. No obstante, advirtió que obtener este tipo de datos de manera abierta sigue siendo limitado en temas de seguridad.

En ese sentido, insistió en que es necesario avanzar hacia un modelo de gobierno abierto, donde cada vez más datos sean accesibles para la ciudadanía.

“El hecho de que la investigación se pueda hacer porque se compartió información que en otros momentos sería reservada es muy importante. Hay mucha información en temas de seguridad que se reserva por tiempo ilimitado, y quienes hacemos análisis no entendemos a qué atienden estas decisiones. Tenemos que seguir posicionando en la agenda pública que más información se vuelva abierta, para que toda la población tenga acceso”, afirmó.

Estado, evasivo respecto a señalamientos clave sobre Seguritech 

Poplab solicitó información precisa tras la publicación de la investigación a través de una misiva dirigida a la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo. En las preguntas, se cuestiona si el gobierno tiene conocimiento de las subcontrataciones por parte de Seguritech, así como los mecanismos para vigilar que los proveedores subcontratados cumplan con los servicios pactados. 

Asimismo, se cuestionó al gobierno estatal si este esquema encarece el precio de los servicios prestados respecto a su valor de mercado, y si se contempla la realización de una auditoría de eficiencia o de resultados sobre estos contratos. 

Este viernes, el Gobierno de Guanajuato, a través del director de Comunicación Social, Miguel Ángel Mendiola, respondió con un posicionamiento en el que defiende la legalidad de sus procesos, aunque sin abordar de manera directa los cuestionamientos específicos.

En su postura oficial, la administración estatal sostuvo que la seguridad de las familias y la transparencia en el uso de recursos públicos son “obligaciones permanentes”. No obstante, el pronunciamiento se limita a reiterar principios generales como la legalidad, la rendición de cuentas y el acceso a la información, sin detallar posibles investigaciones o revisiones derivadas de las revelaciones periodísticas.

El gobierno señaló que los proyectos de seguridad tecnológica forman parte de una política pública de largo plazo que ha atravesado distintas administraciones. Este argumento, si bien contextualiza la continuidad de los contratos, también diluye responsabilidades actuales frente a posibles irregularidades en la contratación o ejecución de servicios.

En relación con las empresas proveedoras y sus estructuras corporativas o financieras, el gobierno estatal evitó pronunciarse sobre casos específicos y se limitó a reiterar su “disposición permanente a la transparencia”. Esta omisión deja sin respuesta cuestionamientos sobre la trazabilidad de los recursos y la integridad de los procesos de contratación. 

Secretaría de la Honestidad defiende investigaciones administrativas

Tras los cuestionamientos de POPLab, la dependencia encabezada por Arcelia González sostuvo que todas sus actuaciones se realizan con estricto apego a la ley, en referencia a los señalamientos difundidos recientemente sobre la relación entre el empresario Daniel Ezquenazi y el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

"La Secretaría de la Honestidad reitera que todas sus actuaciones se realizan con estricto apego a la ley, a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y debido proceso", señaló la instancia estatal, encabezada por Arcelia González, de quien legisladores de Morena han pedido su renuncia. 

La institución indicó que las determinaciones emitidas en su momento se sustentaron en la información, documentación y pruebas integradas en los expedientes correspondientes, las cuales fueron valoradas conforme al marco jurídico aplicable.

No obstante, la Secretaría dejó abierta la posibilidad de analizar nueva evidencia relacionada con el caso. En su posicionamiento, destacó que, como ocurre con cualquier actuación de la autoridad, la existencia de información adicional que cumpla con criterios de objetividad, verificabilidad y relevancia jurídica puede ser revisada dentro de los procedimientos previstos por la ley.

La dependencia enfatizó que cualquier eventual actuación deberá realizarse con pleno respeto al debido proceso y a la certeza jurídica, evitando adelantar juicios sobre la procedencia o alcance de futuras investigaciones.

“Toda información que sea presentada por las vías institucionales será atendida y valorada conforme a derecho, garantizando en todo momento la imparcialidad y la certeza jurídica”, señala el comunicado.