Antonio Navarro Padilla, exdirector del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes, aclaró que de la serie de procedimientos que promovió la Secretaría de la Honestidad por presuntas faltas administrativas, como consecuencia de irregularidades en contrataciones, a él solo se le señala de manera directa en dos procesos por un monto de 7 mil 911 pesos, pero ya presentó recursos de impugnación.

Luego de que POPLab dio a conocer resultados de la auditoría dio a conocer resultados de la auditoría que inició la Secretaría de la Honestidad por denuncias que se presentaron, el dirigente estatal del PAN, Aldo Márquez Becerra, aseguró que la revisión hecha por la administración de la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, es muestra del "compromiso siempre por la transparencia, por la rendición de cuentas".

Aldo Márquez, cercano a Antonio Navarro, aseguró que en el PAN no se va a encubrir a ningún servidor público, aunque minimizó los señalamientos contra el extitular de Juventudes al señalar que las auditorías son procedimientos ordinarios a los que están expuestos en el ejercicio de sus funciones.

"Nosotros como partido nunca vamos a estar cubriendo a ningún funcionario, me parece que la postura institucional del PAN la hemos dejado clara desde un inicio, y hoy son temas que se están atendiendo".

Antonio Navarro, a quien POPLab buscó previo a la publicación del reportaje sin que hubiera respuesta, pidió un espacio para hacer precisiones. Al actual coordinador de Políticas Públicas y Seguimiento Estratégico en la Secretaría de Gobierno se le ofreció una entrevista, pero pidió que los cuestionamientos se le enviaran por escrito y respondió de la misma forma.

"Lo primero, Carmen, es poner las cosas en su justa dimensión. La propia ficha pública que difundió la Secretaría de la Honestidad sobre la auditoría a JuventudEsGto no menciona mi nombre, no me individualiza y no me atribuye los hallazgos que ahí se enumeran. Lo que esa ficha presenta es un panorama general de observaciones sobre el Instituto", señala en el inicio del escrito dirigido a la autora del reportaje.

La publicación de POPLab menciona la auditoría por los seis años del gobierno anterior, y Antonio Navarro llegó a la titularidad en noviembre de 2021 y se mantuvo hasta febrero de 2024, pero fue justo en el periodo de éste que se presentaron las denuncias ante la Secretaría de la Honestidad por los contratos que entregó Juventudes a dos razones sociales ligadas a José Luis Guerrero Méndez, quien entonces se desempeñaba como asesor de la Jefatura de Gabinete a cargo de Juan Carlos Alcántara Montoya.

De manera extraoficial, POPLab tuvo conocimiento de que en la mayoría de las denuncias por presuntas faltas administrativas que promovió la Secretaría de la Honestidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, se señala a Sandra Ramírez Barajas, quien se desempeñó como directora Administrativa de Juventudes.

Sandra Ramírez tampoco se quedó sin empleo con el cambio de gobierno, ella aparece en el directorio del Gobierno del Estado como subdirectora de Adquisiciones en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), con nivel tabular 10, en el cual se perciben ingresos por poco más de 36 mil pesos mensuales.

Previo a su incorporación al CECYTE, Ramírez Barajas solo se desempeñó en Juventudes, desde su incorporación en 2013, aunque fue desde la llegada de Antonio Navarro que fue designada como directora de Finanzas y Administración, de acuerdo con las fechas que incluye en su currículum vitae.

En las preguntas por escrito se le cuestionó a Navarro Padilla si giraba instrucciones a su directora de Finanzas y Administración, pero en su respuesta redactó que cada titular "actúa bajo las atribuciones que la propia normatividad le confiere, y responde por ellas".

Impugna procedimientos por 7 mil 900 pesos

De la revisión que hizo la Secretaría de la Honestidad, Navarro Padilla afirmó que solo se señala en dos procesos porque firmó dos órdenes de pago por la cantidad de 7 mil 911 pesos para el servicio de alimentos que se ofrecía durante sesiones del Consejo Directivo del Instituto.

"Estoy en total disposición de que se revise a fondo, dentro de los cauces institucionales, porque las auditorías existen justamente para eso. Pero hay que ser claros con tus lectores: una observación administrativa no es una sentencia", señaló en el escrito.

POPLab preguntó a la Secretaría de la Honestidad a cuánto ascienden los hallazgos de la auditoría, pero la respuesta fue que no se puede conocer esa información porque los procesos siguen abiertos. 

Navarro apuntó que son los propios cotizantes los que firman una carta de que no existe conflicto de interés y que "una deficiencia documental no es lo mismo que un acto deshonesto", al hacer referencia a las resoluciones de Honestidad en las que se exhiben la ausencia de prácticas que garanticen las mejores condiciones para el Estado y las relaciones familiares o de negocios entre proveedores durante procesos de contratación.

A Antonio Navarro también se le cuestionó sobre su relación con José Luis Guerrero Méndez, ex asesor de Juan Carlos Alcántara, cuyas familiares se beneficiaron con al menos 224 contratos de diferentes áreas del gobierno estatal, de los cuales 61 salieron de Juventudes por adjudicación directa.

El funcionario negó tener conocimiento de la relación familiar de dos de sus proveedoras con Guerrero Méndez; además, destacó que "ninguna autoridad me ha imputado tener conocimiento, participación o beneficio en una red o esquema de ese tipo".

Navarro Padilla negó tener algún tipo de relación, más allá de la institucional como servidores públicos, con José Luis Guerrero.

Para el funcionario estatal resultó importante exponer que la figura de "denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa" no existe, y aclaró que el nombre correcto jurídicamente es "Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRAs)", que son los que llegan al Tribunal.

"Hay dos procedimientos admitidos a trámite, y en ninguno existe a la fecha resolución de fondo", apuntó, para luego confirmar que ha hecho uso del derecho que le concede la ley para impugnar.

Sobre sus funciones en la Secretaría de Gobierno, donde cobra como subsecretario, Antonio Navarro enunció otras responsabilidades además de la dignificación de oficinas, mismas que se establecen en la estructura orgánica como el seguimiento estratégico de las prioridades de la dependencia, evaluación de políticas públicas y coordinación de acciones que mejoren la operación institucional.

"Y permíteme una precisión que considero relevante: el derecho a continuar en mi encargo no es una concesión política. Es la consecuencia natural del derecho al trabajo y de la presunción de inocencia, que ampara a toda persona mientras no exista una resolución firme. Eso es, sencillamente, lo que el Estado de derecho prescribe".

En el arranque del sexenio de Libia García Muñoz Ledo, Navarro Padilla llegó como titular de la Subsecretaría de Operación para el Desarrollo Humano en la Secretaría del Nuevo Comienzo, cargo en el que estuvo poco menos de un año y del que salió cuando la titular, Rosario Corona, le pidió la renuncia, fue entonces que lo reubicaron en la Secretaría de Gobierno.