Por segunda vez en dos años, el basurero de Guanajuato capital fue escenario de un incendio que, aunque fue controlado rápidamente debido a que fue superficial, vuelve a encender las alarmas sobre la violación a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, lo que constituye un delito ambiental, así como la negativa del gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa panista Samantha Smith, de acatar un amparo vigente desde mayo de este año que ordena la clausura del basurero.

El siniestro, reportado la noche del lunes 22 de septiembre, de acuerdo con información oficial proporcionada por la presidenta municipal, afectó aproximadamente 250 metros lineales por 10 metros de altura, en el talud poniente del sitio de disposición final. Según las autoridades, fue provocado, aunque no se han hecho públicas las evidencias que sustenten esta afirmación. Sí se confirmó que se presentaron denuncias ante el Ministerio Público.

El director de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, señaló que existe material de videograbación como evidencia de que el siniestro pudo haber sido provocado, el cual ya fue entregado a la Fiscalía General del Estado para la integración de la investigación. Sobre la vigilancia de elementos de policía, sostuvo que se realiza de forma permanente y se reforzará en los próximos días con recorridos aleatorios. En la Policía Ambiental, el municipio cuenta con 24 agentes.

En 2023, cuando Alejandro Navarro, esposo de la actual alcaldesa, era presidente municipal, se anunció la inversión de al menos 10 millones de pesos para la clausura del basurero y la instalación de una nueva celda, de acuerdo con los estándares requeridos en la NOM. También se anunció el lanzamiento de un programa piloto de limpieza, recolección y reciclaje para mejorar el sistema de aseo público y confinamiento de residuos, así como la realización de un estudio. La mayoría de estos proyectos no se materializaron.

El Frente Ciudadano por el Manejo Integral de los Residuos (FRECIMIR) emitió un pronunciamiento en el que denunció la negligencia sistemática del gobierno municipal, haciendo referencia al siniestro que ocurrió en 2023, el cual tardó semanas en ser sofocado.
Su representante recordó que, al seguir en uso el actual tiradero, que no cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-083 de la SEMARNAT, el municipio no sólo viola la ley, sino que también transgrede el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente sano, establecido en el artículo 4º de la Constitución.

“Porque tener un basurero a cielo abierto es un delito, es un delito ambiental y, en ese marco —o sea, partiendo de que es un delito ambiental y de que es un sitio que, al no estar alineado con esta NOM-083, pues tiene una serie de externalidades en las cuales hay riesgos a diferentes niveles”, explicó una activista de la organización conformada tras el incendio en 2023.

Criticó que no se consolidó ninguna de las propuestas que, como frente, se presentaron a las autoridades municipales, e incluso tampoco las que la propia administración presentó. Además, señaló la falta de transparencia en la aplicación de los recursos destinados a las obras en el basurero, una parte de ellos provenientes del Gobierno del Estado.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza Orozco, también cuestionó las prioridades del gobierno municipal al aprobar la inversión de 58 millones de pesos en un proyecto de semaforización para la ciudad, en lugar de aplicar esta cantidad en resolver la situación del basurero.

Del Observatorio Ciudadano, Carlos Arce Macías dijo que el Ayuntamiento tiene una posición criminal respecto a la situación del basurero, pues en lugar de acatar la sentencia que los obliga a cumplir con la norma oficial, prefirieron promover un recurso de revisión para evitar cumplir con la resolución.

“Lo que hicieron fue interponer criminalmente el recurso de revisión, alegando una serie de argumentos baladíes, simplemente para retrasar la aplicación de recursos para arreglar el problema del basurero. Es increíble lo que hicieron, es de una irresponsabilidad brutal, y aquí queda de manifiesto la irresponsabilidad, la negligencia criminal que está teniendo el Ayuntamiento, cada uno de los regidores y los síndicos, que de poco sirve ante el peligro inminente de estar ante un tiradero que, a cualquier cerillazo, puede producir un gran incendio”, resaltó.

La directora de Medio Ambiente, Itzel Dayana Ibarra Vázquez, aceptó que no hay avances para el desarrollo de un nuevo tiradero, pues el proyecto municipal es apostar por la reducción de los residuos que llegan al sitio de disposición final. 

Una historia de advertencias ignoradas

Desde el incendio de gran magnitud en 2023 —que tardó semanas en ser sofocado—, diversas organizaciones ciudadanas y académicas, incluida la Universidad de Guanajuato, emitieron recomendaciones al Ayuntamiento para atender la crisis ambiental en el sitio de disposición final.

El Frente Ciudadano por el Manejo de los Residuos en Guanajuato se organizó tras este siniestro y presentó un pliego petitorio al gobierno de Alejandro Navarro, en donde se incluyeron propuestas como: acciones de remediación tras el incendio, atención a las personas afectadas en su salud por esta causa, y un estudio para buscar soluciones. 

También solicitaron a autoridades estatales cumplir obligaciones relacionadas con el manejo de residuos e implementar políticas públicas que garanticen agua y aire limpios para la ciudadanía, entre otras.

Tras el más reciente incidente, integrantes del Frente aseguraron que no fue un hecho aislado ni inesperado: “A lo largo del tiempo, desde la ciudadanía organizada se han entregado recomendaciones formales, se han promovido acciones legales y se ha insistido en la urgente necesidad de cambiar el modelo de gestión de residuos en el municipio. Todo esto ha sido ignorado sistemáticamente por las autoridades competentes”.

Recordaron que este tipo de incendios pone en riesgo la salud de la población y pidieron que se avance con urgencia hacia un manejo integral, seguro y sustentable de los residuos sólidos urbanos.

La representante del colectivo ciudadano, quien prefirió reservar su identidad, consideró que los compromisos asumidos por el exalcalde Alejandro Navarro, esposo de la actual alcaldesa, fueron una simulación, y denunció opacidad en el uso de recursos destinados a este problema.

En 2023 se informó sobre la aplicación de 3 millones de pesos para la liquidación del incendio, esto a través del Fondo de Contingencias. Además, se aplicaron recursos similares para estudios de clausura del tiradero y la creación de una nueva celda bajo la NOM-083, así como la aplicación de 7 millones de pesos del Fondo para el Mejoramiento y Descentralización Ambiental (FOAM), que supuestamente se aplicarían en su totalidad al basurero; de ellos, 3.5 millones serían aportados por el Gobierno del Estado.

“Fueron reuniones y reuniones, y literal nos dieron atole con el dedo. Solo en dos ocasiones tuvimos reunión con gente del Ayuntamiento, incluso estuvo en aquel entonces el presidente municipal, y lo único que se dedicaron a decir era que iban a tomar acción. 

Después, la Universidad de Guanajuato también generó un documento con una serie de indicaciones que le hicieron llegar al municipio, para que se regularizara de acuerdo con la NOM-083 el sitio de disposición final”, recordó.

Recordó que un juez federal ordenó la clausura del actual sitio y la habilitación de uno nuevo que cumpla con la normatividad ambiental. Sin embargo, hasta ahora, el municipio no ha cumplido con dicha orden y, en su lugar, habilitó otra área dentro del mismo tiradero, sin los requerimientos técnicos adecuados.

“Hubo varios frentes, varias instituciones y ciudadanos involucrados pidiendo, a través de los medios posibles, que se regularizara este sitio. ¿Pero qué pasa? Que no se ejecutó el plan, hasta donde yo tengo entendido, de este nuevo sitio en el mientras tanto, porque ese fue como el argumento: 'Mientras entramos ya en materia de un buen sitio, pues vamos a tener esta otra parte del mismo tiradero, donde ya vamos a hacerlo bien'. Pues no se hizo. No se cumplió con la condición de tener la geomembrana, de tener los tubos, de tener las presas de lixiviados”.

“Fue un montón de trabajo ciudadano, de participación ciudadana, que lamentablemente quedó en el fondo, en el fondo más fondo del hoyo oscuro. Porque si se hubieran tomado las recomendaciones, las sugerencias y la demanda ciudadana en serio, no se hubiera incendiado dentro del nuevo sitio”, subrayó.

La representante del Frente también lamentó el manejo que desde el Gobierno Municipal se le dio al reciente incendio, presentándolo como un acto heroico de las corporaciones de bomberos y otras instancias, cuando se trató de una emergencia que se pudo evitar si en el sitio se colocaran las coberturas de tierra que deben colocarse en un sitio a cielo abierto y si se realizara vigilancia efectiva, por los antecedentes de actos provocados, que según la presidenta municipal fueron la causa del siniestro.

Lamentó también que las autoridades responsabilicen a la ciudadanía de no participar en la reducción y el reciclaje de la basura, cuando no se han realizado actividades de capacitación ni propuestas serias de comunicación social para que la gente se eduque. Advirtió que, si la situación continúa como hasta ahora, durante la temporada de estiaje en los próximos meses —marzo o abril—, hay riesgo de que se reproduzca el escenario de 2023.

Negligencia criminal, frente a recurso jurídico

La reciente emergencia ambiental por el último incendio registrado en el basurero revivió las críticas por la postura que ha tomado el Gobierno Municipal frente al amparo promovido por ciudadanos de la capital en contra del gobierno municipal y las condiciones del tiradero.

Carlos Arce Macías, integrante del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, calificó como criminal la postura del gobierno municipal al incumplir con la sentencia del juez federal que ordena la clausura del tiradero actual y la habilitación de un nuevo sitio conforme a la NOM-083.

Recordó que, en lugar de acatar la sentencia definitiva de amparo, el Ayuntamiento interpuso un recurso de revisión con el objetivo de posponer la ejecución de la resolución judicial, lo que a su juicio representa una maniobra para "patear el bote" y evadir el gasto público necesario para resolver el problema ambiental.

“Ese amparo ya se sentenció, se ganó la suspensión provisional, la suspensión definitiva, y la sentencia de amparo es durísima y los obliga a arreglar el asunto y a reconocerlo en una sesión de Ayuntamiento, del problema que hay ahí. Nada de esto hicieron. En lugar de ello, recurrieron la sentencia porque, según ellos, está mal, porque le acarrea daños pecuniarios al municipio y sostienen que hay un peritaje que no cumple con la Norma Oficial Mexicana, que no está bien hecho ese peritaje, y piden que se vuelva a hacer. Es simplemente un recurso para patear el bote y, en estos momentos, en este año, no destinar recursos para arreglar el grave problema del tiradero municipal”, evidenció.

“La hipótesis inicial apunta a que pudo haber sido provocado, como ya lo hemos comentado y también como lo ha reiterado nuestro secretario de Seguridad Ciudadana. Ya se han interpuesto las denuncias correspondientes”, señaló por otro lado, la alcaldesa en una transmisión en vivo. 

Dijo que en las tareas para sofocar el incendio participaron 107 elementos y 42 unidades, entre ellas 11 vehículos de apoyo, nueve motobombas, tres volteos, tres equipos de maquinaria pesada, cinco patrullas y una ambulancia. Se solicitó apoyo de bomberos de otros municipios como Silao e Irapuato, así como de personal de instancias estatales.

¿Nuevo sitio?, se analiza, pero no es prioridad 

Desde el área de Medio Ambiente del Municipio, la directora Dayana Ibarra Vázquez dijo que no existen avances relacionados con la instalación de un nuevo tiradero para la capital y que las acciones actuales están enfocadas en reducir los residuos en la ciudad.

“Estamos atendiendo lo que la ley nos prioriza, que es principalmente un tema de prevención. Lo que buscamos en esta administración no sólo es llegar a la disposición final, sino buscar siempre campañas que nos permitan que llegue la menor cantidad posible al sitio. Yo creo que ese es el gran reto que tendríamos”, subrayó.

En Guanajuato capital se generan diariamente, en promedio, 130 toneladas de basura, y el sitio de disposición final a cielo abierto se encuentra al 85 por ciento de su capacidad.

Ibarra Vázquez sostuvo que se han realizado acciones desde el año pasado, tras el siniestro de 2023, como el reforzamiento de la vigilancia con cuatro cuatrimotos que recorren el sitio. Afirmó que ya hay pozos de venteo para el control de biogás, control de lixiviados con una laguna y un sistema de captación, además de mejoras en los accesos.

“Se han hecho coberturas, clausuras parciales del sitio en lugares en donde ya no se está disponiendo. Ha tenido toda esta inversión para mejorar la disposición final. Respecto a un nuevo sitio, estamos analizando, pero ahorita la prioridad es un tema de prevención”, subrayó.

Agregó que se analiza la viabilidad de una estación de separación y transferencia, lo cual podría permitir valorizar lo que llega al sitio y dirigirlo o reincorporarlo a cadenas productivas. Además, dijo que seguirán con campañas de promoción de separación de basura.

“Estamos revisando varias alternativas. Nos han propuesto un tema de incineración, y otra viabilidad es cerrar el sitio de disposición, cerrar el que tenemos. Estamos en el análisis de esas alternativas”, indicó.

Y mientras el municipio analiza opciones, el riesgo sigue latente. El jefe de bomberos, Iztayul Zamudio, explicó que la probabilidad de incendio en un sitio de disposición final siempre está presente, y es mayor cuando se trata de un relleno sanitario que no cumple con las normas.

“Desde un tiradero a cielo abierto hasta un relleno sanitario —que es el que cumple con todas las medidas de ingeniería y seguridad como sitio de disposición final—, aún así existe el riesgo. Entonces, si aquí no tenemos un régimen sanitario como tal, a pesar de que se han estado implementando algunas medidas correctivas, porque se ve, pero bueno, aún falta mucho. El riesgo es latente”, indicó.

El comandante y también ingeniero ambiental de profesión subrayó que hace falta participación de la ciudadanía en la separación de basura y también respecto a las prácticas que se realizan en los depósitos vecinales en colonias, calles y comunidades, donde también es común que se den reportes de incendio. 

El fuego que se genera en estas zonas también es nocivo para la salud de los colonos y representa peligro, porque si quedan brasas encendidas, pueden llegar al tiradero y provocar un siniestro de mayores dimensiones.

La procuradora ambiental, Karina Padilla Ávila, recordó que en 2023 se aperturó una recomendación sobre el cumplimiento de la Norma 083 para el municipio, derivada del incendio, y se han realizado revisiones en el sitio.

Aseguró que un buen manejo de los residuos y de la separación disminuye el riesgo de incendios, así como el manejo de los lixiviados. Sin embargo, dijo que la Procuraduría del Medio Ambiente solo tiene la facultad de hacer recomendaciones para los municipios.