Con campañas oficiales para desmentir información, al estilo de los gobiernos de Morena,  eventos organizados por la televisora pública de Guanajuato para promover el periodismo de “buenas noticias”, y con la celebración del día de la libertad de expresión desde el poder, al estilo del viejo PRI, el gobierno encabezado por la panista Libia Dennise García parece intentar un giro en sus políticas de comunicación social, las cuales han privilegiado la promoción de sus mensajes personales en las redes sociales.

A ojos de la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19, este tipo de prácticas, instauradas por gobiernos de distintos partidos, “abonan al clima de hostilidad contra la prensa”. Así lo advirtió Leopoldo Maldonado, director regional de la ONG.

Desde inicios de este año, el gobierno estatal creó la campaña “Verdad o Mentira” que, con el eslogan “donde desenredamos lo que se dice y te contamos lo que sí es”, ha compartido mensajes en plataformas digitales y radiodifusoras locales para dar una versión oficial de temas como la resistencia social contra el Acueducto Solís-León, o contra el cobro en la caseta de cuota para salir y entrar a la capital del estado. 

Esta práctica resulta paralela a la plataforma Infodemia, operada por el gobierno federal de Morena para desmentir información publicada por medios de comunicación y que, sin mecanismos de verificación transparentes, se califica como “falsa” o “engañosa”.

Para la periodista Daniela Mendoza, quien dirige el medio Verificado MX, enfocado en el combate a la desinformación, la relación entre los gobiernos y la práctica de fact-checking se reduce a una paradoja estructural y metodológica. 

“En sentido estricto, un gobierno no puede ser un fact checker genuino ni promover un programa de verificación, si se siguen los estándares del International Fact Checking Network, ya que carece del principio fundamental que es la independencia y suele actuar como juez y parte”, cuestionó. 

El lunes 8 de junio, con motivo de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en México, instaurado por los gobiernos priistas, el gobierno de Guanajuato convocó a medios que forman parte de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión a participar en el evento En Vivo Contigo, a través de la televisora oficial TV4, donde periodistas locales y nacionales compartieron panel con la propia gobernadora, Libia García; el director de Comunicación Social, Miguel Ángel Mendiola; y el director de la televisora, Rafael Mercadillo. 

En las mesas, donde el público estuvo conformado principalmente por estudiantes de comunicación y mercadotecnia de distintas universidades con presencia local, la gobernadora instó a la nueva generación de profesionales de la comunicación a ejercer un periodismo “comprometido con Guanajuato”. 

“La importancia que tiene trabajar con ética, con responsabilidad en un mundo de fake news, en un mundo de noticias falsas en las redes sociales; la labor de los periodistas éticos, comprometidos con la verdad, juega un papel muy importante”, declaró la gobernante. 

En el mismo espacio, Rafael Gutiérrez Mercadillo, director de TV4 sostuvo que el lente de los medios y de los futuros periodistas “tiene que estar en las cosas positivas”.

“Antes se decía que la casa que no se quema no es noticia, una idea que, consideró, debe cambiar. Yo les diría que hoy tenemos que buscar que la noticia sea la casa bonita”, dijo el funcionario estatal. 

Este llamado al quehacer periodístico desde la máxima representante del Poder Ejecutivo de Guanajuato no impidió que este jueves, durante la entrega de una calle pavimentada en la capital del estado, los escoltas de la propia gobernadora Libia García agredieran a un grupo de reporteros que buscaban una entrevista con la mandataria. 

De acuerdo con una nota publicada en el portal Zona Franca, que fue firmada por uno de los afectados y borrada minutos más tarde, al menos cuatro integrantes del equipo de seguridad de la gobernadora formaron un cerco para impedir el paso a la prensa; según los testimonios, uno de los escoltas golpeó en las costillas a uno de los reporteros. 

POPLab solicitó una postura del gobierno respecto a este hecho, a lo que el director de Comunicación Social, Miguel Mediola, envió una postura institucional en la que se señala que la gobernadora estableció contacto con los reporteros afectados “para revisar lo ocurrido y evitar que una situación similar vuelva a repetirse”. 

“Hemos solicitado una revisión puntual de los hechos para esclarecer lo ocurrido y determinar las medidas correspondientes. Ningún protocolo de seguridad puede estar por encima del respeto a los derechos de las y los comunicadores ni justificar conductas que vulneren su labor”, señala el comunicado. 

Advierten riesgos de los mecanismos de verificación utilizados por gobiernos

Las iniciativas gubernamentales que adoptan metodologías de verificación de información con el argumento de combatir la desinformación pueden convertirse en herramientas para proteger la imagen de los gobiernos y controlar la narrativa pública. Así lo advirtió Daniela Mendoza, periodista y directora de Verificado MX. 

En entrevista para POPLab, Mendoza señaló que en México uno de los ejemplos más representativos fue la sección “Quién es quién en las mentiras”, posteriormente denominada “Detector de Mentiras”, mediante la cual se seleccionaban exclusivamente publicaciones, columnas y notas periodísticas críticas del gobierno para ser desmentidas.

A su juicio, estos ejercicios parten de una lógica de “verdad única”, al asumir que la información generada por dependencias oficiales constituye una versión absoluta e incuestionable de los hechos. Además, sostuvo que estos espacios pueden derivar en mecanismos de estigmatización contra periodistas y medios de comunicación, situación que incluso ha sido objeto de resoluciones judiciales en distintos momentos.

La directora de Verificado MX afirmó que experiencias similares pueden encontrarse en otros países, como Argentina, donde existen plataformas estatales dedicadas supuestamente a combatir noticias falsas. 

Sin embargo, observó que estos modelos suelen presentar fallas metodológicas recurrentes: confunden opiniones con hechos verificables, calificando como falsas interpretaciones o análisis políticos; invierten la lógica original del fact-checking al utilizar el poder público para fiscalizar a ciudadanos y medios; y carecen de estándares claros de transparencia financiera y operativa. 

En contraste, recordó que los verificadores certificados por la International Fact-Checking Network (IFCN) están obligados a publicar sus fuentes de financiamiento, metodologías y criterios editoriales.

“El riesgo está cuando el Estado se apropia de esta estructura y de este lenguaje para convertirlo en un aparato oficial; viene la difusión de datos imprecisos, pero también la degradación sistémica del debate público. Estas plataformas realmente no buscan informar mejor al ciudadano, sino que quieren consolidar el monopolio de la verdad”, señaló. 

La periodista agregó que esta problemática no se limita a los gobiernos, sino que también puede observarse en medios y plataformas con afinidades partidistas que adoptan la estética y el lenguaje del fact-checking para defender posiciones ideológicas.

En ese sentido, explicó que, mediante recursos visuales como sellos de “verdadero” o “falso”, termómetros de la verdad o secciones de “mitos y realidades”, estos espacios generan una apariencia de rigor técnico que puede disminuir la capacidad crítica de las audiencias.

 A ello se suman prácticas como el “cherry picking”, que consiste en señalar únicamente los errores de adversarios políticos mientras se ignoran los del propio grupo.

“Es una de las trampas metodológicas más comunes en este tipo de portales oficiales o militantes, que básicamente lo que hacen es dedicar el 100% de sus recursos y su tiempo a admitir supuestos errores o imprecisiones de la oposición o de los críticos al gobierno, o ignorando por completo aquellos que se cometen dentro de su mismo gobierno”, concluyó. 

CIRT, aliada del gobierno estatal

En el marco del evento En Vivo Contigo, la periodista Alejandra Magaña, quien preside la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en Guanajuato, anunció el lanzamiento de la campaña “Somos de Verdad”, en la que, afirmó, los medios que forman parte de la CIRT conforman “un bloque unido que trabaja buscando la credibilidad como el activo más importante de las empresas”, refiriéndose a los medios de comunicación. 

El anuncio fue celebrado por la gobernadora, Libia Dennise García, con quien Alejandra Magaña participó en la charla inaugural. Entre los invitados especiales de aquella mesa, estuvieron los directores de distintos medios de la CIRT, a quienes se les concedió una ronda de aplausos. 

Para Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, este tipo de actos envían señales equivocadas a la ciudadanía respecto a la independencia que deben mantener los medios informativos.

Maldonado señaló que la independencia periodística no solo debe ejercerse en la práctica mediante condiciones que garanticen la autonomía editorial, sino que también debe proyectarse hacia la sociedad.

 “Los medios no solamente deben ejercer su independencia y establecer una serie de condiciones para que sea una realidad, sino que además deben parecer independientes”, sostuvo.

El especialista advirtió que cuando los medios se suman a discursos oficiales o participan en actos que terminan celebrando la figura de una gobernadora o un gobernador, se genera desconfianza entre la población. A su juicio, “la sociedad requiere medios de comunicación capaces de informar con objetividad y espíritu crítico, no espacios informativos que sean percibidos como aliados o promotores del poder político en turno”.

Asimismo, consideró que este tipo de prácticas han contribuido al creciente desgaste de la credibilidad de los medios de comunicación. Según explicó, el hartazgo social frente a las relaciones de cercanía entre medios y gobiernos ha fortalecido una percepción cada vez más negativa sobre el papel de la prensa en la vida pública, incluyendo a aquellos medios que mantienen una postura crítica ante el poder. 

“Esta realidad ha sido utilizada para atacar a los medios, incluso a aquellos que observan la realidad de manera crítica”, afirmó, al insistir en la necesidad de fortalecer la autonomía periodística como una condición indispensable para la democracia y el derecho de la ciudadanía a estar informada.