El 2 de agosto de 2022 fue asesinado en San Luis de la Paz el periodista Ernesto Méndez, quien por varios años fue reportero en el periódico Correo y posteriormente en el portal digital Zonafranca, antes de crear su propio medio (también digital) Tu voz y combinar esta actividad con algunos negocios particulares.

Las circunstancias de este homicidio, a simple vista, parecen haber sido ajenas a su trayectoria periodística o a las publicaciones realizadas en su medio antes de morir: estaba en un negocio de venta de cervezas de su propiedad y hasta allí llegaron hombres armados que lo ultimaron a él y a otras tres personas esa noche. 

Sólo que realmente no lo sabemos, como tampoco sabemos si pudo ser ultimado por algo que publicó. Porque este es uno de los cinco casos investigados durante el periodo de Carlos Zamarripa Aguirre al frente de la Procuraduría de Justicia, convertida en Fiscalía en febrero de 2019, que permanecen impunes. 

El viernes 31 de julio, periodistas de distintos puntos del estado acudimos a la sede central de la Fiscalía general de justicia, convocados por el secretario de gobierno Jorge Jiménez Lona, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste y Ricardo Neves, integrante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, para, por fin, escuchar qué ha pasado, en qué van, qué se ha hecho y qué no para esclarecer los asesinatos de periodistas y comunicadores en el estado. Y para poder hacer las preguntas en consecuencia. 

La gestión de este encuentro no fue gratuita. Confiar en las instituciones no es fácil tras el costo por los homicidios de colegas que se fueron sucediendo al paso de estos años; costó la resistencia de la autoridad, costó protestas y pronunciamientos. La respuesta que no se consiguió nunca con Carlos Zamarripa Aguirre, se obtuvo con Gerardo Vázquez Alatriste. Algo que hay que reconocer, una puerta que se abre y que deseamos que no se cierre nunca más. 

Con ese interés aceptamos, con esa demanda acudimos, periodistas y algunos familiares de las víctimas, acompañados por Artículo 19, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y el Espacio OSC, organizaciones defensoras de la libertad de expresión en este país donde, sólo en lo que va del año, siete periodistas han sido asesinados en distintas entidades. 

En el registro que se tiene por lo menos a partir de 2015, la actual Fiscalía del estado con Carlos Zamarripa Aguirre hasta su salida (en diciembre de 2024) tuvo a cargo la responsabilidad de esclarecer los asesinatos de siete periodistas Gerardo Nieto, Rodolfo García, Víctor Manuel Jiménez, Ernesto Méndez, Adolfo Enríquez, Alejandro Martínez Noguez y Eduardo Manellic Alcaraz.

Solamente en los casos de Adolfo, asesinado en noviembre de 2023, y de Eduardo Manellic, desaparecido y encontrado sin vida en noviembre del año siguiente,  se llevó a juicio a los culpables y fueron sentenciados a prisión, lo que ocurrió a mediados de 2025 en ambos procesos. 

Desde 2015 y hasta que dejó el cargo, escuchamos en las diversas ocasiones en que se hizo la pregunta a Zamarripa sobre la muerte de Gerardo Nieto, director del semanario El Tábano en Comonfort, la misma respuesta: “hay avances, estamos por ir contra los responsables, pronto informaremos sobre el esclarecimiento…”.

Zamarripa mintió. Esta investigación, como otras posteriores, no avanzaron un ápice durante su gestión.   

En ese periodo fue también asesinado el reportero Israel Vázquez Rangel, de El Salmantino, pero la indagatoria abierta por la Fiscalía de Zamarripa (por la que dos autores materiales fueron detenidos) fue atraída por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, misma que llevó a los imputados a juicio, donde fueron declarados culpables y sentenciados a prisión. 

Fue en ocasión del crimen contra Israel cuando se logró, por única vez, que una amplia protesta del gremio tuviera cabida en el complejo de la Fiscalía en la capital del estado, donde Zamarripa fue encarado y donde prometió a la familia del reportero de El Salmantino algo que a fin de cuentas no pudo cumplir, porque le fue quitado el caso de las manos. 

Hoy, ni el gremio periodístico, ni la sociedad guanajuatense, como la del país, tenemos la certeza de cuál fue el móvil del asesinato del periodista Ernesto Méndez. Afirmar que su asesinato no tuvo que ver con su actividad como reportero o columnista es algo que no ha sido plenamente comprobado mediante un proceso judicial que muestre pruebas científicas o documentales, testimonios, peritajes. 

Y es que para comprobar o descartar como línea de investigación el trabajo periodístico de Ernesto, como en todos estos casos, la Fiscalía debió de aplicar un protocolo de investigación creado para indagar delitos cometidos contra periodistas y libertad de expresión. 

Este protocolo obliga al ministerio público a realizar un análisis de contexto del trabajo del reportero: qué publicaba, sobre quiénes informaba, qué investigaba, quiénes pudieron incomodarse o molestarse por ser señalados en sus notas, videos y publicaciones como parte de su actividad.  

El protocolo existe desde 2018, pero durante la reunión del viernes 31 la Fiscalía dejó sin responder la pregunta sobre su aplicación y en cuáles casos. 

Algo que sí sabemos es que a cuatro años del crimen contra Ernesto hay una persona detenida que fue vinculada a proceso como presunto autor material, y que apenas en octubre próximo enfrentará la audiencia de juicio en la que presumiblemente se sabrá ese móvil. 

Sin embargo, hay otra persona identificada como participante que huyó y que no ha sido capturada. 

Y como pasó con la carpeta de investigación en el caso de Gerardo Nieto, nos fue informado que tampoco hay avances en los casos de Víctor Manuel Jiménez, reportero desaparecido y posteriormente encontrado sin vida en un pozo; ni en el de Alejandro Martínez Noguez, “El hijo del llanero solititito”, asesinado en agosto de 2024 en una patrulla de la Policía Vial de Celaya que supuestamente le brindaba protección tras amenazas de muerte.

Además, que en el caso del reportero Rodolfo García, asesinado en Valle de Santiago en 2018, fue tan deficiente la investigación que a pesar de contar con un testigo presencial, la Fiscalía “lo perdió” y el único inculpado fue absuelto por un juez. 

En cuanto al ataque contra el reportero Israel Flores, ocurrido en 2024 en Dolores Hidalgo (y del que sobrevivió), la investigación apenas tuvo resultados claros este año, con un detenido en mayo y otro imputado, pero procesado por otra acusación.  

A partir de que Gerardo Vázquez fue nombrado Fiscal (en febrero de 2025), quedaron en sus manos los asesinatos de Sergio Villarreal en Juventino Rosas; de Kristian Uriel Martinez Zavala en Silao y de Raúl Irán Villarreal en San Luis de la Paz. El primero no registra avances; por el homicidio de Kristian hay un detenido y un prófugo y por el de Raúl Irán hay un detenido y dos personas sin capturar.

En todos los casos en que hay personas detenidas, se trata de los presuntos autores materiales o de los autores materiales que así fueron sentenciados, por lo que hay un vacío enorme que así le fue señalado al fiscal Vázquez Alatriste y al secretario Jorge Jiménez en la reunión: hay que mirar detrás, más allá, hasta el final de la cadena, hasta el punto de donde pudo salir una orden, un encargo, un pago para callar. 

Esto es posible, esto pasa, y sobre esto tampoco sabemos, tenemos dudas, exigimos que se agote esta posibilidad.  

De ahí lo valioso de esta mesa a la que las y los periodistas acudimos. 

De ahí la petición de que esta mesa se repita en seis meses para hacer un nuevo corte. 

De ahí la importancia de que más periodistas se sumen, pregunten, pidan cuentas, expresen ante las autoridades las condiciones de riesgo en que algunos hacen su trabajo en el estado, en zonas inseguras o frente a corporaciones de policía intolerantes o alcaldes arbitrarios. 

Que se informe sobre las investigaciones que por otros delitos diversos están en manos de la Fiscalía. 

De ahí que ratificamos la disposición a continuar ese diálogo. 

Como ratificamos que saldremos de nuevo a las calles a protestar y a encararlas, en caso de que sea necesario, otra vez, exigir justicia ante una agresión.