Durante los seis años en los que Alejandro Navarro estuvo al frente de la administración municipal, avanzó de manera agresiva la privatización de la Sierra de Santa Rosa,con la anuencia directa de funcionarios como Juan Carlos Delgado Zárate, quien ocupó la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y actualmente encabeza la aprobación del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET).

Atletas y usuarios de la ciudad que recorren regularmente la sierra también dan cuenta de una ocupación exponencial en la zona natural, derivada del otorgamiento de permisos que, de manera ilegal, fueron concedidos al exdiputado federal panista Sergio Fernando Ascencio Barba, para el proyecto "La Cucursola". Posteriormente, siguió el proyecto de la familia Navarro Smith, conocido como el rancho "El Milagrito", que opera como un ecoturismo, restaurante y cantina.

Deportistas que utilizan el área natural para sus entrenamientos son testigos de la pérdida de espacios y del deterioro ambiental de este importante pulmón de la ciudad, ya que recientemente denunciaron el cierre del camino de Los Mexicanos, un poblado ubicado en la misma zona. De hecho, fue la corredora olímpica Laura Galván, conocida como "La Gacela", quien expuso la clausura de la brecha mediante la colocación de puertas metálicas.

Mientras todo esto ocurre, el Gobierno Municipal avanza en el análisis del PMDUOET en mesas de trabajo privadas, y la alcaldesa ha anticipado que la capital podría contar pronto con un nuevo programa de ordenamiento.

Hay una intención del Gobierno Municipal de Guanajuato de ampliar el límite del centro de población de la ciudad hacia la Sierra de Santa Rosa. Esta es la advertencia de organizaciones civiles, ambientalistas y activistas guanajuatenses, quienes señalan la cantidad de proyectos turísticos y habitacionales que se han instalado en esta área en los últimos años.

Esta hipótesis se sustenta en la proyección de la carta síntesis del PMDUOET, que, de acuerdo con el análisis realizado por el Movimiento Colibríes, proyecta el espacio donde se planeó la construcción del fraccionamiento La Cucursola como un polígono de traza urbanizable-habitacional campestre (con capacidad de 1 hasta 99 habitantes), con un crecimiento proyectado entre 2031 y 2035, a pesar de tratarse de una zona primaria y de conservación.

El PMDUOET está encabezado por Juan Carlos Delgado Zárate, actual director del Instituto Municipal de Planeación, funcionario que otorgó permisos al exlegislador panista cuando era director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, a pesar de que este no contaba con la autorización federal para la construcción en terrenos forestales. En el nuevo Programa de Ordenamiento se proyecta esta zona como un área ya urbanizada dentro de la comunidad.

“Yo no creo que Delgado Zárate haya cambiado de posición solamente por haber cambiado de oficina. Durante su gestión en la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, lo que hizo fue causar un gran daño al ordenamiento territorial de la sierra. Le causó mucho daño a la integridad de la sierra. Y no veo por qué debería dejar de hacerlo desde el Instituto de Planeación; más bien, ocupa ahora un espacio en donde puede hacer un daño mucho más intenso”, consideró el activista Gustavo Lozano, de la organización Acción Colectiva.

Recientemente, el Tribunal de Justicia Administrativa admitió la demanda de nulidad interpuesta por Acción Colectiva contra una resolución emitida por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato en relación con el caso del desarrollo inmobiliario "La Cucursola", para que se sancionen las irregularidades cometidas por autoridades estatales y municipales, pues sólo se impuso una sanción económica de 130 mil pesos a la empresa del ex legislador panista.

La Cucursola, el inicio de todos lo males

La Cucursola fue un proyecto que comenzó en 2019, aunque sus antecedentes datan de 2015. La obra fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) después de que se evidenciara la alta demanda de agua que generaría el desarrollo inmobiliario, al desmonte en el predio de La Rosita y a la falta de permisos federales para trabajar en una zona forestal, lo que generó descontento y preocupación entre los habitantes de la comunidad.

En 2020, se convocó a una reunión pública en la comunidad de Santa Rosa, a la que asistieron habitantes de cuatro comunidades de la sierra y las organizaciones Acción Colectiva y Movimiento Colibríes. En esta reunión, se acordó presentar una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, recordó Gustavo Lozano.

La denuncia reveló que la empresa promotora del proyecto no contaba con los permisos federales indispensables, al tratarse de una zona forestal. Sin embargo, de manera irregular a Sergio Ascencio se le otorgaron todas las autorizaciones a nivel municipal e incluso el aval de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), encabezada entonces por Isabel Ortiz Mantilla, actualmente diputada local. Ahora esta dependencia es denominada Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

El exdiputado panista presentó evidencia de los permisos otorgados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, todos firmados por Juan Carlos Delgado Zárate, hoy director del Instituto Municipal de Planeación, durante la administración de Alejandro Navarro. La Cucursola, que inicialmente sería un hotel, fue el origen de otros proyectos similares.

La carta de zonificación del PMDUOET proyecta espacios habitacionales campestres, entre los que se incluyen los terrenos de La Cucursola, así como áreas mixtas comerciales y de servicios con proyecciones de crecimiento entre 2026 y 2035, distribuidos en distintos puntos de la sierra.

En la serranía coexisten áreas de conservación, que son fundamentales para el estado, ya que una de sus regiones más húmedas es estratégica para la captación de agua en los acuíferos de la Cuenca Hidrológica Lerma-Chapala, y alimenta otras seis subcuencas, según el estudio de la organización Cuerpos de Conservación Guanajuato A.C.

Además, es hábitat de 17 especies de encinos, matorrales con vegetación xerófila y pastizales, 26 especies de reptiles y anfibios, pumas, venados cola blanca, coyotes, linces, conejos, armadillos, zorros, tlacuaches y ardillas. Expertos han registrado la presencia de 286 especies de aves en la sierra, de las cuales el 47 por ciento son aves migratorias, cuyas rutas abarcan desde el sur de Alaska y Canadá.

Juan Carlos Delgado, el alfil detrás del negocio

La organización Acción Colectiva pudo comprobar que todos los permisos de desarrollo urbano otorgados por el municipio de Guanajuato para La Cucursola fueron firmados por el entonces director de esta área, Juan Carlos Delgado Zárate. Lo consideran responsable del daño ambiental causado a la zona de la sierra, en donde se comenzó a construir el desarrollo, y por eso han solicitado al Tribunal de Justicia Administrativa la rectificación de una resolución emitida por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) en noviembre del año pasado.

En el dictamen, derivado de la denuncia popular promovida por organizaciones civiles y pobladores de Santa Rosa, la PAOT reconoce que todos los permisos entregados a Sergio Ascencio para su proyecto en la sierra fueron indebidos, ya que no se tramitaron previamente los permisos federales. Sin embargo, solo se sancionó al desarrollador con una multa de 130 mil pesos, ya que la resolución se basa en la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente en el estado y no en el Código Territorial.

“El código establece sanciones no solo para los promoventes de un proyecto cuando lo llevan adelante sin las debidas autorizaciones, como en este caso, sino que también contempla sanciones para las propias autoridades que indebidamente otorgan autorizaciones que no son de su competencia o en un momento del procedimiento administrativo en el que no deben entregarlas”, explicó Lozano.

La instancia estatal encargada de preservar el cumplimiento de la legislación ambiental evitó sancionar a Juan Carlos Delgado Zárate, como director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, así como al director de Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente a nivel estatal, Daniel Rodríguez Betancourt, quien otorgó el permiso de Impacto Ambiental.

“Es decir, le aplicaron la sanción más baja y dejaron de aplicarla para todas las otras autoridades. ¿Quiénes? Principalmente para el entonces director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Municipio de Guanajuato, que hoy es el director de Planeación Municipal y quien ha llevado adelante el programa de Desarrollo Urbano Municipal, entre otras cosas, ensanchando el límite de la ciudad para poder tener más competencia en la sierra y otorgar más permisos como estos, que se otorgaron indebidamente”, sostuvo Lozano.

Por este motivo, Acción Colectiva presentó un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual ya fue admitido por esta instancia. El objetivo es que los funcionarios mencionados, incluida la procuradora ambiental, Karina Padilla Ávila, reciban sanciones por el caso de La Cucursola.

En 2018, Padilla Ávila fue notificada de la autorización del impacto ambiental avalado por el estado y le dio su aprobación. “Si ella, como procuradora en aquel momento, le hubiera prestado atención a esa resolución, ella y sus subalternos se hubieran dado cuenta de que era una autorización indebida y, en ese momento, hubieran detenido todo lo que luego ocurrió”.

“Esto me parece gravísimo. Ahora vuelve como procuradora, emite esta resolución donde ella sale librada, al igual que el director de Impacto Ambiental, el ex presidente municipal de Guanajuato y el director de Planeación Municipal”, resaltó el representante de Acción Colectiva.

Integrantes del Movimiento Colibríes, también promotores de la demanda, consideran que Juan Carlos Delgado es un símbolo de la corrupción ocurrida durante los dos trienios en los que Alejandro Navarro encabezó la administración municipal de la capital.

“Ha estado causando mucho daño, coincidiendo con la entrega de permisos irregulares o la falta de control sobre algunos predios donde se empezó a cambiar el uso de suelo sin permiso alguno, usurpación de funciones de otros órdenes de gobierno y falta de control en los desarrollos”, opinó uno de los integrantes de la organización.

Lamentó que este mismo funcionario sea quien hoy encabeza el Instituto Municipal de Planeación y tenga influencia dentro del instrumento de planeación que busca poner orden a la ciudad.

Carlos Arce, integrante del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, consideró que el caso de La Cucursola es un ejemplo claro de tráfico de influencias en que habría incurrido Sergio Fernando Ascencio Barba cometió en su papel como diputado federal.

Sin embargo, Arce destacó que lo más complicado del asunto es que ahora, como director del IMPLAN, Juan Carlos Delgado Zárate pretende corregir un tema que él mismo desarregló, al otorgar permisos de forma indebida y fuera de sus facultades.

“Y aquí viene el conflicto de interés, porque él es el director del IMPLAN y está tratando el asunto que él mismo desarregló. Ahora, intenta arreglarlo con el PMDUOET. Esto es razón de más para no aprobar ese programa. He sido muy franco en este sentido y muy claro: mientras Juan Carlos Delgado esté al frente del IMPLAN, el PMDUOET no es procesable, porque en él están involucrados todos estos asuntos. Estos son solo algunos de los problemas que conocemos: edificios más altos de lo que deben ser en ciertas áreas colindantes con zonas de protección ambiental. Es un muy mal funcionario”, dijo.

Existen denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República y ante su par a nivel estatal, encabezada por el fiscal recientemente designado, Gerardo Vázquez Alatriste, por delitos contra la biodiversidad y la gestión ambiental.

Ambas fueron promovidas por Acción Colectiva, señalan delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, y responsabilizan a Juan Carlos Delgado Zárate, pero también al exalcalde Alejandro Navarro.

Así continúa el despojo natural de Guanajuato

A mediados de febrero, Laura Galván, la destacada atleta olímpica capitalina, denunció a través de un video en redes sociales el cierre de un camino en Los Mexicanos, así conocido pero más bien cercano al Monte de San Nicolás, una área que recorre diariamente como parte de su proceso de preparación para próximas competencias internacionales.

La corredora evidenció la colocación de un par de puertas metálicas en la brecha, las cuales impedían el paso, y pidió a la gente unirse para buscar explicaciones sobre la instalación de estos límites.

En entrevista para POPLab, la atleta explicó que las puertas se colocaron a dos kilómetros de distancia dentro del camino y no son las únicas, ya que en otras secciones de la misma vía hay bloqueos similares, aparentemente colocados por distintos dueños. Este camino sirve no solo para ella, sino también para otros deportistas de alto rendimiento como Azucena Rodríguez y Rubén Chávez, porque tiene una altitud de dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace ideal para una preparación internacional.

“La Gacela”, como es conocida la corredora capitalina, explicó que, de acuerdo con pobladores de la zona, la vía tiene más de un dueño. Sin embargo, no se impedía el paso al predio para los deportistas y ciudadanos que suelen hacer uso de ella con regularidad.

Comentó que hay un grupo de al menos 27 personas que utilizan esta brecha para sus entrenamientos, pero además lamentó que la vía esté cerrada para todos los ciudadanos de la capital, ya que, según dijo, hay pocos espacios para realizar actividades deportivas o recreativas en familia.

“Es una tristeza, es un camino de años y afecta a toda la población”, expresó la atleta, quien consideró que, debido a su nivel competitivo, puede conseguir apoyo para realizar su preparación física en zonas que ofrezcan la misma altitud y condiciones, como Toluca. Sin embargo, destacó que, en otras ocasiones, para competencias internacionales e incluso las más recientes Olimpiadas de París, su entrenamiento lo realizó en este lugar.

También aseguró que, con el uso frecuente de estos espacios y con el paso del tiempo, ha podido ser testigo del deterioro tanto por la explotación de los recursos naturales de la sierra y la falta de vigilancia, como por el desarrollo de proyectos inmobiliarios y turísticos, como el caso de “El Milagrito”, propiedad del presidente del DIF Municipal e hijo mayor de la alcaldesa, Samantha Smith.

“Pensamos que con la construcción de sus cabañas iban a cuidar más, pero no”, señaló respecto al espacio que se construyó durante los dos períodos al frente de la administración municipal que encabezó Alejandro Navarro.

Dijo que, por el contrario, ha habido más deterioro, deforestación, y cada vez se observan con menos frecuencia las especies de animales que antes se veían con regularidad, principalmente venados. Además, consideró que cada vez se observan más espacios delimitados y nuevas construcciones.

La deportista entregó al municipio un oficio, con el respaldo varios decenas de firmas, en la que advierte la violación al interés público por el cierre del camino.

Además de los corredores, integrantes de la Liga de Ciclismo de Montaña de la capital se han unido a la protesta por el cierre del camino, considerado como un paso de servidumbre y que siempre ha funcionado de esta man

era. Eduardo Balandrán, representante de este grupo, externó su preocupación por el cierre de accesos a esta vía.

Aseguró que de acuerdo con pobladores de la zona y propietarios de una parte de los predios que atraviesa este camino, la vía cerrada era propiedad de una familia de nombre Carrillo y luego fue transferida en venta a la familia Webb, propietaria de diversos negocios en la capital y recientemente ligada a la sociedad con de la empresa GTO Leasing Services, creada en 2019 por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato con la finalidad de “otorgar créditos a personas físicas y morales, nacionales y extranjeras”.

Tras darse a conocer el cierre de la vía, la alcaldesa Samantha Smith realizó una publicación en redes sociales en la que informó sobre la colocación de un citatorio para los responsables del cierre del camino, para acreditar la propiedad del terreno y los permisos para colocar las puertas metálicas. De inmediato las puertas se volvieron a abrir y el camino ya es paso público nuevamente; Smith Gutiérrez garantizó que se buscará que así siga siendo, aunque no reveló el nombre de los propietarios del lugar.

Alcaldesa advierte: pronto tendremos PMDUOET

En una reciente entrevista, tras la realización de una mesa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación, la alcaldesa Samantha Smith aseguró que la ciudad podría contar pronto con un nuevo instrumento de planeación.

“Yo no me quisiera adelantar, pero creo que podríamos tener próximamente un PMDUOET actualizado, y sobre todo, un instrumento jurídico de planeación que realmente nos lleve a un siguiente nivel, el cual le hace mucha falta a Guanajuato”, subrayó.

La comisión ha realizado apenas dos mesas de trabajo sobre el tema, para revisar más de 100 observaciones relacionadas con el proyecto, las cuales provienen de organizaciones civiles, ambientales, expertos en desarrollo urbano, patrimonio y agua, la mayoría de ellos técnicos en estos temas. Sin embargo, la alcaldesa aseguró que la próxima reunión será para que la comisión emita un dictamen y lo envíe al Pleno del Ayuntamiento.

Samantha Smith sugirió que las observaciones realizadas por la ciudadanía serán tomadas en cuenta en la medida en que estén alineadas con la visión de la ciudad que plantea su administración, aunque hasta el momento tampoco ha hecho público su programa de gobierno.

Al ser cuestionada sobre la razón por la que la reunión se celebró de manera privada y fuera de la Presidencia Municipal, en un hotel de la ciudad, la alcaldesa respondió que no hay nada que ocultar y que se ha brindado toda la información sobre el tema. La reserva, explicó, se debe a la protección de datos personales de los propietarios de terrenos y de las personas que hicieron observaciones al PMDUOET.

Durante la mesa de trabajo, dijo, la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento pudieron externar sus dudas. El acuerdo fue revisar el documento una vez más, aunque las correcciones se realizarán directamente con el Instituto Municipal de Planeación, a cargo de Juan Carlos Delgado. En la mesa de trabajo estuvieron presentes 14 de los 15 ediles; solo faltó una regidora de Morena, cuyo nombre no se reveló.

La alcaldesa también anticipó que el siguiente paso, una vez aprobado el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, será enviar el proyecto al Instituto de Planeación del Estado para que emita su resolución de congruencia. Después, deberá regresar al Ayuntamiento para su aprobación definitiva.

Sobre el caso particular de La Cucursola, proyectado también en el Programa de Ordenamiento como zona habitacional, la alcaldesa explicó que los permisos para el desarrollo se otorgaron entre 2012 y 2015, y afirmó que tiene “un compromiso con la honestidad y el medio ambiente”.