Tres funcionarios de la Fiscalía General de la República que evitaron ejercer acción penal en el caso de la denuncia contra el secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, por presuntas compras irregulares por más de 50 millones de pesos fueron vinculados a proceso; el abogado y activista Roberto Saucedo Pimentel sostiene que también debe ser procesado el propio funcionario estatal y el fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste.

La semana pasada, el juez penal Efraín Frausto Pérez determinó la vinculación a proceso de tres personas-dos hombres y una mujer-, todos ellos exfuncionarios de la Fiscalía General de la República, cuya delegación en Guanajuato estuvo a cargo del actual fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, cuando se recibió la denuncia. 

En audiencia pública, el juzgador resolvió la formalización de la acción penal, debido a que los funcionarios ordenaron presuntamente el archivo de una causa penal sin haber valorado pruebas que justificaran dicha decisión. De acuerdo con información publicada por el periódico AM, el delito que se les imputa es “incurrir en ventaja indebida”, tipificado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Saucedo Pimentel consideró que el caso es relevante porque muestra que los colaboradores que obedecieron a Gerardo Vázquez Alatriste cuando encabezaba la FGR en Guanajuato incurrieron presuntamente en un exceso. Además, subrayó que este antecedente debe abrir la puerta para que se amplíe la acusación e investigue al actual fiscal estatal y también al secretario de Salud.

“Lo que falta es que el señor Gabriel Cortés, señalado en la primera denuncia, sea investigado. Y también, evidentemente, Alatriste, porque participó en el encubrimiento. Él no es responsable directo de los desfalcos, pero sí es responsable de no investigar”, subrayó.

El abogado recordó que, en su más reciente comparecencia ante el Congreso del Estado, el fiscal defendió el archivo de la carpeta, argumentando que no se investigó porque no había pruebas suficientes.

“Pero fue él, como fiscal en Guanajuato, quien ordenó el archivo del caso”, afirmó.

Este hecho quedó registrado en video. Después de esa comparecencia legislativa, Roberto Saucedo confrontó públicamente al fiscal, quien reconoció haber recibido la denuncia interpuesta ante Asuntos Internos de la FGR. En ese intercambio, Saucedo lo llamó “corrupto”. Esto ocurrió en enero de este año.

La vinculación se dio después de la audiencia inicial celebrada el pasado 7 de mayo, en la cual el juez Efraín Frausto se declaró incompetente por razones de jurisdicción territorial y turnó el caso al Centro de Justicia Penal Federal de Aguascalientes. Sin embargo, el expediente fue devuelto a su origen.

El caso se deriva de la denuncia presentada por Martha Karina Rodríguez Lizola, directora del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), contra Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, actual secretario de Salud del estado, quien previamente había sido director de dicha clínica.

La médica presentó informes sobre presuntas irregularidades por más de 50 millones de pesos ante la Secretaría de la Función Pública, la Dirección General y Médica, la Dirección de Administración y Finanzas, y el Órgano de Control Interno del ISSSTE. También los remitió a la Auditoría Superior de la Federación y, finalmente, presentó la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en Guanajuato a finales de 2024.

Hubo abuso y exceso, acusa abogado sobre el caso 

De acuerdo con el abogado y activista Roberto Saucedo Pimentel, quien acompañó a la denunciante como asesor jurídico durante la presentación de la denuncia entre octubre y noviembre del año pasado, semanas después se les informó que se había ejercido la abstención de la investigación.

“El argumento fue: ‘ustedes no trajeron las pruebas, por eso no investigamos’. Eso es un acto excesivo, porque la Fiscalía está obligada a investigar de oficio los delitos de corrupción”, declaró.

Explicó que en esa ocasión, pese a su calidad de asesor legal de la promovente, no se le permitió el acceso para conocer el seguimiento del caso.

Detalló que, debido a la falta de investigación y a que la denunciante comenzó a recibir presiones y amenazas, ella decidió deslindarse del proceso. Entonces, Saucedo viajó a la Ciudad de México para presentar una denuncia contra Gerardo Vázquez Alatriste y su equipo ante la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esa denuncia derivó en el proceso judicial actualmente abierto, pues se determinó que había elementos suficientes para acreditar un posible abuso de autoridad.

“El Ministerio Público vino desde la Ciudad de México para investigar a fiscales federales por las acciones de otros fiscales federales”, detalló.

Según información publicada por el periódico AM, el juez señaló la prisa con la que se resolvió el caso presentado ante los fiscales. Aunque declaró la vinculación a proceso, aclaró que esta etapa forma parte de una investigación formal y no implica la culpabilidad de los imputados, a quienes incluso calificó como “buenos profesionales”, según citó el medio, que estuvo presente en la audiencia.

Después de la resolución del juez, uno de los señalados mencionó que se trataba de un asunto “meramente político”, esta expresión también fue recabada por AM. 

Intervención judicial y reserva de audiencia 

A principios de mayo, el juez Efraín Frausto Pérez citó a la audiencia inicial del caso. En esa ocasión, impidió el acceso de medios de comunicación, sin ofrecer explicaciones sobre la decisión de reservar el acto procesal.

Al día siguiente de la diligencia, emitió un comunicado en el que explicó que carecía de competencia legal para conocer el caso, debido a que los hechos ocurrieron en León, Guanajuato. Indicó que el expediente debía ser enviado al Centro de Justicia Penal Federal de Aguascalientes.

En ese mismo periodo, el juez Frausto participaba como candidato en la elección judicial, y comenzaron a circular fotografías donde aparecía junto al fiscal general del estado. A pesar de haber declarado su incompetencia, el caso finalmente regresó a sus manos.

Roberto Saucedo también sostuvo que este caso refleja malas decisiones por parte de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, al haber nombrado a Gabriel Cortés como secretario de Salud del estado, ya que ella conocía sus antecedentes, y aun así respaldó su nombramiento. 

“El gobierno de Libia queda muy cuestionado. Ella, desde antes de hacer la propuesta, ya conocía los señalamientos contra Gabriel Cortés, el secretario de Salud. Él era director del ISSSTE cuando presuntamente se cometieron estas anomalías, y a pesar de ello no le importó y lo nombró como secretario”, señaló el abogado.