El Congreso de Guanajuato ha convocado a una mesa de consulta para recibir propuestas y opiniones acerca de un dictamen sobre dos iniciativas para hacer reformas en materia de protección a personas que defienden derechos humanos y a periodistas en el estado, la cual se efectuará el miércoles 18 de junio por la mañana en la Casa Legislativa. 

Es claro que las realiza en este momento porque, aunque una de las iniciativas fue presentada desde la Legislatura pasada por la entonces diputada de Morena, Alma Alcaraz Hernández (después candidata a gobernadora), el otro paquete lo mandó la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, lo que convierte el tema en un asunto de interés para la fracción de su partido, el PAN. 

En realidad, esta convocatoria debió haberse abierto durante el proceso legislativo previo a la redacción del dictamen. Y aunque hoy el Congreso menciona que para las iniciativas se abrieron micrositios en su página en los que “no se recibieron opiniones”, hay que decir que esta forma de “consulta” fue escasamente difundida hacia la ciudadanía en general y personas interesadas. 

 Por eso, periodistas y personas defensoras en el estado -de estas últimas, muy en particular mujeres buscadoras de personas desaparecidas y que lideran colectivos de búsqueda- firmaron y entregaron al Congreso un pronunciamiento en el que exigieron corregir la falta de un proceso de consulta, para ser escuchadas y escuchados.

Precisamente, una de las premisas de que partieron estas propuestas es el reconocimiento expreso en la ley de las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos, ante las condiciones extremas en las que realizan la labor de búsqueda en los distintos puntos del estado. 

Como sea, estas son las primeras reformas que se realizan desde la promulgación de la Ley estatal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que se publicó en octubre de 2017, y que tiene, como primeros propósitos, “promover y proteger el derecho al ejercicio periodístico, así como la defensa de los derechos humanos, para garantizar la seguridad y la libertad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y salvaguardar su vida e integridad física, psicológica y económica cuando se encuentren en riesgo con motivo de su actividad” (Artículo 1).

Derivado de la Ley, en 2019 se instaló el Consejo estatal para la protección de personas defensoras y periodistas. Es decir, la operación de este instrumento de protección está cumpliendo seis años. La valoración de su funcionamiento la tendrán en su real dimensión las personas que han acudido a este mecanismo a lo largo de estos años y que han sido atendidos (o no) por el mismo, por alguna situación de riesgo, amenaza o peligro grave por su actividad.

Lamentablemente, prevalece el desconocimiento de esta ley y de este mecanismo de protección; la mayoría de los periodistas y personas defensoras que han recurrido a él o que han sido atendidos desconocía su existencia, su funcionamiento y la atención a la que como víctima tiene derecho. 

En el consejo participan seis funcionarios de diversas dependencias estatales (que encabeza la Secretaría de Gobierno) y organismos como la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, así como seis consejeros que deben ser defensores de DD. HH. o periodistas, en un aparente equilibrio de fuerzas que, en los hechos es difícil de lograr, sobre todo porque la ley da la facultad al Secretario (o secretaria) de Gobierno en turno de designar, de entre las y los candidatos, a las personas defensoras y periodistas que forman parte del consejo por un periodo de dos años.

Como se sabe, desde fines del sexenio del presidente Felipe Calderón, ante el incremento de agresiones de todo tipo contra periodistas y defensores, se promulgó una Ley federal de protección y se creó un Mecanismo Federal que funciona con un consejo ciudadano autónomo e independiente. Mientras tanto, en la mayoría de los estados han ido surgiendo esquemas parecidos, con diferentes características, nombres e integraciones, pero todos con la obligación legal de proteger a quienes realizan las dos actividades mencionadas.

Lamentablemente, como del dicho al hecho hay mucho trecho, los registros de las organizaciones civiles que protegen la libertad de expresión y que acompañan a personas defensoras (y los propios datos oficiales) muestran que las autoridades son bastante contradictorias entre lo que dicen y lo que hacen. Porque la mayoría de las agresiones siguen siendo cometidas por autoridades, funcionarias y funcionarios de todos los niveles.

Caso especial es el de los funcionarios municipales, que suelen sentirse libres de toda responsabilidad para cometer agresiones contra periodistas en su labor: acoso digital, amenazas, obstrucción de la labor, destrucción de equipo, ataques o sometimientos físicos por policías municipales, detenciones arbitrarias, hasta llegar a asesinatos. Hay más de un presidente municipal señalado o probado judicialmente como responsable de cometer un crimen contra periodistas. 

Esto ocurre en Guanajuato, donde nunca como ahora hay un perfil de personas defensoras de derechos humanos en particular riesgo y que por ello debe ser reconocido y gozar de la máxima protección: los familiares de personas víctimas de desaparición que están en su búsqueda. Particularmente ellas, las buscadoras, pues son en su mayoría mujeres las que se han dado a esta tarea, lo que causa impactos profundos en todos los aspectos de sus vidas y en sus familias. 

Esto ocurre en Guanajuato, el estado donde de manera impune más personas buscadoras han sido asesinadas en los últimos años, según los registros de organizaciones de la sociedad civil como la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Algunos de sus nombres: Rosario Zavala Aguilar y posteriormente su hijo Ulises Cardona; Francisco Javier Barajas Piña, Carmela Vázquez, Teresa Magueyal. 

Esto ocurre en Guanajuato, donde continúan en calidad de desaparecidos otros dos buscadores: Lorenza Cano, varios de cuyos familiares fueron asesinados en el contexto de su desaparición, y recientemente, el 9 de junio, José Francisco Arias Mendoza, don Panchito, sustraído (como Lorenza) de su domicilio. Su desaparición fue ya reconocida por la ONU como desaparición forzada por la probable aquiescencia del Estado.    

Esto ocurre en Guanajuato, un estado donde al menos cinco periodistas han sido asesinados a la fecha. Solo uno de los asesinatos, el del reportero Israel Vázquez Rangel en Salamanca, fue esclarecido y sus autores materiales sentenciados después de que la investigación iniciada por la Fiscalía general del estado fue atraída por la Fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión (FEADLE). 

Pero la autoría intelectual sigue sin ser sancionada, y para la familia de Israel, incluyendo sus hijas, la reparación integral del daño por parte del Estado está muy lejos de cumplirse todavía, porque las comisiones de atención a víctimas, la federal y la del estado, se ven ampliamente rebasadas y burocratizadas para atender en toda su extensión los impactos en las familias, víctimas indirectas de delitos, como son también los hijos de las personas desaparecidas. 

Esto ocurre en Guanajuato, donde en los otros casos la Fiscalía de Guanajuato no pudo antes, con Carlos Zamarripa como titular, ni ha podido ahora, con Gerardo Vázquez Alatriste al frente, dar certezas sobre si los homicidios de los colegas estuvieron o no relacionados con su actividad como reporteros, y tampoco ha logrado esclarecerlos plenamente ni capturar ni llevar a juicio a todos los responsables, como no lo ha hecho en todos los casos de las y los buscadores asesinados. 

Por eso es tan importante que el Congreso se haya visto obligado a abrir una convocatoria y a realizar un foro de consulta el miércoles 18. 

Sin embargo, independientemente del resultado, el gobierno estatal y el Congreso quedan mucho a deber. No se conoce de qué realidad documentada, de cuál diagnóstico se partió o se tomó como base para elaborar las propuestas de reforma. 

Ni el Ejecutivo ni el Legislativo fueron capaces de articular una convocatoria amplia, una revisión a profundidad en la que participaran los expertos en el país (o del extranjero), las organizaciones que tanta experiencia y conocimiento han debido desplegar en México y en Guanajuato ante las situaciones de riesgo y los ataques registrados (Artículo 19, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, Reporteros Sin Fronteras, Centro para la Protección a Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer, Propuesta Cívica, por mencionar algunas). Todas ellas, lo sabemos, han expresado su disposición a colaborar y a aportar para elevar el nivel del marco legislativo y las buenas prácticas del Consejo estatal de protección. 

La intención nunca ha sido contar con una legislación de vanguardia y que incluso supere los más altos estándares de protección. Lo demuestran varios hechos puntuales: las limitaciones actuales del Mecanismo, el escaso personal, el presupuesto incierto; la falta de medidas integrales en varios casos documentados; los graves errores en coordinación y seguimiento;  la falta de actualización y de socialización del atlas de riesgo para saber en dónde estamos parados haciendo nuestro trabajo las y los periodistas y las personas defensoras, y sobre todo, la atroz impunidad con la cual la Fiscalía general de justicia del estado manda al cajón o al archivo las denuncias por agresiones o simplemente no mueve un dedo para investigar hasta que la víctima se aburre o se cansa. Basta con eso. 

Por eso, la invitación es a participar en la consulta. La convocatoria del Congreso está publicada en su página y tiene un link para registrarse, que vence el lunes 16 a las 3 de la tarde. Y la mesa estará a partir de las 9 de la mañana el miércoles 18. 

Somos las y los periodistas y las personas que defienden derechos humanos, quienes seguimos empujando para ello. Porque los mecanismos de protección son lo que tenemos mientras los riesgos no desaparezcan; porque son perfectibles; porque tenemos que hacer que funcionen.