En Guanajuato el hallazgo de fosas comunes ilegales o “fosas clandestinas” masivas se ha transformado en una pesadilla recurrente que los medios de comunicación y la sociedad, lamentablemente, van normalizando o asimilando, con resignación, al “panorama forense” local. Presa del Conejo en Irapuato, el predio Rancho Nuevo Barrio de San Juan en Salvatierra, Cerro del Toro en Acámbaro, El Sauz de Villaseñor o Rincón de Tamayo en Celaya, Los Ramírez o Barranca de Venaderos en León, entre muchos otros lugares, tras el descubrimiento de decenas de cuerpos en fosas masivas y sitios de exterminio, han ido reconfigurando la geografía y la memoria de los territorios que han vivido y viven oleadas impunes de múltiples violencias.

Los pasados viernes 23 y sábado 24 de mayo la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) informó del hallazgo de 17 cuerpos enterrados ilegalmente dentro de una casa abandonada en la localidad de Rancho Nuevo del Llanito. La comunidad pertenece al municipio de Irapuato, se ubica al norte del mismo, en las colindancias con Silao y en la ruta para Romita. En otro comunicado del 28 de mayo la institución de procuración de justicia informó asimismo de la identificación de 13 de las 17 personas que se encontraban inhumadas en el inmueble.

Según la FGEG, aproximadamente los cuerpos tenían unos dos-tres meses, a lo mucho, en aquel lugar, que fue utilizado como sitio de ocultamiento y disposición de cadáveres, aunque también fueron encontrados cuchillos, machetes, picos, palas y prendas de vestir, por lo que, además de dar con los perpetradores, la fiscalía deberá aclarar si también allí las víctimas fueron asesinadas. La casa se encuentra justo al final de una calle céntrica de la ranchería, al costado de una cancha de futbol que es un punto de reunión y referencia de la comunidad.

Según el seguimiento de hallazgos que realizamos desde la Ibero León y la Plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato, utilizando las fuentes disponibles, es decir, prensa, fiscalía estatal, comisión estatal de búsqueda (CEBP), brigadas independientes de colectivos, el fenómeno de las fosas no ha dejado de crecer año tras año, aunque la gran mayoría, cerca del 80%, del total han sido localizada entre 2020 y 2025.

Del primero de enero de 2009 al 30 de junio de 2024, tenemos registro de 349 contextos de hallazgo que tenían en total unas 660 fosas clandestinas, con 1245 cuerpos, en el territorio de Guanajuato.

Según un análisis preliminar de datos de FGEG y CEBP, obtenidos por transparencia, durante la segunda mitad del 2024 (julio-diciembre) se sumaron a estas cifras, unas 30 fosas más, con 53 cuerpos.

Tan solo entre enero y marzo de este año la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha reportado el encuentro de otras 33 fosas clandestinas, en 26 distintos lugares o sitios de hallazgos, con un estimado de cuerpos o restos individualizados de 54 personas.

En una estimación del total, se registran en Guanajuato 723 fosas clandestinas entre 2009 y marzo de 2025, con unos 1352 cuerpos recuperados de estos sitios.

Es una situación que no puede ser normalizada o reducirse a la mera estadística, sino que debe de considerarse en su gravedad y dimensión social, con un impacto expansivo de la violencia que sacude, atemoriza, paraliza y modifica de raíz la vida de las comunidades afectadas y de toda la población.

Rancho Nuevo del Llanito fue una comunidad relativamente cohesionada, parte de ese campo mexicano que antes nos daba alimento y ahora es escenario para la búsqueda de personas desaparecidas y la aparición de fosas comunes.

El 18 de enero de este año, acompañamos al papá y a la mamá del joven José Salvador Cárdenas Fuentes, quien tenía 20 años y vivía con la familia en Rancho Nuevo del Llanito, en el acto de disculpa pública que tuvo que ofrecerle la SEDENA por la desaparición forzada que cometió el 17 de marzo del 2017 en contra de su hijo. En este enlace puede leerse más de su historia y proyecto de vida truncado (link).

José Salvador fue hallado sin vida una semana después de su desaparición, hace ya 8 años, y, como parte de una reparación integral por violación a derechos humanos, dictada dentro de un juicio de amparo por la jueza Karla Macías, del Distrito IX de Irapuato, mandos del ejército dieron un discurso público reconociendo su responsabilidad en los hechos. Entre 2016 y 2017 se intensificó la presencia castrense en la región en el marco del combate al robo de combustible de un grupo criminal, el Cartel Santa Rosa de Lima, que estaba potenciándose vertiginosamente gracias a este huachicol y a la permisividad de autoridades.

Asimismo, mientras crecía la participación militar en tareas de seguridad pública en la entidad, particularmente en el llamado “corredor industrial”, en marzo 2019, después de más o menos un mes de cierre a los ductos de Pemex, fue lanzado un operativo conjunto de la Marina con fuerzas estatales llamado Golpe de Timón, el cual culminó con la detención del líder del cartel el 2 de agosto de 2020, cuando elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato lograron dar captura a Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”. Esto no bajó los índices de violencia, los homicidios y las desapariciones, al contrario, su escalada ha sido imparable, salvo breves periodos, y Guanajuato se ha ubicado en primer lugar nacional por los asesinatos de 2018 a la fecha, mientras que las desapariciones crecieron unas 8 veces, pasando de 621 casos en abril del 2018 a 4,855 en abril de 2025.

En este contexto, la comunidad de Rancho Nuevo del Llanito, que en su momento había sido considerada por sus propios pobladores como unida y cohesionada, misma que salió compacta en la búsqueda de José Salvador en ese marzo de 2017, y que fue apoyando a la familia en su reclamo a los militares para que lo restituyeran con vida, ha experimentado un deterioro de su tejido social y seguridad, con presencia del crimen organizado y, cada vez más, de hallazgos tremendos como el del viernes 23 de mayo.

Según el mapeo de fosas publicado en el Centro de Datos Ibero León, Irapuato es el municipio con más fosas clandestinas, cuerpos encontrados y contextos de hallazgo del estado, pues fueron hallados 262 cadáveres en 102 fosas clandestinas, ubicadas en 63 distintas localidades o lugares de su territorio entre 2009 y junio de 2024. Siguen Salamanca, Juventino, Acámbaro, Celaya, Salvatierra y Villagrán, con decenas de cuerpos inhumados clandestinamente y exhumados en estos 15 años.

Particularmente en la zona de Rancho Nuevo del Llanito, llama la atención que han sido encontradas decenas de fosas en al menos 15 lugares distintos, en comunidades muy cercanas una de la otra, sobre todo en los años de 2019 y 2020, señaladas por la prensa, pero también en 2022 y 2023, ya con base en informes de la comisión local de búsqueda, de la fiscalía y de la Brigada Independiente de Búsqueda del Colectivo Hasta Encontrarte, el cual tuvo hallazgos positivos en la localidad de San Vicente, colindante con Rancho Nuevo del Llanito.

En San Antonio el Rico, en una finca al lado de una cancha de futbol, muy cerca de Rancho Nuevo del Llanito, el 6 de diciembre 2019 fue descubierta una fosa clandestina masiva con 16 cuerpos, que marcó el inicio de una secuencia de hallazgos de este tipo en ese periodo y sucesivamente. 

Para tratar de evitar la repetición de los hechos y dignificar la memoria de las personas que fueron ocultadas y luego encontradas en fosas comunes en Guanajuato, así como para recordar que fueron víctimas de graves violaciones a derechos humanos y violencias con raíces y explicaciones sociales, estructurales, de género, políticas, y no solo criminales o “genéricas”, es que en Salvatierra siguen caminando las reivindicaciones del colectivo Ángeles de pi por ti para la creación de un sitio de memoria en el lugar donde fueron encontradas 81 personas sepultadas clandestinamente en 2020. Allí, en ese pueblo mágico, que de alguna manera representa a muchos más en el país, no ha llegado la justicia y los perpetradores de crímenes atroces siguen libres, caminando en las calles, por decisiones judiciales cuestionables (por ejemplo, de la IV Sala Penal del Tribunal de Guanajuato, sugiero revisar hilo de X de Laura Sánchez Ley) y la mala construcción de los casos.

Son muy pocos en el país los casos de hallazgos de este tipo, o bien de los crímenes relacionados con estos, que llegan a ser, del todo o al menos en parte, judicializados y aun así el camino es totalmente cuesta arriba. Así lo ha sido en caso de la familia Barajas Piña, de Salvatierra, por los muchos embates de la justicia en el caso de la desaparición y asesinato de su hija, Lupita, y la muerte de su hijo, Javier, “culpable” de seguir en la búsqueda y haberla encontrado, y luego asesinado por integrantes de los mismos grupos delincuenciales que mantienen la región en jaque y bajo amenaza.

En los próximos días será la decisión de la magistrada Luz Elba de la Torre Orozco, actualmente en campaña en la elección del 1 de junio del poder judicial, la que se espera podría revocar la suspensión de la aprehensión en contra de los presuntos responsables. Vamos a estar al pendiente.

En la espera de que se haga justicia y se rompa el circulo de impunidad que reproduce este “panorama forense” de desapariciones, impunidad y fosas, los trabajos de memoria han servido para abonar a la verdad y tratar de reconstruir comunidad y dignidad para los testigos de la violencia, quienes fueron encontrados y quienes todavía son buscados y buscadas por sus familias.