Para responder a las declaraciones públicas realizadas por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, que señalan como contradictorias, integrantes del Movimiento Resistencia Ciudadana Guanajuato anunciaron el inicio de una acción colectiva por el derecho a la movilidad, el buen uso de los recursos públicos y el derecho a la ciudad, los cuales consideran que se vulneran a causa de la concesión de la autopista Guanajuato-Silao otorgada al consorcio Vise-Rubau.

La organización ciudadana denuncia que ahora, a través de una campaña en redes sociales y radio, se busca desprestigiar a los activistas que participan en el movimiento, al acusarlos de presunto sabotaje y de intereses políticos detrás de la lucha contra el cobro del peaje.

En una entrevista con el periodista Alex Ramblas, la gobernadora señaló que el colectivo ciudadano ha difundido datos erróneos, cuando días antes se reunió con sus integrantes para discutir la demanda de eliminación del cobro de la autopista y la reversión de la concesión al consorcio, realizada semanas antes de concluir la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como gobernador del estado, donde escuchó sus argumentos.

Integrantes del movimiento señalaron un cambio en la postura de la gobernadora, quien durante la reunión con el grupo, el lunes 6 de abril, comprometió análisis en mesas de trabajo, apertura de información conforme a los procesos e incluso la posibilidad de realizar una auditoría externa.

“Nosotros entendemos cómo son los procesos políticos y más en confrontación con el gobierno. Sabemos cómo son. Esta es realmente una decisión muy controvertida de la gobernadora. Habría que buscar qué hay detrás de ese cambio… de un día a otro cambia totalmente; que ella misma lo explique, nosotros no lo podemos explicar. Sí afecta su credibilidad”, sostuvo Carlos Arce en rueda de prensa.

Durante la misma conferencia con medios, el movimiento dio a conocer que presentará durante abril una acción colectiva contra el cobro en la autopista de cuota Guanajuato-Silao, con la que buscará no solo eliminar el cobro de la caseta por considerar que vulnera derechos ciudadanos, sino también reclamar posibles afectaciones patrimoniales derivadas del manejo de los recursos obtenidos por el peaje. Así lo informó el abogado Jorge Arturo Porras Barajas.

La demanda será presentada este mismo mes ante un juzgado federal de distrito en Guanajuato; con ello, se descartó la presentación de un juicio de amparo. Para respaldar la acción jurídica, el grupo sostuvo que cuenta con al menos 120 firmas de apoyo.

Contrastan ciudadanos nueva postura de la gobernadora con compromiso de apertura 

El movimiento Resistencia Ciudadana Guanajuato exhibió el cambio en la postura de la gobernadora o su contradicción, tras comparar lo expresado por la mandataria durante la reunión privada sostenida con integrantes del colectivo el pasado 6 de abril y sus posteriores declaraciones en entrevista con el periodista Alex Ramblas.

De acuerdo con un audio grabado en el encuentro, la gobernadora reconoció ante los ciudadanos que no tuvo conocimiento previo del proceso de concesión de la autopista Guanajuato-Silao durante su etapa como gobernadora electa y que fue en el proceso de entrega-recepción cuando comenzó a conocer los detalles del proyecto.

“Yo como gobernadora electa no tenía conocimiento de este proceso, en el proceso de entrega-recepción fui comenzando a darme cuenta de esta situación”, dijo. En esa misma reunión, García Muñoz Ledo ofreció mantener el diálogo abierto con el colectivo y revisar la información abierta, relacionada con la concesión. 

“Mi ofrecimiento es que revisemos todo lo que se tenga que revisar, pero que hablemos con claridad en la mesa”, afirmó, pues señaló que la transparencia es un elemento central para blindar las decisiones de gobierno y evitar futuros señalamientos de corrupción.

Sin embargo, días después, en una entrevista difundida por redes sociales, García Muñoz Ledo adoptó una postura en defensa de la concesión y sostuvo que en un análisis técnico-jurídico realizado por su administración no se encontraron irregularidades en el proceso.

“No hay ninguna situación irregular que lastime al estado, al contrario, le genera un activo importante, entonces lo que yo platiqué con las personas que vinieron fue la importancia de que conozcamos varios de los datos que aquí me plantearon porque son datos equivocados, son datos erróneos”,  sostuvo. 

La gobernadora también descalificó la información presentada por el movimiento porque dijo que no se revelaron los nombres de las personas expertas que realizaron la revisión de los datos: “yo lo que les dije sentémonos en una mesa y traigan esos expertos, traigan ese estudio, aquí lo revisamos”. 

Para integrantes del movimiento, el contraste refleja una diferencia en el discurso gubernamental tras la reunión privada, particularmente porque en el encuentro inicial la mandataria había dejado abierta la posibilidad de revisar a profundidad la legalidad  en mesa técnicas y además comprometió una auditoría a través de una consultoría objetiva. 

-¿Confían en la gobernadora?- se cuestionó a los integrantes del movimiento-.

“Evidentemente, ahorita, así no, va a tener que darnos una explicación, una contratación que diga vamos a contratar esto, ¿están de acuerdo?”, refirió Carlos Arce, integrante del grupo en referencia a la auditoría que desde el gobierno, se comprometió que se haría. 

En redes sociales comenzaron a circular notas informativas sobre los supuestos beneficios de la concesión de la carretera para el estado, en las que se menciona que este esquema es un “motor de crecimiento económico que beneficia a Silao y Guanajuato capital”.

Se detalla que la concesión implica una inversión privada de 4 mil 300 millones de pesos, que podría ascender hasta los 6 mil millones, sin que el gobierno estatal tenga que invertir en el desarrollo de infraestructura, lo que afirman, “liberará” recursos para rubros como educación, salud y seguridad.

En otras publicaciones, se acusa a participantes del movimiento, en específico a tres de sus liderazgos, de tener intereses políticos y de que, por ese motivo, intentan sabotear la carretera.

Responde movimiento con recurso legal 

No será un amparo, sino una acción colectiva el recurso legal que promoverá el movimiento para que las autoridades judiciales revisen la afectación que representa para la ciudadanía de Guanajuato el cobro por el uso de la autopista Guanajuato-Silao.

El abogado Jorge Arturo Porras Barajas explicó que en la demanda se reclamará la vulneración al derecho a la ciudad, a la movilidad, al adecuado uso de los recursos públicos e incluso actos de discriminación.

“¿Por qué el guanajuatense paga y otros municipios con accesos similares no? Ahí hay un tema de discriminación que también será parte de la demanda”, señaló.

Como parte del juicio, el abogado explicó que se solicitará la apertura del estudio costo-beneficio que actualmente permanece reservado por el Gobierno del Estado, con el fin de determinar si existe una desproporción entre lo que se recauda y lo que realmente se invierte en mantenimiento carretero.

Indicó que, de acreditarse que el cobro excede lo necesario para el mantenimiento de la vía, podrían plantearse reclamos indemnizatorios por presunto uso indebido de recursos públicos.

“Si estamos pagando 38 pesos y solo se necesitan ocho para mantenimiento, habrá que preguntarse dónde están los 30 restantes y para qué se usaron”, detalló.

No obstante, aclaró que cualquier eventual reparación económica no implicaría devoluciones directas a los promoventes, sino la restitución de recursos a las arcas estatales en caso de comprobarse desvíos o manejo indebido.

Porras Barajas detalló que ya cuentan con más de 120 personas interesadas en adherirse a la demanda, aunque legalmente solo requieren 30 para presentarla.

Explicó que una de las ventajas de la acción colectiva frente al amparo es que permite que más ciudadanos se incorporen al procedimiento una vez iniciado el juicio.

Para acreditar una afectación común, los participantes deberán demostrar residencia en Guanajuato capital, así como haber pagado la caseta; dicha documentación será entregada al juzgado federal.