En lugar de una auditoría, como lo planteó inicialmente la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el Gobierno del Estado ha iniciado una revisión del proceso de concesión de la carretera Silao-San Miguel de Allende y de la privatización del acceso de cuota Guanajuato-Silao otorgada por el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a favor del consorcio VISE y Rubau; esto se dio a conocer en una reunión a la que se convocó a integrantes de Resistencia Ciudadana.

A través de un comunicado de prensa, los integrantes del movimiento aseguraron que durante la reunión dejaron clara su inconformidad respecto a que se realice una revisión y no una auditoría, ya que, a través de la segunda de estas opciones, sí se pueden determinar responsabilidades; “hay una diferencia profunda y no semántica”, dicen los activistas.

“El colectivo reiteró que este proceso debe mantener estrictamente el rigor y alcance de una auditoría integral externa, tal como lo propusieron la Gobernadora del Estado en la reunión del pasado 6 de abril y diputados del Congreso del Estado… La ciudadanía y el Poder Legislativo exigen un mecanismo vinculante y profundo que delimite responsabilidades jurídicas, financieras y técnicas ante los presuntos sobrecostos e irregularidades detectados”, señalaron en el boletín de prensa.

Sin embargo, autoridades estatales explicaron que las acciones se conducen bajo la figura de una “evaluación de procesos”, coordinada por el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG).

De acuerdo con el mismo comunicado, el diseño de la revisión responde a una estructura técnica, financiera y legal, es decir, tripartita, y que el despacho encargado de la vertiente legal consolidará los hallazgos en un dictamen definitivo el 31 de agosto de 2026. Se trata de la empresa CMS Woodhouse Lorente Ludlow, S.C.

La reunión de trabajo fue encabezada por el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, a quien integrantes del movimiento también externaron su inconformidad porque no se presentó previamente el diseño metodológico de los trabajos ni los términos de referencia de las contrataciones; sin embargo, accedieron a mantener abierto el espacio de diálogo para dar seguimiento a los trabajos.

“El Gobierno del Estado mantiene apertura permanente al diálogo con los distintos sectores involucrados, convencidos de que la participación ciudadana fortalece las decisiones públicas”, informó la Secretaría de Gobierno a través de un breve comunicado.

Contrata Gobierno empresas para revisión 

Durante la reunión entre el colectivo ciudadano y autoridades estatales se dieron detalles sobre las etapas del proceso de evaluación y las empresas que fueron invitadas a participar en la revisión; algunas de ellas declinaron para evitar posibles conflictos de interés o por compromisos en curso.

En el caso de la evaluación legal participaron las empresas Palomar y Vizcaíno Abogados; Ríos Ferrer, Guillén, Llarena, Treviño y Rivera; CMS Woodhouse Lorente Ludlow; e IP&P Consultores, esta última argumentó compromisos en curso para declinar la invitación. El despacho seleccionado fue CMS Woodhouse Lorente Ludlow, S.C.

Para el análisis técnico se contrató a la firma Triada Diseño, Gerencia y Construcción, aunque también se invitó a las empresas Infraestructura Lidika y Cal y Mayor, Asociados; esta última declinó por un posible conflicto de interés.

En el caso de la revisión financiera, el procedimiento tuvo que reiniciarse luego de que algunas de las firmas inicialmente contempladas declinaron por diferentes razones: PWC México rechazó la invitación por no ofrecer los servicios solicitados; MTH Capital, por no convenir a sus intereses; y McKinsey México, por compromisos en curso. En el concurso permanecieron las empresas Ernst & Young y Deloitte México.

En una segunda etapa se invitó a las empresas Ikons Corp, GCE Global Solutions México, Standard & Poor’s México, Moen Consultores, MXGA México Global Alliance y TGS México Rocha; las dos últimas declinaron la invitación.

La fecha límite para recibir nuevas propuestas técnicas y económicas quedó fijada para el próximo 21 de mayo de 2026.

La evaluación que solicitó el Gobierno del Estado abarcará desde la fase de preinversión hasta el proceso de licitación y la integración de los resultados técnicos, financieros y legales, con el objetivo de determinar si la adjudicación del proyecto se sustentó en criterios adecuados de viabilidad, transparencia y competencia.

De acuerdo con el alcance de los trabajos, en la etapa de preinversión se analizará la pertinencia y justificación de optar por el esquema de concesión, así como su alineación con los objetivos de política pública en materia de conectividad, desarrollo regional, seguridad vial y calidad del servicio para los usuarios.

Asimismo, se revisarán los elementos técnicos, financieros, legales y normativos disponibles antes del inicio de la estructuración del proyecto, a fin de verificar si existía sustento suficiente para considerar viable la concesión en términos integrales.

En la fase de estructuración se evaluará si el proceso de concurso se diseñó conforme a los requerimientos técnicos, financieros y normativos aplicables, y si la licitación incorporó criterios de transparencia y condiciones que promovieron la competencia entre los inversionistas interesados.

Respecto a la etapa de licitación, el análisis buscará determinar si el desarrollo del concurso y el dictamen de adjudicación se apegaron a lo establecido durante la estructuración, y si existió certeza técnica, financiera, legal y normativa para otorgar la concesión.

En la etapa de integración, el despacho responsable consolidará los hallazgos y recomendaciones derivados de las evaluaciones complementarias en materia financiera y técnica, con el propósito de identificar áreas de mejora y asegurar la congruencia entre los distintos enfoques de análisis.

De acuerdo con las autoridades, el proceso de contratación de los despachos externos se desarrolla exclusivamente en el ámbito técnico del IPLANEG, con lo que se descarta cualquier intervención de funcionarios ajenos al procedimiento. Por ello, se explicó la presencia de la directora general del IPLANEG, Graciela Amaro Hernández, durante la reunión.

El Gobierno del Estado prevé que, una vez concluidas todas las contrataciones, se instalarán mesas de trabajo conjuntas en las que especialistas del movimiento ciudadano y peritos externos podrán revisar de manera directa la información legal, técnica y financiera, con el objetivo de garantizar transparencia y claridad sobre el proceso.

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobierno ofreció realizar una revisión “técnica y jurídica seria y responsable, orientada a brindar certeza a la ciudadanía y garantizar total transparencia”.

Una evaluación que no convence 

Durante la reunión, los integrantes del colectivo insistieron en que el mecanismo debe mantener el rigor y alcance de una auditoría integral externa, tal como fue planteado en la reunión sostenida el pasado 6 de abril con la gobernadora.

“Hubo toda una discusión fuerte; les dijimos que la gobernadora dijo que quería una auditoría… Consideramos que hay una diferencia profunda y no semántica”, explicó Carlos Arce, integrante del movimiento.

Los activistas consideraron que la ciudadanía requiere un proceso con carácter vinculante que permita delimitar responsabilidades jurídicas, financieras y técnicas ante los presuntos sobrecostos e irregularidades detectados en el otorgamiento de las concesiones al final del sexenio del exgobernador panista Diego Sinhue.

Los ciudadanos también lamentaron que el proceso ya iniciado no se les diera a conocer previamente, ni en su diseño ni en los términos de referencia para las contrataciones. Por esta razón, no se alcanzaron acuerdos definitivos sobre el alcance de la evaluación. Sin embargo, aseguraron que, por el momento, se mantendrá el espacio de diálogo construido entre las partes.

El colectivo ciudadano solicitó formalmente la entrega del informe en el cual la gobernadora se basó para defender la legalidad de la concesión y descartar la interposición de un juicio de lesividad, que es el medio legal a través del cual la administración pública demanda la anulación de una resolución administrativa favorable a un particular. Se utiliza cuando el acto emitido se considera ilegal y causa un perjuicio al Estado.

Los activistas señalaron que, para construir un entorno de confianza, es indispensable transparentar este sustento oficial con el fin de contrastarlo abiertamente con los estudios que la propia organización ha aportado.

En la reunión, además de los activistas, estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Obra Pública, la Consejería Jurídica y la Procuraduría Fiscal.