La secretaria de la Honestidad, Arcelia González, defiende la resolución sobre el presunto conflicto de interés derivado de la Casa Azul en Woodlands, Texas, propiedad de Daniel Esquenazi, habitada por el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez y su familia. Considera que se investigó de acuerdo al principio de legalidad, pero reconoce que no se preguntó a autoridades de los Estados Unidos sobre el tema de la propiedad de la empresa y la casa.

A pesar de sus afirmaciones, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato señala que el Órgano Interno de Control tiene la obligación de realizar las diligencias necesarias para la investigación exhaustiva de posibles faltas y que puede abrir oficiosamente líneas de investigación adicionales. 

“Nosotros nos tenemos que basar en los hechos y en lo que demandan. Y aquí sí, debo ser muy clara, esta denuncia viene, primero, señalando que Esquenazi es apoderado de la empresa Seguritech. Entonces, bajo esa premisa, que es la que ellos ponen en su propia demanda, es en donde basamos también los hechos y nuestra investigación. Nos constreñimos, por supuesto, con lo que dicen ellos, pero también debo decirlo: al tema de legalidad”, afirma.

La denuncia fue canalizada por el Sistema Estatal Anticorrupción en base a una denuncia anónima que retomó la investigación periodística de PopLab, la cual señala con claridad que Daniel Esquenazi es publirrelacionista de la empresa Seguritech, pero no apoderado.

La Secretaría de la Honestidad del Gobierno de Guanajuato determinó el archivo del caso desde el pasado 17 de diciembre, pero informó sobre el cierre apenas el 24 de enero, día sábado, en un boletín de prensa publicado en un solo medio de comunicación: La Silla Rota. Además, esto ocurrió durante la ausencia de la gobernadora Libia Dennise García, quien se encontraba en España para asistir a la Fitur al frente de una amplia comitiva de funcionarios del gobierno del estado y varios municipios. 

Arcelia González explicó que la resolución se dio a conocer casi un mes después para garantizar los tiempos de impugnación de quienes promovieron la denuncia; aunque ella misma informó que se trata de una queja anónima.

Agregó que, de la revisión de registros mercantiles y de información oficial, tanto a nivel local como federal, no se confirmó el señalamiento de que Daniel Esquenazi fuera apoderado legal, ni tampoco se encontró vínculo de sociedad. Sin embargo, en ese tipo de documentos no se informa del personal que labora en las empresas.

“El conflicto de interés no es una suposición ni un señalamiento social o arbitrario; tiene que ser taxativo. Taxativo quiere decir que debe estar constreñido a lo que dice la norma; si no, cada quien tendría su propia definición de lo que es conflicto de interés”, sostuvo.

El artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato dice que “Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga, por motivo de su empleo, cargo o comisión, en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal”.

El conflicto de interés es considerado una falta grave en la Ley de Responsabilidades y sus sanciones son la suspensión del empleo, cargo o comisión, sanciones económicas, inhabilitación para desempeñar cargos públicos desde uno y hasta 20 años continuos, según la falta. 

La propiedad ubicada en The Woodlands, valuada en 20 millones de pesos, está a nombre de la firma DAI LLC, de la que es representante Daniel Esquenazi, promotor de Seguritech,  pero también socio de Ariel Picker Schatz, director ejecutivo de Seguritech y sus filiales, en el viñedo Omún en Dolores Hidalgo.

De acuerdo con actas del Registro Público del Comercio, ambos son accionistas de la sociedad Rancho La Vendimia; Picker, a través de la sociedad Desarrollos Nala y Leira, y Esquenazi directamente.

En esta propiedad, ubicada en la comunidad de La Venta, en Dolores Hidalgo, el gobierno de Diego Sinhue autorizó inversiones por 120 millones de pesos en su último año, en obras asignadas directamente y sin licitación. Todas estas relaciones constan en investigaciones periodísticas documentadas.

Sin embargo, la secretaria de la Honestidad plantea que “los vínculos se tienen que acreditar… es tema de legitimación, no de especulación. Eso quiero subrayarlo. ¿Cómo se hace un vínculo? ¿Cómo se acredita un vínculo? Efectivamente, sí es apoderado, sí es socio, sí existe algún tipo de relación contractual legítima, no especulativa”.

Afirma que la investigación fue archivada temporalmente, lo que no significa que se le haya dado “carpetazo”, pues si surgen pruebas nuevas, el expediente puede reabrirse y, de acreditarse una falta grave, turnarse al Tribunal de Justicia Administrativa.

El combate a la corrupción fue uno de los compromisos de gobierno destacados al inicio de la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, objetivo para el que se creó un Código de Ética y Honestidad para la Administración Pública Estatal (diciembre de 2025) y un Manifiesto contra la Corrupción, firmado por la propia jefa del Ejecutivo. 

“No hubo prisas ni simulación” 

Frente a la polémica por el archivo del caso de la Casa Azul, la secretaria de la Honestidad asegura que no hubo simulación, prisa ni consigna política, sino un procedimiento ceñido estrictamente a la ley.

“No tenemos ninguna instrucción ni legal ni de otra índole. El principio de legalidad, que es fundamental, es el que nos rige. Por supuesto, legalidad, autonomía, imparcialidad, todos esos que están sostenidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas”, enfatiza.

Insistió en que la investigación se estructuró bajo el señalamiento de que Daniel Esquenazi sería apoderado legal de Seguritech; por ello, se consultaron datos del Registro Público de Comercio y de la Secretaría de Economía, información que, dijo, no se confirmó.

Detalló que las indagatorias se realizaron entre julio y diciembre y que durante ese tiempo también se verificó si DAI LLC, registrada en Colorado en marzo de 2020, había sido proveedora del Gobierno del Estado, lo cual fue descartado. 

Incluso, afirmó que la revisión se amplió a otros vínculos mencionados públicamente, como el caso del viñedo en Dolores Hidalgo, sin que se encontraran elementos jurídicos que acreditaran una relación. 

Aunque, al ser cuestionada sobre si se solicitó información a las autoridades del estado de Texas o Colorado, evadió y reafirmó que solo se hicieron las verificaciones con los gobiernos federal y local.

“Nosotros, ¿qué hicimos? Investigamos si esta empresa (DAI, LLC) había sido proveedora del gobierno y no lo es. Eso es lo que sí investigamos… nosotros lo que hacemos es solamente constreñirnos a lo que nosotros podemos, en el ámbito de nuestra competencia”, recalcó.

En materia de investigaciones, la Ley de Responsabilidades establece, en el capítulo segundo, del artículo 94 al 101 que se extiende a otro capítulo relacionado con la calificación de faltas, los protocolos y las atribuciones de las autoridades investigadoras para citar a presuntos sujetos de investigación o a entes que consideren necesario requerir. Asimismo, contempla mecanismos como multas, el uso de la fuerza pública o arresto hasta por 36 horas contra personas físicas o morales.

Arcelia González acepta que la percepción pública ha sido distinta porque, para algunas  personas, el caso se cerró “demasiado rápido”, con el argumento de que en otros casos la secretaría suele tardar más en resolver asuntos de menor perfil.

“El asunto no es cerrar o dar carpetazo, no es formalmente un archivo. Si hay elementos nuevos, nosotros lo llamamos prueba superveniente; si aparecen, nosotros volvemos a investigar. Eso no es limitativo. Nosotros no estamos protegiendo a nadie de ninguna manera. Hacemos nuestro trabajo de manera legítima”, enfatizó.

La Ley de Responsabilidades establece que, si durante una indagatoria el Órgano de Control advierte indicios de otros hechos involucrados, deben ampliarse las líneas de investigación.  Adicionalmente, el Manual de Actuación de las Autoridades Investigadoras y Sustanciadoras de la Alianza de Contralores de Guanajuato, publicado en 2021, señala que las denuncias o quejas que puedan ser constitutivas de responsabilidades administrativas deben ser investigadas en su totalidad.

La reglamentación establece que deben agotarse todas las líneas de investigación y garantizarse la exhaustividad, la eficiencia en la investigación y la integridad de los datos y documentos. Diputados y ciudadanos han coincidido en que no se llevó a cabo una investigación de fondo.

En el Manifiesto por la Honestidad, la gobernadora se comprometió a erradicar todo acto de corrupción. Como parte de un decálogo de gobierno, se aseguró que no habría cabida para actos deshonestos, conflictos de interés o conductas poco éticas. 

Entre relevos y reservas 

El archivo del expediente fue firmado por el exdirector jurídico de la dependencia, Juan Manuel Martínez Muñoz, antes de ser removido del cargo por el coordinador general jurídico del Gobierno del Estado, Alejandro Sierra. Actualmente, el responsable del área es Roberto Ávila García, ex magistrado del Poder Judicial estatal y cuñado del ex fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

La Dirección de Investigación cuenta con tres coordinadores —A, B y C—, de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento Interior de la dependencia. La Dirección B es encabezada por Mariana Rocha Belmonte, otra abogada cercana a Alejandro Sierra. De la coordinación A es titular Patricia Cabrera Hidalgo y de la C, Luis Miguel Sánchez Hernández. 

La secretaria sostuvo que el responsable de la investigación, sustanciación y resolución está bajo la coordinación del director jurídico, quien tiene un equipo de 33 abogados y abogadas.

Aceptó que las resoluciones pueden no gustar, pero consideró que están sustentadas jurídicamente. “Yo no podría dar la cara si no estuvieran bien fundadas”. Agregó que durante el mismo lapso en el que se recibió la denuncia de la Casa Azul se recibieron 435 denuncias, de las cuales 182 siguen en curso y el resto han sido resueltas.

“Hay asuntos que por su interés llaman más la atención… Cuando nosotros llegamos había un proceso mucho más lento, había procesos que no se archivaban y se dejaban abiertos; dejarlos abiertos sin ninguna investigación y ningún dato extra también es una irresponsabilidad y, así como este, otros tantos, al no existir más elementos, se archivan”.

La funcionaria estatal resaltó que la difusión de la resolución ocurrió de la manera en que se dio debido al anonimato de la persona denunciante, pues se debe realizar una notificación.

“Esto dificulta un poquito, por el hecho de ser anónimos, a dónde o cómo le hacemos la notificación, incluso por términos legales. Ellos tienen derechos; quien haya sido la persona tiene derecho a medios de impugnación; entonces nosotros tenemos que guardar el debido proceso y esto nos constriñe a 10 días después; hubo días inhábiles… no hubo dilación ni tardanza”, argumentó.

Y por esta misma razón, dijo que el expediente permanece reservado al legítimo interés, es decir, a la persona que presentó la denuncia. “Por los términos legales, esto obliga a que el interesado o la interesada, quien haya puesto la denuncia, tenga acceso al expediente; de lo contrario, estaríamos vulnerando su derecho a los medios de impugnación”.

Arcelia González acepta que este anonimato sí implica complicaciones legales y asegura que, por este motivo, se le debe dar un manejo cuidadoso, pero sugiere que podría tratarse de una modificación legal que debería reflexionarse a nivel legislativo, así como lo relativo a la progresividad, la protección de los derechos humanos y el debido proceso.

“Las leyes son perfectibles… también es reflexión para los propios legisladores, para los abogados; nuestro ámbito será de acuerdo con la ley”, concluyó.