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Para evitar el escrutinio del Consejo General, el rector se excusa de seguir presidiendo órganos de gobierno en el proceso de elección de la nueva rectoría. Se oficializa en sesión, la candidatura de cinco personas
Para evitar la recusación solicitada por aspirantes a la rectoría general, Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, decidió excusarse de seguir participando como presidente en los órganos de gobierno que tendrán la determinación de decidir sobre la designación de la próxima rectoría, lo que al mismo tiempo destapó el control que tiene sobre el Consejo General Universitario.
Esto ocurrió en la misma sesión, en la que el consejo aprobaron las candidaturas de los cinco aspirantes que se registraron para participar en el proceso de designación de la persona titular de la rectoría general.
Una abrumadora mayoría agripinista salió en defensa del rector y también de la secretaria general, Cecilia Ramos Estrada, quien solicitó licencia a su cargo mediante un oficio, pero negó estar operando a favor Claudia Susana Gómez, directora de la División de Ciencias Económico Administrativas (DCEA). La favorita de Agripino.
Integrantes del consejo señalaron a los tres rectores de campus que promovieron la recusación porque dicen que al ventilar los asuntos universitarios buscan “meter en crisis de ingobernabilidad a la Universidad de Guanajuato” y “debilitar la vida democrática de la colmena”. De entre ellos, sólo surgió la voz disidente de un estudiante que sostuvo que en la institución hay censura y poca tolerancia a ideas contrarias.
Niega Agripino parcialidad a favor de candidata; delega presidencia a operadora
La sesión de Consejo General Universitario comenzó con la notificación de la solicitud de licencias de la secretaria general de la Universidad de Guanajuato, Cecilia Ramos Estrada, dada a conocer mediante un oficio por el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino.
La funcionaria argumentó en el documento que su separación estaba motivada por los señalamientos de los rectores de campus Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera (Campus Guanajuato), Carlos Hidalgo Valadez (Campus León) y Armando Gallegos Muñoz (Campus Irapuato). Dos días antes, los tres funcionarios denunciaron guerra sucia y operación política a favor de Claudia Susana Gómez López, directora de DCEA y aspirante a la rectoría general.
Tras informar sobre esta determinación y la autorización de la licencia, el rector propuso el nombramiento de la rectora del Campus Celaya-Salvatierra, Graciela María de la Luz Ruiz Aguilar, para ocupar el cargo. La propuesta no se sometió a votación por ser facultad del rector general la autorización de estas designaciones.
La sesión se retomó y Guerrero Agripino abordó la solicitud de recusación realizada para él por los rectores. Acusó que para sustentar esta petición no se presentaron pruebas ni explicaciones y lo tomó como descalificaciones hacia su actuación como presidente del Consejo General y la Comisión Especial.
Negó que exista sesgo a favor de una candidata en particular y que se esté orientando el aparato institucional a su favor, pero antes de aceptar la votación de la solicitud, informó que ejercería el derecho de excusarse de participar en el proceso.
“Apelo entonces a la figura de la excusa para excusarme de presidir este órgano de gobierno, el Consejo General Universitario y la Comisión Especial y todas la actividades que de ahí se deriven mientras dure el proceso de selección de la persona titular para ocupar la rectoría general del periodo 2023-2025; lo aclaro, mientras dure el proceso”, puntualizó.
Sin embargo, rechazó aceptar las acusaciones y argumentó que su decisión está relacionada con sus valores y para evitar desvirtuar la atención en un asunto no prioritario para la institución.
“Niego categóricamente la imputación que se me hace, la niego con toda la firmeza, no acepto que mis actos sean parciales y que pongan en riesgo la imparcialidad…lo hago por los siguientes motivos: el primero de ellos es porque en la conducción de mi vida hay una actitud, un valor que para mí tiene un enorme significado, en todos los actos de mi vida y me refiero al respeto mi y me refiero al respeto a las personas y a las instituciones, considero que para respetar a las demás personas y a las instituciones, primero hay que respetarnos a nosotros mismo, ejerzo mi derecho de respetarme a mí mismo y no someterme a una valoración de esta índole”, dijo.
“...Lo hago también porque considero que justo en esta etapa del proceso que va iniciando, no merece la pena que este honorable Consejo General Universitario desvirtúa y focalice su atención en un asunto en donde se puede orientar de otra manera. Tengo una certidumbre, que independientemente de la actualización de una posibilidad u otra, perdería la universidad de Guanajuato y yo creo que la universidad de Guanajuato no merece esto, por eso con toda la firmeza ejerzo mi derecho a excusarme”, agregó.
Después, el rector general se despidió del consejo y salió del salón. Por trámite técnico, la rectora del Campus Celaya-Salvatierra tomó la presidencia y propuso a Martín Picón Nuñez, de la División de Ciencias Naturales y Exactas, como secretario técnico del consejo.
Agripinismo ventila deseos de elección cerrada y ataca disidencia
Consejeros universitarios levantaron la mano para manifestarse tras la formalización de la separación de la presidencia del Consejo y la Comisión Especial del rector y la secretaria general; la mayoría de ellos, en defensa de una conducción imparcial de estos directivos y en desaprobación de la postura crítica que asumieron los tres rectores de campus, al evidenciar operación política a favor de Claudia Gómez.
Las posturas evidenciaron la abrumadora mayoría que tiene el rector general sobre este órgano de gobierno y también la creencia de algunos integrantes sobre que el proceso de designación y los conflictos universitarios debería realizarse de forma cerrada.
“Para eso tenemos nuestra normatividad, sin embargo, se están ventilando por diferentes medios y el daño que puedan llevar esto…aquí ya se hizo un daño moral que no se sabe cuánto tiempo tarde en recuperarse, la difusión que le hace daño a la universidad, nadie ha pensado en las consecuencias, porque porque nada más han pensado en el ego propio, en los intereses personales, no han pensado en el beneficio de la universidad, en ese sentido van mis palabras y espero que este proceso llegue a buen fin”, expresó el consejero Gilberto Carreño.
Otras académicas como Rosaura Arreguín y Gloria Carmona, acusaron descalificativos, infundios y calumnias y tacharon las denuncias de los tres aspirantes a la rectoría general como intentos de meter en una crisis de ingobernabilidad a la Universidad de Guanajuato.
“Todos los que estamos aquí sabemos cual es la calidad de la persona que tenemos como rector, todos y cada uno hemos vivido momento difíciles, momentos fáciles, no es posible que en un mes se tenga que venir abajo la figura de un rectorado y de un rector y de nuestra secretaria académica”, señaló Rosaura Arreguín.
“Se podrán decir muchos descalificativos, algunos sin sustento o todos sin sustento, en su contra, infundios que como lo hemos visto se han difundido en redes sociales, pero estoy segura y convencida de que son calumnias y falsedades e intentos que en nada abonan a nuestra universidad; al contrario, debilitan la vida democrática de nuestra querida colmena legendaria”, subrayó por otro lado Gloria Carmona.
Eduardo Pérez Alonso, profesor integrante de la Comisión Especial, defendió el trabajo realizado en este órgano, en esta postura lo secundaron dos estudiantes del Nivel Medio Superior que también defendieron el prestigio del rector general.
En la sesión también hubo pronunciamiento para defender las aspiraciones de la directora de la División de Ciencias Económico Administrativas, Claudia Susana Gómez. Ella misma envió una carta a través de representante de esta unidad académica, en la que señaló como una alianza sospechosa la que han formado los tres rectores de campus.
Dignifican estudiantes a la comunidad y afirman que en la UG no se respetan opiniones diferentes
La única voz disidente que surgió durante la sesión de Consejo General Universitario fue la del joven Armando Herrera Navarrete, quien frente a académicos, administrativos y autoridades universitarias, recordó que el desprestigio del rector general se debe a la acumulación de cuatro años de malas decisiones.
“Es producto de que casi en cuatro años de distancia del histórico paro que tuvimos en 2019, donde muchas y muchos de nosotros fuimos partícipes incluso en la prepa, mostramos que en nuestra universidad no se respetan las opiniones diferentes, en nuestra universidad muchas veces la simulación en los órganos de gobierno, hay mucha y muchos de nosotros que tenemos miedo”, expresó.
Aseguró que en la institución existe persecución y censura por las opiniones diferenciadas y replicando las palabras del rector, llamó a los consejeros a proteger la autonomía universitaria, tanto de vulneraciones internas como externas.
También les recordó que como consejeros representan a la comunidad universitaria y los exhortó a escucharla, pues dijo que fuera del consejo hay personas que desaprueban las decisiones que durante los últimos cuatro años ha tomado Luis Felipe Guerrero.
“No estamos representando un voto personal, muchos lo vemos, muchos lo pensamos, pero muy pocos lo decimos…los estudiantes necesitan que las cosas sean mejor, que no sea el compadrazgo, el amiguismo”.
También les recordó el privilegio que como funcionarios y colaboradores formales de la universidad tienen mientras el estudiantado carece de protección y se expone a represalía al expresar su desacuerdo.
Un grupo de estudiantes, encabezados por el mismo joven, presentaron una solicitud de investigación a la Contraloría General por el allanamiento cometido por el rector general y otras autoridades universitarias a la instalaciones del periódico Correo y porque no se han acatados las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos en este caso.El oficio fue dirigido a la Comisión Permanente de Honor y Justicia del Consejo General Universitario, aunque la investigación por conductas imprivas y violatorias del Código de Ética de la institución debería correr a cargo de la Contraloría Interna.
28 de julio de 2023, 15:43
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