Autoridades de la Universidad de La Salle Bajío cometieron violencia de género e institucional al desproteger y revictimizar a Isabella, exalumna de Diseño Industrial, quien fue víctima de agresiones físicas y psicológicas perpetradas por otro estudiante. 

El caso llegó hasta el ámbito federal, donde el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, determinó las omisiones de esta casa de estudios, pese a que la institución cuenta con un protocolo de prevención y atención desde el año 2020. Para Verónica Cruz, directora de Las Libres, la conducta de las autoridades universitarias pone en la mira el papel de la Secretaría de Educación de Guanajuato para exigir la existencia y eficacia de mecanismos de acción. 

“Cualquier escuela privada tendría que demostrarle a la SEG que tiene la capacidad de prevenir, proteger, atender y sancionar la violencia contra las mujeres”, cuestionó la defensora, que acompaña a la joven víctima que encaró a su alma mater. 

Este lunes, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por la organización Las Libres, Isabella, quien cursó la licenciatura en La Salle entre 2020 y 2024, hizo de conocimiento público que, desde el año 2022, la coordinadora de la carrera y el propio rector de la universidad, Enrique González Álvarez, fueron enterados a través de un escrito de la conducta violenta e “inestable” del alumno Giancarlo, con quien la joven mantuvo una relación sentimental que concluyó en aquel año. 

En 2024, tras un intento de estrangulamiento cometido por Giancarlo durante una celebración de fin de cursos, Isabella lo denunció penalmente y obtuvo una orden de restricción de la Fiscalía Estatal. Sin embargo, las autoridades universitarias permitieron al agresor continuar dentro de la licenciatura en un grupo distinto al de la víctima. 

“Estamos ante una profunda normalización de violencia de género y una cultura de impunidad que está prevaleciendo en las universidades, ella hizo lo que el sistema le pide a la víctimas que realicen, denunciar, confiar en las instituciones, confiar en el sistema de justicia, y la fiscalía dictó medidas de protección para el agresor que no podía acercarse a ella por ningún medio. Sin embargo, la universidad decidió ser omisa”, señaló Paola Fernández, abogada del Centro Las Libres. 

En aquel momento, las autoridades universitarias argumentaron que la agresión ocurrió fuera del campus y que Giancarlo tenía derechos como estudiante. Pese a que Isabella insistió mediante un escrito que el reglamento de la institución “no podía estar por encima de la ley ni de la seguridad física y psicológica de una alumna”, no hubo otra acción que le brindara protección. 

Para Paola Fernández, la institución “decidió de manera deliberada mirar hacia otro lado y tomar el bando del agresor” con el argumento de proteger su derecho a la educación, “siendo que no estaba tomando en cuenta el derecho de la propia Isabella y el derecho que tenemos todas las mujeres de vivir una vida libre de violencia en cualquier tipo de espacio”, puntualizó. 

En mayo de 2024, con el respaldo de su familia, la joven decidió presentar una demanda de amparo contra la Universidad de La Salle, con el objetivo de ver respetado su derecho a una vida libre de violencia. 

“Fue entonces cuando se vieron obligados a que el agresor tomara clases en línea, asegurándole que no se preocupara por faltas, tareas o exámenes, que la universidad lo apoyaba”, narró Isabella en rueda de prensa. 

Pese a que la universidad cedió ante la presión judicial, en los alegatos presentados durante el juicio la institución buscó eludir su responsabilidad de garantizar la seguridad de Isabella, al culpabilizarla por haber sostenido una relación con Giancarlo. 

“Sufrí revictimización directa de la Universidad La Salle Bajío, en respuesta al amparo, contestó que la situación era mi culpa por haberme involucrado con él y por haber asistido a la fiesta, por otra parte, sostuvo que no es fácil que una persona con mis características pueda ser víctima de acoso, “pues ante mi inteligencia, habría actuado con rapidez para impedirlo” como si buscara eximir al agresor”, lamentó Isabella. 

Aunque, en opinión de la abogada Paola Fernández, la universidad tenía derecho de defenderse durante el juicio, la institución “optó por responsabilizar a la víctima haciendo señalamientos tales como que con su inteligencia no debió haberse vinculado con una persona violenta como él”. 

Sentencia marca un precedente: Las Libres

Aunque en aquel momento, el entonces el ex Juez, Ulises Fuentes Rodríguez, entonces titular del Juzgado Cuarto de Distrito donde recayó la demanda de amparo, reconoció la violencia ocurrida en el entorno universitario, no ordenó ninguna acción “con perspectiva de género” a la institución. Por ello, Isabella presentó un recurso de revisión el febrero pasado que derivó en una resolución que revela la inexistencia de una ruta de acción dentro de La Salle para atender y prevenir la violencia contra las mujeres. 

“No es suficiente con que se establezca que la justicia ampara a la víctima, sino que la respuesta tiene que tener un sentido en función de la protección de la víctima. Derivado de la respuesta que da el Juzgado de Distrito a esa revisión, se le ordenan dos medidas específicas a la universidad. Esa sentencia es contundente, porque reconoce que la violencia de género se da en espacios relacionales, sociales y comunitarios, y que por ende, la violencia que sufre una mujer repercute en toda la comunidad”, explicó la abogada Paola Fernández. 

Fue el pasado 24 de julio, cuando el Magistrado Serafín Salazar Jiménez ordenó a la Universidad De La Salle elaborar un plan de acción en casos de violencia de género y que este sea socializado con el personal académico y administrativo. Además, la institución deberá realizar una campaña de difusión donde se aborde la nocividad de este tipo de conductas, en aras de procurar una cultura de intolerancia a la violencia contra las mujeres. Ambas medidas deben ser cumplidas entre el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026. 

“Hoy tenemos la oportunidad de exigirle a la universidad que cumpla con su obligación y que respete a la autoridad, porque ese inculmpliento tiene consecuencias que pueden ir desde un apercibimiento hasta una denuncia ante la Fiscalía General de la República”, advirtió Paola Fernández. 

Este lunes, luego de la rueda de prensa, la universidad difundió a través de sus redes sociales un comunicado en el que anunció la implementación de “acciones que abonan a los efectos emitidos por la autoridad”, aunque sin detallar dichas medidas. Asimismo, la institución reiteró su compromiso en la mejora de los protocolos de atención y prevención ante casos de violencia de género o situaciones que vulneren los derechos humanos dentro de su comunidad. 

"En esta institución fomentamos ambientes basados en el respeto, la armonía, confianza y todos los valores y principios plasmados en nuestro ideario Lasallista. Reafirmamos nuestro compromiso con la dignidad, la seguridad y el respeto de todas las personas con la finalidad de generar acciones que permitan garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en nuestra comunidad", señala el comunicado.

Exigen intervención de la SEG

Para Verónica Cruz Sánchez, directora de Las Libres, la respuesta errática de La Salle es sólo un ejemplo de lo que ocurre dentro de los espacios universitarios, que aunque cuentan con distintos protocolos, en la práctica no son efectivos ni suficientes. En este sentido, la defensora sostuvo que es obligación de la Secretaría de Educación de Guanajuato, como máxima autoridad en la entidad, el supervisar el cumplimiento de dichos mecanismos en instituciones públicas y privadas. 

“Es una obligatoriedad como el las empresas, que aunque sean privadas, tienen la obligación de cumplir con este mandato ante la Secretaría del Trabajo, así las universidades están sujetas a una revisión permanente por parte de la SEG para estar dando clases. ¿Cuál sería nuestro ideal? Que incluso, el hecho de favorecer un espacio libre de violencia para las mujeres sea uno de los requisitos para que esas universidades puedan dar clases”, señaló la defensora.