La iniciativa presidencial para una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha sido calificada por diversos actores como una "ley censura". Sin embargo, esta visión reduce y tergiversa el debate público sobre uno de los avances más significativos e históricos que propone: la recuperación de los derechos de las audiencias.

Desde hace años, particularmente desde 2016, estos derechos han estado bajo fuego constante.

Recordemos que fue precisamente en diciembre de ese año cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó su proyecto de lineamientos para hacer operativos estos derechos, lo que provocó una reacción feroz, basada en mentiras, por parte de la industria de la radio y la televisión, respaldada entonces por el gobierno de Enrique Peña Nieto y legisladores del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano.

Los grandes grupos mediáticos, legisladores y columnistas afines consideraron un retroceso en la libertad de expresión la obligación de diferenciar la información de la opinión, aunque en el fondo lo que les molestaba es la obligación, establecida en la Constitución, de no presentar propaganda y publicidad como información periodística y noticiosa, porque precisamente eso va en contra de uno de sus negocios más lucrativos: la venta de noticias o entrevistas al mejor postor. La información como mercancía.

La presión política y mediática fue muy intensa, pero por lo visto fue insuficiente para sus fines. Fue así que el mismo gobierno de Peña Nieto promovió una controversia constitucional en contra de varios artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, que esa misma administración impulsó. La anunció en una conferencia de prensa encabezada el 31 de enero de 2017 por el entonces consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos.

A su vez, la mesa directiva del Senado se sumó al “show” el mismo día con otro recurso similar en contra de una ley que, claro, ese mismo poder aprobó.

¿La consecuencia? El IFT se doblegó y suspendió la puesta en vigencia de los lineamientos en febrero de aquel fatídico año.

Sin embargo, ante la posibilidad de que la Suprema Corte no resolviera en un sentido positivo los recursos de inconstitucionalidad de Presidencia y el Senado, tres meses después (abril de 2017), el Congreso dio cauce a un proyecto elaborado por integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y aprobó una contrarreforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que debilitó gravemente la tutela efectiva de estos derechos. Los propios concesionarios se convirtieron entonces en juez y parte en una autorregulación que en los hechos significó el abandono real de las audiencias y sus derechos.

Desde entonces, defensorías de las audiencias emprendimos una lucha jurídica para revertir esta regresión. También 47 senadoras y senadores de diferentes partidos políticos promovieron en noviembre de 2017 una acción de inconstitucionalidad por violaciones al procedimiento legislativo y por el retroceso que implicaría para los derechos de las audiencias.

Y aunque diversos tribunales y la Suprema Corte de Justicia nos dieron años después la razón al declarar inconstitucional lo que se hizo en 2017, la industria mediática dilató la aplicación de las sentencias mediante recursos legales y campañas mediáticas plagadas de mentiras.

También el IFT postergó artificialmente la obligación de revivir o elaborar nuevos lineamientos de los derechos de las audiencias. Sin embargo, a fines del año pasado, luego de numerosos exhortos del poder judicial para el cumplimiento de la sentencia, cumplió con elaboración, publicación y aprobación de un nuevo proyecto que paradójicamente solo satisfizo a la industria, justo por su intrascendencia. De esto escribimos en PopLab a principios de este año.

Es en este contexto que la iniciativa actual, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un antes y un después en esta materia y que contrasta notablemente con la colusión política-empresarial que imperó en el sexenio de Peña Nieto.

“Toda la vida hemos luchado contra la censura”, dijo la titular del Poder Ejecutivo la semana pasada. Y agregó:

“¿Cómo creen que voy a llegar a la Presidencia a promover la censura? Pues no, al revés, se fortalece la libertad de expresión, el derecho de las audiencias, que es algo que quedó en segundo término, ni siquiera se reconoció como tal en una modificación que se hizo en 2017 derivado de una resolución de la Corte. Hoy se recupera el derecho de las audiencias.”

Y así es. A diferencia también de lo ocurrido en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy se plantea con seriedad restablecer plenamente estos derechos y se alinea esta política pública con una perspectiva de derechos humanos en otros ámbitos, como el acceso asequible a servicios de telecomunicaciones e Internet.

Por supuesto, el debate generado sobre todo en torno al controvertido artículo 109, que abría la posibilidad de bloquear plataformas digitales (pero que ya se ha dicho que se expulsará del proyecto), se ha convertido en el pretexto perfecto para que grupos mediáticos dominantes relancen su ofensiva. Televisa, TV Azteca y otras empresas replican ahora la misma estrategia de desinformación que ya utilizaron en 2016 para atacar la iniciativa de la presidenta.

Por ello, es indispensable estar atentos a que en las modificaciones que aún puedan venir en el dictamen no exista un retroceso en los derechos reincorporados. Es fundamental que la sociedad, las organizaciones civiles, los defensores de derechos humanos y las audiencias mismas exijamos la continuidad y fortalecimiento de estos avances. No dejemos que los intereses comerciales y políticos borren nuevamente lo que ha costado tantos años recuperar. La defensa de las audiencias no es censura, es democracia y es fortalecimiento de los derechos humanos.

NAVEGANDO POR EL ÉTER

Nueva ley de servicios digitales. Y después de sacar adelante la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el Poder Ejecutivo y el Congreso deben trabajar en una legislación integral sobre servicios digitales que considere, entre otros temas, los derechos de las audiencias y la inclusión en el mundo digital. Es cada vez más urgente establecer un marco que proteja a las audiencias frente a la desinformación, los discursos de odio y otras amenazas digitales que vulneran sobre todo los derechos de niñas, niños y adolescentes. El senador Javier Corral ya esbozó algunas ideas al respecto durante los conversatorios que se desarrollaron la semana pasada en la Cámara Alta. México no debe quedarse atrás ante los avances que en ese ámbito ya se tienen en países europeos y en Brasil.

Cumple 10 años el Observatorio de Medios de la UNAM. Y para referirse a los logros y aportes de esta herramienta de análisis mediático, el próximo jueves el programa Media 20.1 de TV UNAM tendrá como invitada a Concepción Estrada, catedrática de la FES-Aragón y coordinadora del Observatorio. La cita es a las 21:00 horas en el canal 20.1 de TV abierta y en las cuentas de TV UNAM en Facebook y Youtube. La repetición es el sábado en el mismo horario.