Por Paulina Rosales

El gobernador panista de Querétaro Mauricio Kuri González justificó la entrega de cuatro mil millones de pesos a la empresa Seguritech, S.A de C.V., el cual se realizó sin licitación y cuyos detalles se encuentran reservados, como reveló una investigación de Poplab.

En la conferencia semanal, realizada en el municipio de Amealco, el gobernador argumentó que desde su primer informe hizo público el proyecto de seguridad que tendría una inversión de 4 mil millones de pesos y que incluyó la construcción del edificio denominado “Rhino” para la Policía Estatal (PoEs). 

De acuerdo con Kuri González, la construcción de dicho inmueble para la PoEs era necesaria, al estar anteriormente en una bodega que le pertenecía a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). 

“Si es mucho o poco, no lo sé, pero yo le voy a seguir apostando lo que pueda a seguridad. Esta empresa que fue la que ganó la licitación, es una empresa que trabaja con muchísimos gobiernos, desde hace muchos años, de todos los partidos. Nos quedaron bien, en tiempo y forma”, justificó. 

Las contradicciones del gobernador

Aunque Mauricio Kuri aseguró que la licitación a Seguritech fue “abierta”, Lynda Rangel Luna, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, corrigió posteriormente y aclaró que se trató de una licitación directa por excepción, al tratarse de un tema de seguridad, tal como lo publicó Poplab al dar a conocer la asignación a Seguritech al inicio del actual gobierno.

“Básicamente siempre en un tema de seguridad es abierto por excepción, la ley te lo enmarca y te lo encuadra. No podemos dar todos los detalles. Básicamente, todo está en transparencia”, señaló la funcionaria. 

La Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado señala que la Oficialía Mayor podrá realizar una adjudicación directa, cuando en un procedimiento de licitación pública se ponga en riesgo la seguridad del estado o de los municipios. 

Dentro de los argumentos del gobernador para justificar la designación de Seguritech estuvo que el 80% de la población señala como la principal problemática la seguridad, además de que las cámaras de seguridad y los drones “ayudan mucho” para prevenir los delitos. 

“Vamos a seguir invirtiendo en seguridad. Acabamos de autorizar un aumento del veintitantos por ciento en el sueldo de los policías investigadores en la Fiscalía. Acabamos de autorizar un nuevo comedor en la Policía de Investigación, un nuevo lugar para la investigación (...)”, añadió.

Con respecto al incremento de delitos relacionados con el robo de combustible, el mandatario estatal se desmarcó, señalando que éste es un “tema federal”, pero el estado “ha hecho mucho al respecto” para bajar la incidencia. “Hasta el momento, no hemos tenido ninguna denuncia (sobre) el hecho de que estén haciendo, que le compren las gasolineras a la gente que vende huachicol, o algo así. Hasta el día de hoy”. 

Violaciones a derechos humanos y represión, la otra cara

Durante la conferencia, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Iovan Pérez Hernández, argumentó que desde la operación de la sede “Rhino” se duplicaron las herramientas de videovigilancia del Sistema Estatal, pues los equipos pasaron de cinco mil 600 a 11 mil. 

“Más de seis mil se integraron en el último año y medio desde la creación del complejo Rhino y el Centro de Mando”, añadió. 

El funcionario estatal también mencionó que realizan cerca de 541 operativos por mes y aseguró que éstos han implicado una reducción en delitos como el homicidio doloso en un 13%, durante el primer semestre del 2025 y un 36% en los delitos patrimoniales con violencia.

Asimismo, mencionó que con la actual estrategia de seguridad, tienen una proyección de reducción de delitos arriba de un 10% al año “muy contrario a lo que pasa en el escenario nacional”. 

No obstante, el periodo de Pérez Hernández también se ha enmarcado por denuncias de violaciones a los derechos humanos. 

El edificio de “Rhino” está ubicado en Paseo 5 de Febrero, donde anteriormente estaba la Comisión Estatal de Aguas (CEA). En este espacio, el 10 de junio del 2022, fue reprimida una manifestación que convocó la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi) y que buscaba la derogación de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, al considerar que daba paso a la privatización del recurso hídrico. 

La Defensoría de los Derechos Humanos del Estado (DDH) emitió una recomendación por dicha represión, al considerar que se violaron los derechos humanos de reunión pacífica, libertad personal, integridad personal, legalidad y seguridad jurídica.

El expediente (254) 1/2023 se dirigió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya encabezada por Pérez Hernández y a la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social, cuyo titular era Erick Gudiño. Éste último fue designado posteriormente Secretario de Gobierno del Estado y, ahora funge como enlace con las autoridades federales para el proyecto del tren México-Querétaro.

En el 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 153VG/2024 al gobernador y al fiscal general, entonces Alejandro Echeverría Cornejo, por violaciones graves a los derechos humanos derivadas de actos de tortura, detenciones arbitrarias y afectaciones contra la comunidad de Escolásticas, ocurridas el 13 de junio del 2023. 

El pasado 4 de junio, el Concejo indígena del gobierno de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, denunció la detención arbitraria de activistas en defensa del territorio. Cuatro jóvenes fueron víctimas de tortura, mientras que la activista Estela Hernández fue detenida, al realizar labores de documentación, y fue víctima de violencia física y sexual por parte de elementos de la Policía Estatal (PoEs).

Estela es hija de Jacinta Marcial, mujer indígena quien junto con otras dos fue acusada falsamente en 2006 por la entonces Procuraduría General de la República de secuestrar a tres elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y finalmente fueron liberadas; en 2017 el entonces procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, emitió una disculpa pública hacia las tres mujeres indígenas.