El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción presentó su informe de otro periodo sin resultados concretos en el combate a abusos y excesos de servidores públicos, mientras en el Congreso del estado se destapaba otra irregularidad del gobierno de Diego Sinhue: la entrega en comodato a la automotriz Mazda en Salamanca, un proceso indebido que será denunciado penalmente por Morena.

Al margen de la ley y solo seis meses antes de terminar el sexenio de Rodríguez Vallejo, el Gobierno de Guanajuato entregó en comodato a Mazda un terreno de poco más de 8 mil metros cuadrados; ahora, la gobernadora Libia García llevó al Congreso estatal la propuesta para formalizar la donación a la empresa, pero evitó observar la irregularidad en el trámite hecho por su antecesor. 

La entrega del terreno en comodato a Mazda se suma a la lista de denuncias por presunta corrupción en las que se ha señalado al gobierno de Diego Sinhue Rodríguez. 

En junio pasado, el Comité de Participación Ciudadana (CPC), en su calidad de organismo de representación ciudadana, dio parte a instancias como la Secretaría de la Honestidad y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de distintas denuncias ciudadanas relacionadas con la residencia del ex gobernador, Diego Sinhue, en Houston, derivadas de una investigación periodística realizada por POPLab. Hasta el día de hoy, los comisionados sólo han sido notificados de que las investigaciones siguen en curso, sin datos sobre algún avance.

Frente a un sistema anticorrupción en Guanajuato que no refleja avances contundentes, la Fiscalía General del Estado fue sede de la VIII Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción del país que reunió a 25 fiscales anticorrupción de diferentes estados, incluido Marco Antonio Medina Torres, a quien se ha evidenciado porque no judicializa las denuncias. 

En el corte de caja del presidente saliente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, Giovanni Appendini Andrade, se celebró una mayor vinculación con los 46 municipios del estado, pero ninguna sanción por presuntos hechos de corrupción señalados por este órgano cuyos integrantes se han empeñado en defender sus salarios, superiores a los 95 mil pesos mensuales.

 El sueldo de los comisionados ha sido un tema reciente de discusión en la Junta de Coordinación Política del Congreso local, donde diputado del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, solicitó se retire la contraprestación por falta de resultados. 

“Yo por supuesto que me opongo incluso por un punto de vista hasta de derechos humanos, pensar que el ciudadano tenga que hacer el trabajo gratis cuando ellos (diputados) cobran y cobran bastante bien, me preocupa que el tema central sea la contraprestación”, respondió Appendini Andrade en entrevista para POPLab. 

La línea que separa a este organismo de naturaleza ciudadana, de los entes gubernamentales con los que coadyuva en la mejora de prácticas gubernamentales contra la corrupción, se desdibuja con la llegada a la presidencia de Alejandro Armando Ramírez Zamarripa, comisionado que ha forjado una trayectoria desde la abogacía en la academia, pero también en el servicio público. 

El comisionado, que llegó al CPC en 2021 tras ser nombrado por la mayoría del Congreso local en aquella legislatura, laboró previo a su nombramiento en la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Gobierno, cuando la hoy gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, era secretaria de aquella dependencia gubernamental.  En aquel periodo, Alejandro Ramírez Zamarripa fue subordinado directo de Alejandro Sierra Lugo, actual titular de la Consejería Jurídica del estado. 

En una de sus últimas entrevistas como presidente del CPC, Giovanni Apendinni respaldó la formación profesional de su homónimo, y sostuvo que ningún comisionado “ha estado sometido a una presión por parte de la autoridad”. 

“Alejandro es una persona que tiene toda su vida trabajando en el servicio público, es un académico de muchos años de trayectoria, en ningún momento he visto una subordinación o una indicación de actuar de cierta manera, espero que siga así y yo estaré vigilante como todos mis compañeros, sé que hay muchas dudas del actuar ciudadano, hemos luchado por mantener la independencia”, declaró a POPLab. 

Al respecto, el presidente saliente cuestionó la baja representatividad del CPC en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, donde han visto frenados distintos proyectos por falta de votos a favor. 

“Tenemos que ser muy habilidosos para poder construir acuerdos, dependemos de los votos de la autoridad en el Comité, es muy difícil que la voluntad ciudadana logre que pasen los proyectos porque necesitamos los votos de las autoridades, sí presidimos, pero no tenemos autoridad sobre ninguno de ellos”, advirtió. 

Aunque Appendini anunció durante la presentación del informe que por primera vez se expuso la necesidad de revisar la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato “por los malos indicadores en la materia”, rechazó que el análisis del Poder Legislativo se enfoque en el sueldo que reciben como integrantes de dicho cuerpo colegiado. 

“Tenemos muy malos resultados y tenemos que ser conscientes y reconocerlo, no se están dando los resultados, no es responsabilidad exclusiva del ciudadano, es la realidad, pero nosotros hicimos el diagnóstico y no había impacto, existe ya una propuesta de modificación a la Ley del Sistema propuesta por la Junta de Gobierno, me preocupa que el tema central sea la contraprestación y no se han puesto a revisar el poco peso que tenemos en el Comité Coordinador”, reiteró. 

Una más de Diego: entrega terreno a Mazda fuera de la ley

En la recta final de su gobierno, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo concedió en comodato un terreno de más de 8 mil metros cuadrados a la empresa automotriz Mazda, pese a que la Ley de Patrimonio Inmobiliario del Estado prohíbe otorgar este tipo de contratos a empresas privadas con fines de lucro.

De acuerdo con documentos oficiales, el contrato fue firmado el 20 de marzo de 2024, apenas seis meses antes de que Rodríguez Vallejo concluyera su sexenio.

La legislación estatal establece que los bienes inmuebles sólo pueden entregarse en comodato a dependencias públicas, poderes del Estado, organismos autónomos, instituciones educativas o asociaciones sin fines de lucro, entre otros; sin embargo, Mazda no encaja en ninguno de estos supuestos, al tratarse de una empresa privada.

La bancada de Morena en el Congreso local reveló la irregularidad durante la discusión de una iniciativa enviada por la actual gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para donar oficialmente el mismo predio, ubicado en Rancho Crucitas Espuelas, municipio de Salamanca.

Según el expediente que acompañó la solicitud de desafectación y enajenación, el comodato fue firmado por José Luis Cuéllar Franco, director de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro de la Secretaría de Finanzas —funcionario que mantiene el cargo en la actual administración—, y por Juan José López Aboytes, entonces director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, quien hoy funge como director de Asuntos Contenciosos y Administrativos de la Secretaría de Economía.

El avalúo municipal de Salamanca fijó el valor catastral del terreno en 2.5 millones de pesos, aunque la diputada morenista Hades Aguilar Castillo afirmó que el costo actualizado supera los 40 millones de pesos.

Mazda ya había recibido en 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Oliva, incentivos por casi 700 millones de pesos para su instalación en Guanajuato. Dichos apoyos incluyeron un terreno de 300 hectáreas valuado en 310 millones, infraestructura vial por 294 millones, y 87 millones de pesos en efectivo para obras iniciales, capacitación, permisos y otros gastos.

Además, el gobierno estatal de entonces se comprometió a gestionar permisos ante instancias locales y federales, facilitar visas de trabajo al personal japonés y construir una escuela japonesa para los hijos de los directivos enviados por la compañía nipona.

A cambio, Mazda prometió instalar la planta con una inversión mínima de 500 millones de dólares para la generación de al menos 3 mil empleos directos.

Defienden resultados

Cuestionado tras rendir su informe, Giovanni Appendini aseguró que actualmente, el CPC da seguimiento a 30 denuncias por presuntos casos de corrupción. El presidente saliente celebró un acuerdo reparatorio logrado a favor de una víctima con acompañamiento del Comité, sin embargo precisó que se trató de una denuncia penal por el delito de lesiones. 

Otro caso presentado durante el informe implica a las autoridades de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, luego de que docentes señalaron un presunto conflicto de interés en la asignación de plazas. En aquel caso, Appendini aseguró que “el asunto sigue caminando”. 

“Desafortunadamente unas denuncias avanzan más rápido que otras, en estos temas particulares la última información que tenemos por parte de las autoridades responsables es que sigue en proceso las quejas o las denuncias y nosotros lo que hacemos cada mes, al inicio hacemos una mesa de trabajo, revisamos si tenemos noticias y si no pedimos información para que nos mantengan siempre actualizados”, explicó. 

Pero respecto al despido de Froylán Salas Navarro, quien hasta inicios de octubre fue subsecretario de MIPyMES en Economía, por lo que recibió un finiquito superior  a los 2 millones de pesos pese a ser investigado por presunto tráfico de influencias y abuso de autoridad, Giovanni Appendini señaló que desde el CPC no han recibido ninguna denuncia por parte de la ciudadanía mediante menciones directas al organismo en redes sociales. 

“Este año activamos una política que basta con que nos etiqueten en nuestras redes sociales con una nota para que nosotros iniciemos, no nos ha llegado, pero definitivamente es un tema que dentro del CPC se está revisando, porque no es la primera ocasión que temas de liquidaciones salen a relucir y más cuando, son temas que aún son presuntos, deberían manejarse con más prudencia”, sostuvo. 

Anuncia Morena denuncia, mientras PAN calla ante presunta irregularidad

La diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, anunció que presentará una denuncia penal contra el Gobierno del Estado de Guanajuato, al afirmar que el PAN consumó un robo en perjuicio de la población con la donación de un terreno de más de 8 mil metros cuadrados a la empresa automotriz Mazda.

"Aquí no hablamos de incentivos económicos, hablamos de transferir ilegalmente riqueza pública a manos privadas", señaló la legisladora.

La diputada morenista reiteró que el comodato firmado durante los últimos meses del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se realizó al margen de la ley, al beneficiar a una empresa privada en condiciones que no permite la legislación estatal.

"Dieron en comodato violando la ley, ahora buscan legalizar el saqueo. Dicen que quien avisa no traiciona: la semana entrante voy a denunciar al Gobierno del Estado porque ese comodato ni siquiera era legal y lo hicieron. La afectación al patrimonio del pueblo es medible, continuada y dolosa ".

Hades Aguilar mencionó que el desarrollo de Guanajuato es una prioridad, y la inversión necesaria, pero dijo, no con violaciones a la ley.

En respuesta, el diputado panista Víctor Zanella Huerta defendió la medida, al argumentar que el Gobierno Federal también otorga incentivos a empresas, porque se trata de una herramienta para generar empleos.

"Se ha señalado el esfuerzo financiero y patrimonial que implica para Guanajuato participar en este tipo de proyectos, pero es importante que entendamos que el objetivo de toda política fiscal es más complejo que una simple recaudación. No se trata solamente de obtener ingresos, sino orientar los recursos disponibles a fines estratégicos que generen rendimientos económicos, sociales y laborales a largo plazo".

Zanella señaló que hasta 2020 Mazda había generado 5 mil 300 empleos formales y una inversión acumulada de 785 millones de pesos en el estado.

En respuesta, el morenista Abraham Ramos Sotomayor señaló que no están en contra del desarrollo, pero que el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez tomó atribuciones fuera de la ley con el comodato.

"No se puede usar este esquema -de comodato- para personas que tengan un fin de lucro. Hoy se nos pide que validemos la donación, pero no lo vamos a hacer porque avalaríamos un acto que se hizo desde el principio fuera de la ley".

Ante los señalamientos de Morena, el panista Erandi Bermúdez Méndez recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador concesionó por 15 años una playa en Bahía de Banderas, Nayarit, a Grupo Vidanta, fundado por Daniel Chávez Morán, cercano al expresidente.

Pese a los discursos de defensa por parte del PAN, los legisladores de ese partido no abordaron las presuntas irregularidades en la entrega del comodato a la automotriz.

La donación del terreno de poco más de 8 mil metros cuadrados quedó aprobada con los votos del PAN, PRI, PVEM, PRD y Movimiento Ciudadano.