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Sin discusión
Transportaba un amigo costarricense por la autopista que va de Irapuato a Silao, cuando adelanté una pickup desvencijada...
Transportaba un amigo costarricense por la autopista que va de Irapuato a Silao, cuando adelanté una pickup desvencijada, cargada de jornaleros. No recuerdo si fue en la mañana o ya cayendo la noche. Mi invitado hizo una pregunta incómoda: ¿no está prohibido en México transportar personas en una caja abierta y más aún en una autopista donde las velocidades superan con facilidad los 80 kilómetros por hora?
Para quienes vivimos en la zona, esta es una práctica común. Para mi invitado eso nos acercaba a la prehistoria, pues en Costa Rica, como en la mayor parte del mundo civilizado, está completamente prohibido y es penalizado por su Ley de Tránsito[1].
Me abstuve de comentar que en México la policía de tránsito parece, en la mayoría de las ocasiones, un mero elemento decorativo, al que se le teme más por sus potenciales mordidas que por su capacidad para imponer el orden. Las leyes estatales y municipales prohíben expresamente manejar autos con sobrecupo, sin matrícula, sin luces, sin cinturones de seguridad y sin muchas menudencias más que los conductores sencillamente soslayan con los más diversos pretextos.
Según el Libro para la conducción en Chile 2024[2], un documento excepcional que debe conocer cualquier persona que desee obtener su licencia en ese país, chocar a una velocidad de 90 km/h sin cinturón de seguridad provoca los mismos efectos que una caída desde el piso once. Igualmente, es de países civilizados obligar a todos los vehículos automotores a comprar un seguro de responsabilidad en caso de accidentes. En Colombia, por ejemplo, está normado desde hace décadas[3] y junto a la licencia de conducir es lo primero que exige al conductor cualquier policía de tránsito.
Esta semana, una pickup que transportaba jornaleros para la pizca de cebolla se estrelló contra un tráiler en la 43D autopista Salamanca-León, a la altura de la comunidad de San José de Mendoza. Diez de sus ocupantes, provenientes de Pocitos y San Antonio de los Corrales, Comonfort, fallecieron. Está claro que el vehículo excedía la capacidad de pasajeros y que los fallecidos no tuvieron protección alguna que evitara su muerte.
Aunque las notas periodísticas achacan la responsabilidad del siniestro al camionero por intentar un giro en U indebido, el vehículo que circulaba por una autopista de cuota carecía de registro oficial, era una más de las miles de unidades chocolate, en mal estado mecánico, que circulan impunemente sin que las autoridades tomen cartas en el asunto. ¿Cuántos más accidentes se requieren para que Guanajuato se tome en serio la seguridad vial? ¿Cuántos más para chatarrizar buena parte del parque automotriz que seguirá ocasionando siniestros por sus autovías? ¿Cuándo se obligará a los conductores a contratar un seguro de responsabilidad que ampare a las víctimas de accidentes de tránsito? ¿Cuándo se tomarán en serio la proliferación ad infinitum de los autos chocolate y se remediará el limbo jurídico en que se encuentran?
Estamos acostumbrados a dejar pasar estas muertes, a dejar sin discusión las omisiones de las autoridades. La muerte de estos jornaleros era perfectamente evitable. No hablamos del crimen organizado, otro evento que no recibe discusión alguna más allá de un resignado encogimiento de hombros. Es un mero accidente, algo que pasa y sólo podemos rezar para que no nos toque.
Sin discusión, al parecer también se aprobará el endeudamiento del Estado en el nuevo presupuesto 2026. De deber unos 9.700 millones de pesos, aumentaremos de un plumazo 8.000 millones más. Es decir, 17.000 millones en deuda, de los cuales 4.000 se destinarían a un acueducto que ni siquiera dispone de un proyecto ejecutivo y que mantiene a los campesinos alrededor de la presa Solís con sus antorchas encendidas. Los otros 4.000 se distribuyen en una alegre cifra de proyectos de infraestructura “productiva” sin especificar. ¿Se ratificará todo sin discusión o servirá para algo la oposición en el Congreso del Estado?
Sólo para recordar, el proyecto Escudo, consumió en los sexenios de Miguel Márquez y Diego Rodríguez, entre 7.200 y 7.400 millones de pesos. Y no sirvió en absoluto para disminuir los índices de delincuencia. Con ese dinero, sin discusión, habríamos construido dos acueductos.
Comentarios a mi correo electrónico: panquevadas@gmail.com
[1] https://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/BIBLIOTECADIGITAL/DOCUMENTOS/LEYES/LEY%207331-LEY%20DE%20TRANSITO%20POR%20VIAS%20PUBLICAS%20TERRESTRES.pdf
[2] https://mejoresconductores.conaset.cl/assets/data/pdf/B-ESP/Libro_para_la_conduccion_en_Chile_Clase%20B_actualizacion_6_de_agosto_2024.pdf
[3] https://leyes.co/codigo_nacional_de_transito_terrestre/42.htm
1 de diciembre de 2025, 01:11
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