Con información de Melissa Esquivias y Fabián Sánchez

El mes de julio cerró con más de 100 asesinatos en León. Este agosto, un feminicidio brutal en la vía pública, captado por una cámara particular, generó una ola de indignación más allá de las fronteras locales y nacionales.

El primer semestre del año la cifra de homicidios dolosos llegó a 476. Si León fuese un estado ocuparía el lugar número 15 del ranking de violencia, por encima de entidades como la Ciudad de México, Sinaloa y Tamaulipas.

Frente a ello, la Secretaría de Seguridad en León permanece en manos de un ex patrullero que presenta como su mayor referencia profesional haber sido escolta del gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez, durante su campaña, lo que le hace intocable y lo galvaniza frente a las críticas. Mario Bravo ocupa el puesto desde junio de 2019.

Un funcionario- que pidió no se revelara su identidad-que conoce de primera mano la dinámica de la Secretaría de Seguridad de León asegura que las decisiones en la dependencia se toman bajo el criterio de dos personas: el secretario Mario Bravo y el subsecretario Jorge Guillén Rico. “Se hace lo que ellos quieren, sienten y piensan, sin ningún fundamento”.

Frente a la inseguridad que se apodera de la ciudad, la policía de León se ha convertido en un coto privado manejado por un secretario que se resiste a hacer equipo con el resto de la administración, boicotea funcionarios, designa a otros sin el perfil adecuado y cesa a colaboradores que le resultan incómodos.

Para un empresario que ha participado en consejos de seguridad de la ciudad y del estado y que pide expresamente el anonimato, la percepción de inseguridad va en aumento por tres factores fundamentales: ausencia de estrategia clara y contundente contra la incidencia delictiva; carencia de perfiles policiales idóneos, usuarios de tecnología para asumir el papel de primeros respondientes en la cadena de procuración e impartición de justicia; finalmente, ausencia de voluntad política, arrogancia y escasa coordinación con otros niveles de gobierno y organismos ciudadanos para trabajar de manera corresponsable en la disminución de la incidencia delictiva.

“Es el reflejo de no contar con un Plan de Seguridad Pública, no obstante que el secretario Mario Bravo ha participado ya en dos administraciones municipales”, concluye la fuente.

Crisis más allá de los homicidios

La crisis de seguridad no se limita al aumento inédito de los homicidios dolosos, a esto se suma una percepción creciente de vulnerabilidad por los robos domiciliarios y en vía pública se registra tanto en las colonias populares como en los residenciales cerrados y vigilados.

Para hacerle frente a ese reto, la alcaldesa de la ciudad, Alejandra Gutiérrez Campos solo dispone de un control relativo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues su titular responde a un compromiso con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y le reporta directamente al Secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca y al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, quienes ni siquiera dan la cara para explicar la situación.

Por si algo faltara, la inseguridad y violencia se han convertido en las mayores encrucijadas que enfrenta la alcaldesa, quien está volcada en buscar la candidatura de su partido a la gubernatura del estado, al mismo tiempo que gobierna la ciudad de mayor tamaño y más complejidad de Guanajuato.

Frente a la evidente caída en la percepción de seguridad, Gutiérrez Campos se atrinchera en la negación: “León es seguro, y justamente los visitantes no han tenido ningún inconveniente, ustedes pueden ver que hay eventos todo el tiempo a todas horas y no hemos tenido ningún incidente, estos son casos aislados, se actuó y los detenidos se pusieron a disposición”, afirmó en su rueda de prensa semanal el lunes 7 de agosto.

Bravo ve culpas ajenas y esconde las propias

En el primer semestre de 2023, los delitos de homicidio y feminicidio crecieron en el municipio un 27.6 por ciento comparado con el año anterior, al pasar de 308 a 396 carpetas abiertas por esas causas. El mes de mayo pasado rompió los registros anteriores al llegar a 95 homicidios, un promedio de 3 diarios. Junio dio un ligero respiro, al alcanzar la cifra de 88 asesinatos, pero una nueva marca negra se alcanzó en el recién concluido julio con 103 casos de privaciones dolosas de la vida.

Sin embargo, la secretaría de seguridad no reacciona ni se hace cargo. Frente a las primeras evidencias de aumento de la violencia, la respuesta pública de Bravo Arrona fue culpar “a las fiscalías”. Según el mando policial, tanto el estado como la federación “están fallando en procesar penalmente a las personas detenidas con drogas y armas en la ciudad”. Esto a pesar de su buena relación con el tándem de la seguridad que conforman Zamarripa y Cabeza de Vaca.

Mario Bravo nada mencionó sobre sus propias insuficiencias, las cuales han motivado una serie de denuncias por la designación de funcionarios carentes de perfil en puestos de la dependencia, por parte de un ex funcionario: el ex director de regulación de la seguridad privada, Juan Jorge Robledo Sánchez.

Robledo fue despedido por Mario Bravo tras enterarse de la primera queja ante la contraloría municipal, pero mantiene su lucha con denuncias presentadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior del Estado, en las que aporta pruebas de cómo intentaron obligarlo a contratar dos funcionarios carentes del perfil exigido por los puestos y cómo a la postre los impusieron a pesar de su oposición.

Mario Bravo se manda solo

Pese a que la alcaldesa mantiene un control férreo sobre el resto de su equipo, sobre el manejo de la imagen y las redes sociales personales e institucionales y también un equipo de precampaña que recorre el estado, ese dominio no llega a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, donde Mario Bravo Arrona se maneja con autonomía e impunidad, incluso atropellando derechos de sus subordinados y aislando a funcionarios que han sido designados directamente por la presidenta.

Bravo ha tenido conflictos con integrantes del Ayuntamiento; no atiende las mesas de seguridad donde participan empresarios y cuando presenta informes en el cabildo, su justificación ante las cifras históricas de homicidios que asuelan la ciudad es que fallan las demás instancias, como las fiscalías, pero nunca su dependencia.

Sin embargo, un episodio que ya originó una denuncia contra Bravo Arrona en el Tribunal de Justicia Administrativa, después de que la contraloría de León lo archivó no sin antes alertar al funcionario permitiéndolo que ejerciera represalias, revela la forma en que opera el secretario de seguridad para elegir a sus colaboradores.

En enero de 2022, Juan Jorge Robledo Sánchez, director de Regulación de la Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad de León, solicitó la autorización para proceder a realizar contrataciones para ocupar dos vacantes: una coordinación de inspección, cuyo perfil de puesto exige licenciatura en derecho, y un jefe de procesamiento de información, que requería licenciatura en sistemas o áreas económico - administrativas.

En respuesta recibió de parte de Carlos Hinojosa, director de planeación de la dependencia y hombre de confianza de Mario Bravo, un oficio donde se le informaba que ya había sido designado como jefe de procesamiento una persona de nombre Carlos Cabello Remus, que solo contaba con nivel de estudios de preparatoria, por lo que Robledo se negó a firmar su alta, por incumplimiento del perfil.

Más adelante, en el mes de febrero, Robledo propuso la contratación de una persona para la coordinación de inspección, recibiendo en respuesta un mensaje de whatsapp con el currículum de un tercero: Luis Fernando Cobián Esparza, un licenciado en Comercio Internacional y no licenciado en derecho, como pedía el perfil del puesto.

Al inconformarse con la sugerencia y argumentar el incumplimiento del requisito de profesión, Robledo recibió otro mensaje de Hinojosa donde le dijo que el propuesto era recomendado por César Dávalos, el titular de Modernización Administrativa de la dirección de Desarrollo Institucional. “No te metas en problemas”, le aconsejó.

La lluvia de oficios para exigirle la firma de los nombramientos no cesaba y Robledo fue citado personalmente por el secretario de Seguridad Mario Bravo, en abril de 2022, quien lo conminó a autorizar la contratación de Cobián Esparza, diciéndole que “si en tres meses no funcionaba lo despidiera”.

Días después, Robledo se percató que ambos funcionarios habían sido designados pese a su oposición y se encontraban laborando en su área.

En esa dirección se evalúan y autorizan los permisos para que operen más de 100 empresas que ofrecen el servicio de seguridad a fraccionamientos y empresas en la ciudad de León, un negocio que ha crecido en la medida que ha aumentado la percepción de inseguridad y ante la insuficiencia de la policía municipal. Por eso la importancia de contar con los perfiles definidos en la norma, señaló Jorge Robledo.

El funcionario había iniciado su paso por la administración municipal como abogado de la dirección de responsabilidades y situación patrimonial de la contraloría municipal, por lo que conocía a la perfección la normatividad, lo que le llevó a presentar una denuncia el 17 de mayo por faltas administrativas contra quien resulte responsable, consistentes en “contratación indebida y abuso de autoridad”, aportando los oficios cruzados con el director de planeación, Carlos Hinojosa, así como impresiones de pantalla de chats en whatsapp.

Robledo solicitó una medida precautoria al director de asesoría e investigaciones de la Contraloría Municipal, José Miguel Hernández Ramírez, a fin de que impidiera posibles represalias en su contra por parte de los mandos de la Secretaría de Seguridad.

Sin embargo, apenas saliendo de la contraloría recibió una llamada de Mario Bravo para presentarse en su despacho, quien ya enterado de la denuncia procedió a despedirlo de manera fulminante.

La vía rápida Contraloría - Seguridad

Pese a que la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado, que rige el actuar de las contralorías municipales, garantiza medidas cautelares y la protección a los derechos humanos de quien denuncia conductas irregulares en la administración pública, la Contraloría de León, a cargo de Viridiana Márquez Moreno, negó a Jorge Robledo una medida de protección y además informó en cuestión de minutos a su superior, el secretario de Seguridad Mario Bravo, del contenido de la queja.

Interrogado sobre esta situación, el síndico del municipio y vocal de la Comisión de Contraloría, transparencia y Combate a la Corrupción, José Arturo Sánchez Castellanos, califica de absolutamente inapropiado lo que pasó, ya que en lugar de estimular las denuncias de quienes tengan conocimiento de conductas irregulares al interior de la administración, las inhibe:

“Las denuncias hechas ante la contraloría o ante cualquier otro ente fiscalizador o sancionador nunca deben usarse como medio de presión en contra del denunciante, y mucho menos cuando se trata de un subordinado quejándose de un superior, pues de ser así el órgano de control, como es la contraloría, perderá credibilidad y legitimidad.”

Ese mismo 17 de mayo de 2022, a una cuantas horas de haber presentado la queja por la posible comisión de las faltas administrativas de contratación ilegal y abuso de autoridad en su área ante el director de investigaciones de la Contraloría, José Miguel Hernández Ramírez, fue llamado por el Secretario de Seguridad del municipio, Mario Bravo Arrona, para ser cuestionado por la presentación de la queja, de la que estaba enterado al detalle.

Lejos de garantizar las medidas de protección cautelar al denunciante, la contraloría de Viridiana Márquez propició una represalia inmediata por parte de uno de los probables responsables de violentar una norma al incorporar funcionarios sin perfil al área de seguridad privada de la Secretaría de Seguridad.

“Qué onda con esa queja”

Tras ser citado ese mismo 17 de mayo, pocas horas después de haber dejado las instalaciones de la Contraloría, Robledo acudió con el secretario de seguridad junto con su superiora directa, la subsecretaria María Luisa Saucedo.

Apenas entrar al despacho, Bravo le informa a Robledo que ya se enteró de la queja presentada porque le fue enviada por la Contraloría. “Tengo toda la información”, le dice. Robledo argumenta que es su obligación “denunciar actos irregulares”. Enseguida el secretario de seguridad interroga a la subsecretaria de protección María Luisa Saucedo, quien responde que se acaba de enterar y no tuvo conocimiento previo.

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Bravo mandó grabar la reunión con su asistente y le aseguró a Robledo que sus derechos estaban a salvo. Comienza aclarando que dio la instrucción de “dar la oportunidad a este muchacho Cabello, porque tiene más de 20 años trabajando en la Secretaría de Seguridad”, aunque reconoce que no cumple con el perfil.

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La entrevista finaliza con Jorge Robledo aclarando que si él firma los nombramientos incurre en una responsabilidad. Bravo solo responde dando la instrucción a la subsecretaria Saucedo para que Robledo entregue la dirección de Seguridad Privada a Ayderi Villavicencio, como encargada de despacho, en lo que constituyó un despido fulminante, bajo el argumento de “pérdida de la confianza”. El funcionario fue liquidado dos días después, el 19 de mayo.

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Las cosas no quedaron ahí. El 30 de mayo se publicó en un diario estatal información sobre el despido de Jorge Robledo, en la que el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona atribuía la medida a “mal desempeño y el arresto de dos boleteros de la feria de León, durante el concierto de Julión Álvarez”, hechos ocurridos a principios de año.

Para Robledo se trata de una declaración dolosa y la atribuye a un manejo tergiversado de los hechos por parte del secretario de Seguridad hacia el secretario del Ayuntamiento, además de la intención de ocultar la verdadera causa de su despido.

El caso sigue en tribunales y la ASEG

Jorge Robledo tiene confianza en el marco legal y que la razón está de su lado, por lo que ha presentado sendas denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior del Estado para que sean investigados tanto el hecho de la designación de funcionarios carentes del perfil exigido por la normatividad interna, así como una posible obstrucción a la justicia por parte de la contraloría municipal.

La Contraloría de León le notificó el 26 de agosto del 2022, tres meses después de su denuncia, que había sido archivada porque “no se encontraron elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor.”

El ex funcionario plantea en su denuncia ante ASEG, recibida el 22 de octubre pasado, que el director de Asesoría e Investigaciones de la Contraloría de León, José Miguel Hernández Ramírez, no solo realizó un abuso de poder al notificar su denuncia al secretario de Seguridad sin otorgarle medidas de protección, sino que además obstruyó su derecho a la justicia.

En el TJAEG el litigio se centra en una denuncia de actuación irregular de parte del gobierno municipal de León y una indemnización por daño patrimonial, ante la falta de veracidad de las explicaciones vertidas públicamente sobre el despido, además de la investigación de las posibles faltas cometidas por el secretario de seguridad y subordinados al realizar contrataciones fuera de la norma.

No es la policía que merece León

Para los entrevistados en relación con esta historia, la crisis de seguridad que vive la ciudad de León, evidente en datos estadísticos, en casos emblemáticos y en la percepción de los ciudadanos, puede encontrar una de sus causas en la forma de mando despótica y alejada de normas de su máximo responsable, el secretario Mario Bravo Arrona.

“No es la corporación que merece una ciudad como León”, dice el ex integrante de la mesa de seguridad del municipio.