Hace dos años publicamos una serie de reportajes en los que dábamos cuenta de las irregularidades en el gasto de comunicación social del gobierno del estado: contratación de empresas fantasmas, convenios con proveedores de otros ramos, creación de páginas falsas y el gasto de un millón de pesos diarios para promover al entonces gobernador Miguel Márquez Márquez.

Para hacer esos trabajos revisamos cada uno de los contratos y facturas publicados en el portal de obligaciones de transparencia, sólo eran el 25 por ciento del monto total gastado. De todas y cada una de las irregularidades que encontramos, por pequeñas que fueran, hicimos un listado, señalando número de contrato y factura y presentamos una denuncia ante la Auditoria General del Estado. Hace seis meses nos reunimos con funcionarios de la ASEG para conocer los avances de las investigaciones, nos dijeron que siguen trabajando y que además de lo señalado por nosotros, encontraron “entregables” photoshopeados por un monto superior a los 8 millones de pesos. Es decir, que ante la imposibilidad de demostrar que se habían realizado los trabajos contratados por ese monto, la coordinación entonces encabezada por Enrique Avilés Pérez optó por falsear los testigos utilizando la herramienta digital Photoshop.

En realidad no me sorprende, sí una investigación periodística encontró un sinnúmero de irregularidades, imaginen lo que puede encontrar la autoridad con el alcance que tiene. Aún así no ha pasado mucho, por no decir que nada. No sabemos cuál es el estatus legal de la investigación. Supongo que no hay voluntad política de llegar al fondo, porque como me lo han dicho algunos funcionarios de primer nivel del gobierno actual, “eso implicaría llegar a Miguel”, refiriéndose al ex gobernador y, por supuesto, eso es algo que el actual mandatario no se plantea ni por equivocación.

Sin embargo, si podrían hacer algo para terminar con el uso discrecional del recurso destinado a Comunicación Social, donde sigue el despilfarro y la opacidad: según la cuenta pública 2019 les fueron autorizados 165 millones 667 mil 539 pesos y terminaron gastando 315 millones 003 mil 652 pesos, es decir ¡90 por ciento más! O no saben presupuestar o hay mucha manga ancha.

A unos pocos días de que fuera nombrado coordinador de comunicación social Alan Márquez, me reuní con él, su idea era que lo conociera y que supiera que no tendría una administración como la de Enrique Avilés. Me dijo que quería hacer las cosas diferentes y que respetaba el periodismo.

En esa ocasión yo le señalé la importancia de regular la contratación de publicidad, algo básico, pues es un recurso que se entrega discrecionalmente, incluso sin contratos, sin medir la calidad, pertinencia y eficacia de los proveedores, como en teoría pasa en otras áreas. Alan se mostró receptivo y dijo que revisaría el tema, incluso le sugerí que se asesorara con organizaciones nacionales e internacionales que están trabajando sobre el tema.

Pero eso no pasó y todo sigue más o menos igual: contratos discrecionales, llamadas para bajar notas, troles que acosan a la prensa crítica, bots que aplauden al gobernador, mensajes que no informan pero promueven la imagen de funcionarios, etc. Para este año tenía un presupuesto anual de 203 millones, mismo que fue ampliado con otros 74 millones, pero que seguramente será muy superior a eso.

El tema del recurso para publicidad es fundamental, no sólo porque es dinero público destinado a informar a la ciudadanía y debe ejercerse con responsabilidad y transparencia; sino porque también tiene que ver con la relación del gobierno con los medios, primero, y con sus audiencias a través de ellos.

Sin reglas claras, un piso igual para todos y las lagunas legales permiten los abusos y los contubernios. Y lo vemos cotidianamente: medios sin crítica, sólo reproductores de boletines, llamadas para quitar notas publicadas, correr periodistas “incómodos”, publicidad que se hace pasar como trabajo periodístico, y un largo etcétera.

Evidentemente la administración de Diego Rodríguez no quiere cambiar nada, obsesionado por la popularidad antes que por los resultados, les resulta más fácil tener el sartén por el mango para intentar manipular la información ante la imposibilidad de cambiar la realidad. Pero tampoco quieren hacerlo los otros poderes, ni los municipios, ni los organismos autónomos ni la mayoría de los medios, hoy además afectados por varias crisis propias y ajenas.

Los que sí, tendremos que seguir exigiendo; los ciudadanos preocupados por recibir mejor información y por el uso racional del dinero público pedirán que se regule el gasto de comunicación social, medios cooptados por los gobiernos no abonan a la democracia, a la rendición de cuentas, ni a la transparencia.

Y todo eso urge que se fortalezca en un Guanajuato que necesita retomar el crecimiento y frenar el deterioro de su vida comunitaria por amenazas como la violencia, la pandemia sanitaria y los ramalazos de la crisis económica global.