La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y su secretario de Obra Pública, Juan Pablo Beltrán, aseguraron ante los integrantes del Movimiento de Resistencia Ciudadana Guanajuato-Silao, que al llegar a sus cargos actuales desconocían en su totalidad el proceso de concesión de la carretera Silao- San Miguel de Allende y la privatización del acceso de cuota Guanajuato-Silao.

“Eso nos lo dijo ella, que no estaba al tanto… venía de la campaña, de todo el tema electoral, y que no conocía de este tema. El secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, dijo: ‘a mí me están confundiendo. Yo fui subsecretario, pero de Infraestructura Educativa; yo no llevé este tema, para mí es un tema nuevo’”, aseguró Carlos Arce durante conferencia de prensa.

Después de varios meses de haber solicitado una cita y tras de haberla abordado el pasado Viernes de Dolores en la capital del Estado, los ciudadanos que reclaman la cancelación de la concesión de la autopista Silao- Guanajuato al consorcio Vise-Rubau, fueron recibidos en audiencia por la gobernadora Libia Dennise García, a quien informaron de las razones técnicas que respaldan su posición. 

La mandataria aclaró que no conoció de la concesión otorgada por su antecesor, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hasta que tomó posesión del cargo. “Fue una reunión correcta y se apreció apertura de la gobernadora para escuchar al movimiento”, dijo Carlos Arce Macías, uno de los voceros del Movimiento de Resistencia Ciudadana Guanajuato - Silao.

Se instalarán mesas técnicas y jurídicas con la Secretaría de Gobierno para avanzar en la demanda social por la liberación de la autopista Guanajuato-Silao, que se privatizó a favor de la empresa VISE. Además, se confirmó el compromiso para encargar una auditoría integral por parte de un consultor internacional que se encuentre libre de conflicto de interés. En la reunión estuvo ausente el titular de esa dependencia, Jorge Jiménez Lona.

La política de descuentos para residentes, que actualmente es de 40% mediante TAG, se mantendrá, aunque la resistencia sostiene que la intención es que el cobro se elimine por completo. Este descuento se logró con un acercamiento que tuvo Libia Dennise con los concesionarios, según lo comentó ella misma a los integrantes del movimiento.

Detalló también que durante el encuentro con la gobernadora se presentó una revisión de datos que se realizó a través de ingeniería de prompts, que son instrucciones que se le dan a la inteligencia artificial. Esto fue realizado por personas expertas que colaboran con el colectivo.

Como resultado de la revisión, se encontró que con la concesión se hizo una transferencia de riqueza pública a un particular a cambio de una obra nueva que aún no genera valor social tangible y que, por lo tanto, es asimétrica.

“¿Por qué cambiaron algo que ya está dando por algo que no sabemos?”, cuestionó.

Dijo también que se verificó que hubo ausencia de competencia efectiva en el proceso de concesión y barreras de entrada, pues de 14 empresas interesadas, en el proceso solo una pudo cumplir con el requisito de capital contable de mil 800 millones de pesos y los plazos comprimidos; esta fue la empresa VISE. “Esto inhibió la participación competitiva”.

Esto resulta sospechoso porque, además, la empresa acumuló durante el sexenio de Diego Sinhue contratos por más de 5 mil millones de pesos y confirma que fue la empresa consentida del sexenio anterior, “sin lugar a dudas”.

“Toda la licitación se dio en 99 días para un contrato de 30 años; es insuficiente para cualquier estándar internacional. Este tipo de licitaciones dura muchísimo más tiempo… aquí, en tres meses, se lo echaron. Esto no es normal en este tipo de contrataciones, cuando menos a nivel internacional”, subrayó Arce Macías.

Dijo que del estudio también se evidenció que hubo dolo, que “alguien sabía más que los demás”, porque la entrega del anteproyecto se dio apenas cuatro días antes del cierre de propuestas.

Y subrayó que se presume un daño patrimonial entre mil 459 y mil 812 millones de pesos para el estado, considerando datos conservadores de crecimiento de tránsito de 2% y 3.9% anual, los cuales se calcularon con referencias históricas de carreteras y puentes estatales de cuota.

“La contraprestación recibida representa apenas entre el 27% y el 32% del valor presente neto del activo cedido, cuando en estándares de Chile o Colombia el estado retiene entre el 60% y el 95% del valor actuarial del bien”.

El costo por kilómetro de la Silao-San Miguel se fijó en 83 millones de pesos por kilómetro lineal, cifra que supera entre un 65% y 98% los estándares fijados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, detalló Carlos Arce.

Agregó que la instancia federal cuenta con un catálogo de costos paramétricos 2025, en donde se establece que el costo por kilómetro lineal para una carretera con las características que tiene la Silao-San Miguel es de 42 a 50 millones de pesos por kilómetro, evidenciando un “sobrecosto paramétrico injustificado”.

Además, la concesión se firmó sin contar con el 100% de liberación de vía, porque aún faltan aproximadamente 18 hectáreas, y tampoco hay permisos ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Asimismo, el concesionario obtiene una rentabilidad neta mensual de 26.8 millones de pesos simplemente por retrasar la obra nueva: “cobra la otra carretera, pero no empieza la obra”, acusó.

“Al recaudar peajes de la vía existente sin ejecutar, la empresa capitaliza activos estatales sin cumplir con la infraestructura, haciendo que el retraso sea más atractivo que la construcción. Nosotros (ciudadanos) estamos subsidiando la otra carretera por salir y entrar de Guanajuato”, lamentó.

El activista criticó además que hay datos esenciales reservados hasta el año 2030; esto es principalmente los aforos de la carretera, determinación que, dijo, podría estar diseñada para trascender la rendición de cuentas de la pasada y la actual administración.

Sin embargo, expresó que la gobernadora dijo estar dispuesta a ir abriendo la información conforme se pueda, a través de una auditoría internacional que garantice objetividad y que deje satisfechas a las personas inconformes y también al gobierno del estado.

El abogado Roberto Saucedo dijo que la revisión podría servir para confirmar daños al patrimonio y que, de esta manera, el estado pudiera recurrir a un juicio de lesividad, aunque ese no fue un compromiso del Poder Ejecutivo.

A lo que sí se comprometió Libia García fue a estar presente en las reuniones de trabajo que así se requieran, a buscar una auditora que garantice imparcialidad y un trabajo serio y, en caso de ser necesario, a promover la modificación de leyes para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Esto último lo informó Guillermo Siliceo, otro integrante de la resistencia.

Rogelio García, por su parte, consideró que el acercamiento fue productivo, pues se pudieron despejar dudas y establecer diálogo directo con la gobernadora, lo cual se había solicitado desde el primer momento en que comenzó la movilización.

Sin embargo, García dijo que el objetivo de la organización ciudadana sigue siendo que se elimine por completo el cobro que se ha dado por más de 37 años y que, con la concesión, podría continuar por 30 o hasta 60 años más.