El 11 de enero de este año, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado en representación de Alfonso Israel Valdéz Alvarado liberó a 4 expolicías de Romita que habían sido acusados por el delito de desaparición forzada, incluido el entonces Director de Policía de dicho municipio. En este espacio, se ha señalado que desde el inicio del proceso en febrero de 2024 se tendría que haber reconocido la responsabilidad del superior jerárquico, que en este caso se trata del priista Oswaldo Ponce Granados, Presidente Municipal de Romita hasta octubre de ese mismo año.

El caso, que data de febrero de 2023, implica que policías municipales de Romita detuvieron a Daniela, a Juan Pablo y a Carlos, tres jóvenes que tuvieron un percance vial. Este es un breve desglose de los eventos que transcurrieron (pare ver la cronología completa, ver https://plataformapazyjusticia.blogspot.com/2025/05/cronologia-de-la-desaparicion-de-3.html):

¿La policía municipal les entregó a la delincuencia organizada?; “Te vamos a levantar para entregarte a la maña”, habría dicho el comandante de la policía, según se señala un testimonio recabado en el juicio. El Tribunal Unitario señala que la Fiscalía no pudo sostener con firmeza esta acusación y dejó libre a los cuatro expolicías municipales.

Según Alfonso Israel Valdéz la Fiscalía no pudo sostener mediante pruebas que existieron amenazas previas, que las personas detenidas fueron entregadas a un grupo delincuencial y que hubiera existido negativa a informar sobre la detención. ¿Qué pasa con el trabajo técnico de la Fiscalía que no puede sostener una acusación sobre desaparición forzada de personas?, además, ¿Qué trama de intereses existen en el Poder Judicial de Guanajuato que liberan policías municipales en contextos de desaparición, ejecuciones extrajudiciales y fosas clandestinas?

Lamentablemente este no es el único caso donde se presume que agentes del estado, especialmente policías, sean coautores materiales de la desaparición de personas, acá algunos más:

-          En 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 42/2014 por la desaparición de 10 leoneses en el municipio El Plateado de Joaquín Amaro en Zacatecas en 2010, quienes fueron detenidos por policía municipal y luego entregadas a la delincuencia organizada. A 15 años de los hechos, las familias siguen buscando a sus familiares desaparecidos.

-          El 19 de julio de 2020, Fernando Israel Martínez Sánchez fue desaparecido en Silao, se presume que en la privación de la libertad participaron agentes de policía municipal  y de la policía urbana a nivel estatal, ello, después de salir de barandilla.

-          El 21 de mayo de 2022, Patricia Margarita Velázquez Gaspar fue detenida por policía municipal de Moroleón, Guanajuato y después de su salida del Juzgado Cívico, fue desaparecida. Si bien no existe evidencia del momento de la “entrega” a grupos delincuenciales, el modus operandi es similar: es subida a la fuerza a una camioneta por hombres armados. El caso sigue impune.

-          El 16 de mayo de 2024, Eduardo Hurtado Iturralde residente de San Francisco del Rincón, fue detenido por policías municipales de José Sixto Verduzco, Michoacán y llevado a barandilla, donde se reporta que sale por su propio pie. Horas antes de ser presentado al Juzgado, policías municipales y particulares lo escoltaron al cajero automático donde retira dinero. A la fecha, se desconoce su paradero.

Estos casos muestran un patrón de posible colusión entre agentes municipales y grupos delincuenciales. Que, en el caso de Romita, permanecen impunes debido a la ausencia de capacidad técnica de la Fiscalía del Estado