Por Oscar Espinoza

I. El podio

Guanajuato, 19 de mayo de 2026. El auditorio de la Escuela de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato huele a protocolo: ese olor particular que tienen los espacios donde el poder ensaya con precisión quirúrgica sus gestos de proximidad. Al mediodía, la rectora general de la UG, Claudia Susana Gómez López, subió al escenario para hablar de amar sin permiso.

“Amar sin permiso, respetar sin excusa y vivir sin violencia”, fue el eslogan elegido para enmarcar la semana del pride universitario, un festival del orgullo que en la mayoría del mundo se celebra en junio, pero que la UG ha desplazado hacia mayo para sortear el calendario académico y anclar su significado a otra fecha: el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

No es un detalle menor. La decisión de celebrar el orgullo en mayo, y no en junio, dice algo sobre la institución: que siempre ha preferido controlar los tiempos antes que sumarse al torrente global. Que construye su propia narrativa del acontecimiento. Que, en el fondo, la visibilidad tiene aquí sus condiciones de producción.

En el auditorio estaban, además de los estudiantes de bachillerato a quienes iba nominalmente dirigido el evento, directivos, profesores, secretarios, personal del sindicato universitario, el propio secretario general y el equipo de comunicación de la rectora. Una audiencia que, en suma, no es exactamente la comunidad LGBTIQ+, sino el aparato que la gobierna, observándose a sí mismo en el espejo de su propia tolerancia declarada.

*El lenguaje como signo

Quienes siguen de cerca a Claudia Susana han notado algo peculiar en las últimas semanas: ha comenzado a usar sistemáticamente el "ellos, ellas, elles", lenguaje inclusivo, en sus intervenciones públicas. Gesto lingüístico que, en cualquier rector o rectora de una universidad publica mexicana, sería digno de subrayarse. Pero en ella lo es doblemente, porque no siempre fue así. El cambio es reciente, perceptible, y coincide con un período político que tampoco es casual: la doctora cumple su primer período al frente de la UG y en los próximos meses se abrirá el proceso de designación de la junta que decidirá si continúa en el cargo un segundo periodo.

En ese contexto, la rectora también ha aparecido, como los políticos, con sombrero tipo tamborada el Día del Estudiante, donde declaró públicamente ser "una mujer rompecorazones", evocó su propia pobreza estudiantil “tenía diez pesos que me alcanzaban para dos cigarros y copias”, y ha multiplicado su presencia en eventos donde la comunidad universitaria, en toda su heterogeneidad generacional y política, pueda verla cerca. El retrato que emerge, contrario al de sus primeros días encerrada en un búnker mientras se desarrollaba la toma de la rectoría por haber sido designada sin legitimidad, es el de alguien que ha descubierto, o redescubierto, el valor político del contacto humano.

Señalar esto no es descalificar sus convicciones. Puede ser que la rectora Gómez López crea genuinamente en cada palabra que pronuncia sobre diversidad e inclusión. Lo que se debe registrar es que esas palabras se pronuncian también en un momento en que la credibilidad institucional con la comunidad LGBTIQ+ se ha vuelto, de pronto, un activo político valioso.

*En voz alta

Desde el podio, y con un abanico con los colores de la bandera gay, la doctora Claudia Susana desplegó un discurso de apertura del 17M que merece ser tomado en serio antes de ser interrogado.

Dijo que la UG debe ser un espacio seguro. Dijo que hay que respetar sin excusas y vivir sin violencia. Habló de diversidad con una franqueza que no siempre se escucha en los actos protocolarios de las universidades públicas mexicanas, que suelen preferir la vaguedad antes del compromiso concreto.

Puso sobre la mesa, con nombre y rostro reconocible, la situación de las estudiantes trans que piden a sus profesores que les traten con sus pronombres correctos y son ignoradas. Dijo, con una sencillez que resultó más elocuente que cualquier argumento elaborado, que ese gesto, llamar a alguien como pide que le llamen, no le debería costar nada a un docente. Que la violencia, en este caso, es gratuita en el peor sentido de la palabra: no tiene justificación, ni siquiera la del esfuerzo.

También situó el problema con precisión estadística: la mitad de los casos de discriminación hacia personas LGBTIQ+ que documenta la propia universidad ocurren en el nivel medio superior. Por eso estaba ahí, en ese auditorio, rodeada no sólo de estudiantes sino del personal que, según los datos que su propia institución acaba de publicar, constituye parte del problema.

La rectora reconoció, en voz alta, que la discriminación sigue existiendo en los espacios universitarios. Es una realidad que ocurre hoy, en las aulas, en los pasillos, en los trámites administrativos de su propia casa de estudios.

*Un heraldo blanquiazul

Días antes del evento, la rectora recibió en el salón del Consejo General Universitario, a Ricardo García, subsecretario de Diversidad Sexual y de Género del gobierno del estado de Guanajuato. Un gobierno del PAN. Una administración encabezada por la gobernadora Libia Dennise, cuyo partido tiene una historia compleja, cuando no abiertamente hostil, con los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La visita incluyó una sesión de capacitación sobre temas de diversidad.

Conviene detenerse. Que una rectora universitaria reciba capacitación sobre diversidad no es, en sí mismo, cuestionable. Al contrario. Pero la imagen tiene capas: una universidad publica que busca liderazgo conceptual en la subsecretaría de un gobierno panista, en un estado donde los avances legislativos en materia LGBTIQ+ han llegado, en su mayoría, no gracias al gobierno sino a pesar de él, arrancados por la sociedad civil mediante juicios de amparo y contradicciones de tesis ante la Suprema Corte de Justicia.

Y el informe que en esta misma sesión se dio a conocer se documenta sin ambages: los logros del estado de Guanajuato en materia de derechos para la diversidad son, en palabras del propio informe, obra de la sociedad civil organizada, obtenidos pese a la resistencia de las autoridades. La misma autoridad cuyo subsecretario ahora capacita a la rectora y a los funcionarios universitarios.

*Bee-Sibility

El evento, al que también acudieron Ricardo García y Karla Alcaraz, titular de la PRODHEG, formó parte del festival Bee Pride, del grupo organizado Bee-Sibility, de la Universidad de Guanajuato, una celebración universitaria del orgullo que todavía los próximos días desplegará actividades culturales, académicas y simbólicas en varios espacios de la capital. Este año se cumplen seis ediciones del encendido de luces en las escalinatas con los colores de la bandera gay, cinco ediciones de la marcha universitaria del orgullo, y cuatro ediciones del festival Bee Pride.

“Amar sin permiso”, es una frase que suena bien desde el podio, pero ¿qué sucede cuando se contrasta esta frase con los datos, testimonios y silencios de la comunidad universitaria?

II. Números y sombras

Cuando José Pérez Martínez tomó la palabra, el ambiente en el auditorio de la prepa oficial ya había cambiado sutilmente. La rectora se escabulló por la puerta chica junto con toda la comitiva de corbatas. Dejaron la primera fila vacía, llevándose consigo el peso protocolario de los saludos y las fotografías oficiales. Llegó el turno de los datos y más de un preparatoriano ya estaba dormido; decenas mirando las pantallas de sus teléfonos.

Pérez Martínez, coordinador de evaluación y seguimiento del Programa Institucional de Igualdad de Género de la Universidad de Guanajuato (PIIG), instancia que durante meses diseñó, aplicó y procesó la primera Consulta Universitaria para las Poblaciones LGBTIQ+, se paró frente a una audiencia que incluía a los mismos directivos, docentes y personal administrativo que el informe que iba a presentar señalaba, con distintos grados de sutileza, como parte estructural del problema.

Había algo casi teatral en esa imagen. Un funcionario universitario explicándole a la burocracia universitaria que la burocracia universitaria discrimina. Sin aspavientos, sin señalamientos directos, con la cortesía técnica que impone el lenguaje de los diagnósticos institucionales. Es la gramática característica de estos documentos: revelar sin acusar, documentar sin incomodar demasiado, trazar el mapa del daño con una precisión que, paradójicamente, también lo administra y lo contiene.

Y comenzó donde hay que comenzar: por el proceso previo a la encuesta. Antes de lanzar el instrumento digital, el equipo del PIIG realizó grupos de escucha en los distintos campus de la UG. Fue ahí, en esas sesiones de conversación directa, donde emergieron algunas verdades que ninguna encuesta digital habría podido capturar con la misma textura. La ausencia de espacios LGBTIQ+ en la institución. El miedo a la visibilidad homosexual. La discriminación que llega, con demasiada frecuencia, desde el escritorio de los profesores. Y algo que el coordinador formuló con una honestidad que merece subrayarse: hay personas que forman parte de la diversidad sexual dentro de la universidad pero que no se asumen como tal por temor al aparato institucional. No al entorno social. Al aparato. A la estructura. A la maquinaria de poder que supuestamente las cobija.

*Límites declarados

El informe que el PIIG presentó es, en muchos sentidos, un documento notable para los estándares de la universidad pública mexicana. Merece ese reconocimiento antes de ser sometido al escrutinio que también merece. No es frecuente que una institución de educación superior en México encargue, financie, aplique y publique un diagnóstico que documenta su propio fracaso en materia de Derechos Humanos. Que lo haga con metodología mixta, y que cite a Fals Borda, a Freire y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mismo texto que tabula cuántas personas trans han sido mal generizadas por sus propios docentes, es un gesto que no debe pasarse por alto.

Pero los límites del documento son, a su vez, parte de la historia que cuenta. El instrumento fue enviado a toda la comunidad universitaria: estudiantes, docentes y personal administrativo. De los 536 accesos registrados a la plataforma, 375 personas declararon alguna forma de diversidad sexogenérica y constituyeron el universo final del análisis.

El problema está en lo que quedó afuera. De esas 375 personas, 340 (más del 90 por ciento) pertenecen al sector estudiantil. El personal académico aportó apenas 23 respuestas. El personal administrativo, nueve. Nueve personas de todo el cuerpo administrativo de una universidad con presencia en varios municipios del Estado de Guanajuato.

El propio informe reconoce esta ausencia y la califica, con delicadeza burocrática, como "modesta". Es una descripción generosa. Lo que esa cifra revela, leída sin eufemismos, es que los sectores de la universidad con mayor poder institucional (los que diseñan planes de estudio, otorgan calificaciones, procesan trámites y administran recursos) prácticamente no participaron en un diagnóstico sobre sus propias prácticas discriminatorias. No porque no hayan sido convocados. Sino porque eligieron, masivamente, no responder.

En estadística, la ausencia de respuesta no es neutralidad. Es un dato. Y este dato, situado en su contexto, sugiere que quienes tienen más poder dentro de la institución son también quienes menos interés mostraron en ser medidos. La encuesta era anónima. No había consecuencias laborales. Y aun así, el silencio administrativo y docente fue ensordecedor.

*Geografía de la confianza

Uno de los hallazgos más reveladores del informe, y que Pérez Martínez subrayó en su presentación, tiene que ver con la estructura de los apoyos y las hostilidades que percibe la comunidad LGBTIQ+ dentro de la UG. El dato superficial es relativamente alentador: el 92.5 por ciento de las personas encuestadas declaró haber encontrado amistades aliadas dentro de la institución. El 78.4 por ciento encontró compañeros estudiantes aliados. Y esto parecería, en una lectura rápida, que la universidad es un espacio de acogida.

Pero la lectura rápida es precisamente lo que este informe no merece. Porque cuando se desagrega esa percepción de alianza por sectores institucionales, el panorama cambia de forma drástica y significativa. Por ejemplo, los docentes aliados fueron encontrados por el 57.6 por ciento, pero los administrativos aliados, apenas por el 33.8 por ciento. La curva es perfectamente legible: a medida que se asciende en la jerarquía institucional, la percepción de alianza cae.

Los amigos son el refugio. La administración es el territorio hostil. La universidad, vista desde adentro por quienes pertenecen a la diversidad, no es una institución homogénea: es un mar donde las islas de seguridad son informales, afectivas, horizontales, y los continentes de poder permanecen, en su mayoría, indiferentes o adversos.

Este hallazgo tiene una consecuencia práctica que el informe menciona pero no desarrolla con suficiente contundencia: si los aliados son fundamentalmente los pares, y los adversarios son fundamentalmente la jerarquía, entonces cualquier política institucional que dependa de la voluntad de esa jerarquía para implementarse nace con una contradicción estructural en su centro: se le está pidiendo al problema que resuelva el problema.

*Aulas, escenarios de violencias

El dato más duro del informe no está presentado como el más duro. Aparece, casi de pasada, en una barra de una gráfica de quince variables: el 64.5 por ciento de las personas LGBTIQ+ encuestadas ha escuchado comentarios en contra de su comunidad dentro del salón de clases. No en internet. No en la calle. En el salón de clases. En el espacio donde se supone que ocurre la transmisión del conocimiento, la formación del pensamiento crítico, el encuentro entre la inteligencia del docente y la curiosidad del estudiante.

Seis de cada diez personas LGBTIQ+ en la Universidad de Guanajuato han tenido que sentarse a escuchar, en ese espacio supuestamente sagrado del aprendizaje, comentarios que las degradan por lo que son. Y el 37.6 por ciento ha encontrado ataques en espacios digitales de la propia universidad. El 32.8 por ciento ha recibido miradas de desagrado. El 30.1 por ciento ha sido objeto de comentarios despectivos directos. El 25.6 por ciento ha visto pintas en los muros del campus con mensajes en su contra.

Lo que este conjunto de datos dibuja no es una universidad con algunos casos aislados de intolerancia. Es una atmósfera. Una climatología social donde la hostilidad hacia la diversidad es suficientemente constante y suficientemente distribuida como para constituir una experiencia estadísticamente predecible para quien ingresa a la institución siendo LGBTIQ+. No es el riesgo de encontrarse con una mala cara en un mal día. Es la probabilidad razonablemente alta de que el espacio universitario, en algún momento de la trayectoria académica, se convierta en escenario de humillación.

Los profesores no son ajenos a esa atmósfera. Los grupos de escucha documentaron algo que la encuesta cuantitativa sólo puede insinuar: el outing (sacar a alguien del clóset sin su consentimiento), las burlas al lenguaje inclusivo, la discriminación en actividades deportivas, y las sanciones académicas vinculadas a la expresión de género, son realizadas por los profesores. Violencias todas ellas, no vienen del compañero anónimo que escribe en el espejo del baño, sino de la figura de autoridad que tiene poder sobre la calificación, sobre la permanencia, sobre el futuro profesional del estudiante.

*Estado de supervivencia

José Pérez Martínez usó una frase durante su presentación que se quedó flotando en el aire del auditorio con una densidad particular. Dijo que hay personas en la comunidad universitaria que ocultan ser LGBTIQ+ para sobrevivir.

Para sobrevivir.

No para evitar incomodidades. No para no complicarse la vida.

Para sobrevivir.

El verbo no es retórico. Es clínico. Y el informe lo respalda con un número que debería perturbar el sueño de cualquier autoridad universitaria con algo de conciencia: el 13.3 por ciento de las personas LGBTIQ+ encuestadas declaró haber experimentado, como efecto de la discriminación vivida en la UG, deseos de dejar de vivir.

Uno de cada ocho. En una institución que tiene más de cuarenta mil estudiantes. Con una proporción de diversidad sexogenérica que el propio informe reconoce como subregistrada, es decir, mayor a la que el instrumento pudo capturar. Estamos hablando, con toda la frialdad que impone la estadística, de cientos de personas cuya experiencia universitaria las ha llevado a contemplar la posibilidad de no seguir existiendo.

Ante esto, el informe recomienda, con la moderación característica de su tono institucional, que la universidad refuerce sus políticas de salud mental y prevención del suicidio. Y sí, es una recomendación necesaria y correcta. Pero la moderación del lenguaje no debe confundirse con la moderación del problema. Lo que ese 13.3 por ciento describe es una emergencia.

Y junto a ese dato, el 49.3 por ciento oculta su identidad como mecanismo de supervivencia cotidiana. El 39.7 por ciento evita mostrarse abiertamente. El 39.2 por ciento experimenta malestar emocional persistente. El 29 por ciento se aleja de las personas. El 28 por ciento experimenta desmotivación. El 18.1 por ciento deja de asistir a espacios universitarios.

Lo que estos números configuran, en conjunto, es una población en estado de contracción permanente. Personas que aprenden, semestre a semestre, a ocupar menos espacio, a bajar la voz, a calcular cada gesto antes de ejecutarlo, a administrar su propia existencia con la precisión agotadora que exige vivir bajo vigilancia social constante. La universidad, en lugar de ser el espacio de expansión intelectual y personal que promete ser, se convierte para una porción significativa de su comunidad en un ejercicio de reducción.

*Entrelíneas

Cómo ya se ha dicho, el informe está redactado desde una posición política que el propio documento tiene la honestidad de declarar: el equipo investigador señala explícitamente que no parte de la neutralidad, sino de “una convicción política clara, que es la de cambiar la realidad social de las personas LGBTIQ+ dentro de la UG”. Esto es inusual en un documento institucional universitario, donde la retórica de la objetividad científica suele funcionar como coartada para evitar el compromiso. Que el PlIG haya decidido declarar su posición política es, en sí mismo, un acto de honestidad que merece reconocimiento.

Pero esa misma honestidad pone de relieve lo que el documento, por sus propias condiciones de producción institucional, no puede decir abiertamente. No puede decir, por ejemplo, que la baja participación de docentes y administrativos no es un accidente metodológico, sino una declaración de posición. Que cuando el 90 por ciento de quienes respondieron son estudiantes, y apenas nueve personas del personal administrativo de toda la universidad decidieron participar en un diagnóstico anónimo sobre diversidad, eso tiene un nombre: indiferencia institucional activa. Una indiferencia que no necesita organizarse ni coordinarse. Basta con no responder.

No puede decir, tampoco, que la recomendación de instalar en las escuelas baños neutros lleva años circulando en espacios universitarios latinoamericanos sin que las instituciones la implementen, no porque sea cara o técnicamente complicada, sino porque desafía la organización binaria del espacio que las instituciones consideran, en algún nivel difícil de articular, parte de su orden simbólico. No puede decir que el 71.8 por ciento de las personas LGBTIQ+ encuestadas que nunca ha recibido formación en derechos de su propia comunidad no es una laguna curricular, sino una política de silencio. Los contenidos que no se enseñan tampoco son neutrales. Su ausencia es una decisión.

*Un mapa de la diversidad

Existe en el documento algo genuinamente valioso que va más allá de la denuncia: un retrato demográfico de la diversidad sexogenérica en la UG que no tiene precedente en la historia de la institución.

En ese universo encuestado, la consulta registró más de veinte formas distintas de vivir el género y la sexualidad. La bisexualidad es la orientación más frecuente. Le siguen quienes se identifican como gay, y luego quienes se describen como pansexuales. Hay luego personas demisexuales, lesbianas, asexuales. Le siguen de género fluido, personas no binarias, hombres trans, mujeres trans, personas agénero, bigénero, queer. Y existen, en ese universo de 375 personas, 14 personas intersexuales, un dato que el informe destaca con razón: la intersexualidad es, quizás, la condición más invisible dentro de la sigla LGBTIQ+, la menos representada en los discursos institucionales, la que con mayor frecuencia desaparece entre la urgencia política de las otras luchas.

Una cifra adicional que vale detenerse a considerar: 39 personas usan el pronombre "elle" y 54 utilizan más de un pronombre. En una institución que discute si sus estatutos deben incorporar lenguaje neutro, que tiene docentes que se niegan a respetar los pronombres de sus estudiantes y que el año pasado debatió (según referencias de los grupos de escucha) si prohibir el lenguaje no binario en ciertos contextos académicos, esos 93 nombres son personas concretas que llegan cada mañana a sus clases cargando una identidad que el sistema todavía no sabe cómo reconocer del todo.

Son, también, el argumento más poderoso contra quienes todavía consideran estas discusiones “abstractas” o “prescindibles”. No son categorías teóricas importadas. Son estudiantes. Son sus estudiantes.

*Optimismo administrado

El informe cierra, como es costumbre en este tipo de documentos, con recomendaciones. Ocho propuestas de política universitaria, que van desde campañas de sensibilización hasta manuales para docentes, pasando por baños neutros, reconocimiento del nombre elegido y estrategias de atención a casos de violencia.

Son recomendaciones razonables. Son, en su mayoría, el mínimo exigible. Y el hecho de que en 2026 todavía sea necesario recomendarle a una universidad pública mexicana que sus docentes usen el nombre que sus estudiantes trans piden que se les dé, dice todo lo que necesita decirse sobre la velocidad real del cambio institucional.

El propio informe lo anticipa con una frase que, en su modestia, resulta reveladora: este diagnóstico es, reconoce, “sólo un primer avance”. Un primer avance en una institución fundada en 1732. En un estado como Guanajuato, que tardó hasta 2019 para que la Suprema Corte le ordenara, contra la voluntad de sus propios tribunales, reconocer administrativamente la identidad de género de sus ciudadanas y ciudadanos trans.

Lo que el informe ha hecho, con toda su carga de datos, sus limitaciones metodológicas, su posición política declarada y sus silencios calculados, es poner por escrito algo que la comunidad LGBTIQ+ de la UG sabía de antemano: que existe, que sufre, que resiste, y que merece más que la tolerancia condescendiente de una institución que apenas comienza a aprender a mirarla. El siguiente paso depende de si alguien, en los pasillos del poder universitario, está dispuesto a hacer algo más.

III. Voces. Rupturas.

Cuando José Pérez Martínez terminó su presentación y los aplausos protocolarios se disiparon en el auditorio de la preparatoria oficial, el festival Bee Pride hizo una maniobra narrativa: cedió el micrófono a Diego Carreto.

El gesto importa. Carreto no es un funcionario universitario. No habla con el cuidado medido de quien sabe que sus palabras serán analizadas por una Junta Directiva de once notables. Él es locutor, creador de contenido y usa el maquillaje en TikTok como estrategia de comunicación política deliberada: la imagen que proyecta es, en sí misma, un argumento sobre la visibilidad.

Que la Universidad de Guanajuato lo haya invitado a hablarle a sus estudiantes de bachillerato, en el mismo acto donde la rectora acababa de pronunciar su discurso sobre amor sin permiso, dice algo sobre los márgenes que la institución está dispuesta, al menos por ahora, a tolerar.

Su conferencia se tituló ‘Homofobia en tiempos de PrEP’, título que opera en dos registros simultáneos: el medicamento que ha transformado la prevención del VIH y la persistencia de una homofobia que ningún fármaco puede erradicar. Carreto los trenzó con la soltura de alguien que lleva años traduciendo la complejidad política en lenguaje accesible para las audiencias más jóvenes.

*La historia que no está en los libros

Carreto trazó ante los estudiantes una línea histórica que la educación formal mexicana ha preferido, sistemáticamente, mantener fuera de sus planes de estudio. Comenzó donde hay que empezar para entender la persecución: en la Iglesia católica, en la Inquisición, en la corona española que llegó al continente americano cargando, entre sus muchas imposiciones, el terror hacia los cuerpos que no encajaban en su orden reproductivo y moral. Los pecados que se convierten en crímenes. El miedo de las instituciones de poder hacia quienes las desafían con su sola existencia.

De ahí hacia México. La represión de décadas. La primera marcha de la comunidad LGBTIQ+ en el país, acuerpada por el Partido Comunista de México, porque en 1979 los únicos dispuestos a marchar junto a los disidentes sexuales eran los disidentes políticos. La alianza incómoda entre dos tipos de marginalidad que el sistema consideraba, con igual hostilidad, amenazas al orden.

Y luego, la llegada del VIH.

Carreto eligió detenerse aquí con una intención pedagógica que el contexto hacía urgente. Las generaciones de estudiantes que lo escuchaban crecieron en un mundo donde el VIH sólo existe como dato médico administrable, como enfermedad crónica controlable, no como la catástrofe que fue. Los libros de historia no la dimensionan, dijo. Y tiene razón. La epidemia del SIDA en México (y en el mundo) no sólo mató a decenas de miles de personas. Destruyó una generación de artistas, activistas, intelectuales y líderes comunitarios en el momento en que el movimiento LGBTIQ+ comenzaba a ganar visibilidad pública. Fue, también, la coartada perfecta para quienes necesitaban una justificación biológica para el desprecio que ya sentían. La enfermedad como castigo. El cuerpo enfermo como evidencia moral. Que eso haya desaparecido de los libros de historia fue una política de Estado.

*PrEP como acto político

La segunda mitad de la conferencia de Carreto descendió desde la historia hacia el presente con una concreción que el auditorio no esperaba, y que pocas veces recibe en un espacio escolar. Habló del PrEP, la profilaxis preexposición al VIH, con la claridad que el tema merece y raramente recibe en México: cómo funciona, cómo se accede a él, por qué importa.

Y luego dijo algo que en cualquier auditorio estudiantil debería ser obvio, pero que en el contexto de una institución como la UG, en un estado gobernado por el PAN, sonó casi subversivo: “tu sexualidad es tu responsabilidad”. Los invitó a hacerse pruebas de VIH, a conocer su cuerpo, a cuidarlo, a no delegar en la vergüenza o en el miedo las decisiones sobre su salud sexual.

En una sala donde también había directivos y personal docente, Carreto le estaba diciendo a los estudiantes que el placer existe, que es legítimo, que tiene herramientas para ser ejercido con seguridad, y que nadie debería tener que disculparse por querer ejercerlo. No lo dijo como provocación. Lo dijo como lo que es: información básica de salud pública que el sistema educativo mexicano lleva décadas negándole a sus estudiantes con la coartada del pudor institucional.

Habló también de los grupos de ultraderecha activos en Guanajuato. No como una amenaza abstracta, sino como una realidad política concreta y local, presente en el estado con una organización y una agenda que los discursos oficiales sobre diversidad prefieren no nombrar directamente. Carreto los nombró. Y esa diferencia, pequeña en apariencia, es en realidad la diferencia entre un discurso que informa y un discurso que protege.

Cuando Carreto dejó el micrófono, el festival Bee Pride ya había dado otro paso más allá del protocolo. El tono había cambiado. La temperatura había subido un grado.

*18 de mayo. Lado B

Un día antes del acto en la prepa oficial, tres personas se sentaron en el auditorio B1 de DCEA a hablar de arte, resistencia, censura y de todo lo que significa hacer cultura LGBTIQ+ en un estado conservador que acaba de descubrir que la diversidad puede ser, bajo ciertas condiciones, un activo de imagen pública.

Vianey Castillo es artista escénica, viene de Los Cabos, y habla con la autoridad de alguien que ha aprendido a leer los espacios antes de intentar habitarlos. Cristóbal Jafer estudia artes visuales en la Universidad de Guanajuato, viene de Nayarit, y se especializa en gráfica: el arte que se imprime, que se pega, que circula... Abraham Suárez estudió filosofía, es docente, y aportó a la conversación la dimensión histórica y literaria que los otros dos encarnan en sus prácticas. La mesa se llamó ‘Arte LGBTIQ+: retos de la gestión independiente’. Un título es modesto, pero la conversación no lo fue.

*Las galerías que bajaron la cortina

Jafer comenzó por donde hay que comenzar cuando se habla de cultura en Guanajuato: por el espacio. O por su ausencia. Puso el caso de Positos, una de las pocas arterias culturales del centro histórico, donde antes de la pandemia funcionaban diecisiete galerías de arte. Hoy quedan cinco. Si bien, este no es un problema exclusivo de Guanajuato, sí adquiere aquí una dimensión adicional que convierte la pérdida en síntoma: los espacios que sobrevivieron son, mayoritariamente, los que el turismo puede consumir. Los que venden una versión de la cultura local que el visitante puede fotografiar, comprar y llevarse en una bolsa de celofán.

Suárez completó el cuadro con una genealogía que el discurso oficial sobre Guanajuato sistemáticamente omite. Años de represión: el PRI, la Iglesia, las represiones estudiantiles que los ciudadanos recuerdan pero no conmemoran. Y el arte que esa represión generó, paradójicamente, como respuesta. Los años setenta y ochenta en el país produjeron formas de expresión transgresora precisamente porque la presión era insoportable. El arte como válvula, como resistencia, como la única forma disponible de decir lo que el espacio público no permitía decir. Una historia de activismo cultural que no aparece en los folletos del Festival Cervantino ni en las guías turísticas de las Leyendas de Guanajuato.

*El riesgo de saberse ganadores

Suárez planteó la reflexión más incómoda de la mesa: ¿qué pasa cuando una comunidad que ha sido históricamente perseguida empieza a creer que ya ganó? El problema, dijo, es muy hondo. Al sabernos ya ganadores de derechos, corremos el riesgo de no hacer nada. De celebrar sin interrogar las condiciones del sistema.

Y ese es un argumento que tiene décadas de historia en el pensamiento queer internacional, desde las críticas de Urvashi Vaid a la asimilación, hasta los debates más recientes sobre el homonacionalismo y la domesticación política de la disidencia sexual. En el contexto de Guanajuato adquiere una urgencia particular. Porque aquí, la derecha también ha aprendido a hablar el lenguaje de la diversidad cuando le conviene. El gobierno de la gente tiene una subsecretaría de diversidad. La rectora recibe capacitación en inclusión. El festival de las “AbeeJotas” lleva años celebrándose con la venia institucional. Todo eso es, en algún sentido, un avance. Y en otro sentido, es exactamente el tipo de incorporación que vacía de contenido político lo que nació como disidencia.

*Censura que no es censura pero sí es censura

Jafer habló de la Universidad de Guanajuato con el conocimiento específico de quien la habita: en la UG están quitando materias consideradas escandalosas de los planes de estudio. El arte se basa en disidencias, y cuando la institución empieza a filtrar qué tipo de disidencia es aceptable, lo que está haciendo es exactamente lo que hacen todas las instituciones que temen lo que no pueden controlar: delimitar el territorio de lo permisible con el lenguaje de lo administrativo.

Se puso sobre la mesa el caso de Edder Martínez y su exposición ‘Iconoclasia’, que incomodó a la propia Universidad de Guanajuato. Lo que siguió a esa incomodidad no fue un debate intelectual sobre los límites del arte. Fue un filtro. Un mecanismo de revisión previa que en la práctica funciona como lo que es: censura institucional disfrazada de criterio curatorial. Las buenas conciencias aplicadas como instrumento de control.

El mismo mecanismo opera en la Secretaría de Cultura del estado. Las convocatorias para artistas condicionan los temas. Se requieren cuentacuentos infantiles para dar función, dijo Castillo, pero no deben ser “demasiado gays”. El maquillaje, solicitan, debe ser moderado. Y los personajes no deben ser amanerados. Y te ajustas o te ajustas, porque de una convocatoria puede depender el año económico de un artista. Cuando el dinero está condicionado al contenido, la censura no necesita censores: los propios artistas aprenden a autocensurarse.

Vianey también puso sobre la mesa una observación que merece un párrafo propio: el turismo le ha dado espacio a mucho de lo que la cultura oficial rechaza. Es una frase que incomoda por razones distintas. Incomoda a los gestores culturales porque implica que el mercado ha sido más tolerante que la institución. Incomoda a los artistas porque sugiere que la visibilidad que el turismo ofrece tiene su propio precio, su propia lógica de consumo que puede vaciar el contenido político con la misma eficacia que la censura directa. Y debería incomodar a las autoridades culturales porque revela, sin posibilidad de negación, la distancia entre lo que el estado dice querer promover y lo que realmente financia.

La artista escénica cerró la mesa con una reflexión lapidaria: “Hay que ser congruentes. No se puede decir que eres una institución comprometida con la deconstrucción masculina y tener a hombres cuestionables en tu institución”.

IV. La ciudad se enciende

El lunes 18 de mayo, cuando el sol terminó de caer sobre las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, ocurrió algo que hace apenas una década habría sido impensable en esta ciudad: los colores de la bandera de la diversidad se encendieron sobre una de las fachadas más reconocibles del estado, la que corona el centro histórico de Guanajuato como si la arquitectura neoclásica hubiera decidido, por una noche, soñar en otro idioma.

Fue el sexto encendido consecutivo. El sexto año en que la institución elige iluminar sus escalinatas con los colores que durante décadas sus propios pasillos contribuyeron a invisibilizar. El gesto ya tiene historia, repetición, y ya empieza a tener la textura de lo que podría convertirse en tradición. Y eso, en sí mismo, es una transformación que merece ser registrada. Ojalá tengamos la certeza de lo que ocurrirá cuando se apaguen las luces. 

La marcha que culminará la primera semana del Bee Pride será el próximo jueves 21 de mayo, y será la quinta. Partirá a las cinco y media de la tarde desde la Alhóndiga de Granaditas, y recorrerá las calles del centro histórico hasta la Plaza Allende. Es un trayecto corto en distancia, pero largo en simbolismo. Aunque el turismo ha convertido estás calles en patrimonio de la humanidad, sus habitantes LGBTIQ+ la recorren con el conocimiento de que, desde 2018, ahí se han presentado 369 casos de violencia y discriminación, y 39 asesinatos hacia su comunidad.

Marchar por esas calles no es, entonces, un acto solamente festivo, sino un acto de cartografía política: trazar con los cuerpos, una vez al año, el mapa de un derecho que el resto del año se ejerce con precaución.

*El derecho a la cultura

Lo que el Bee Pride ofrece esta semana y la próxima es, leído con atención, algo más que una agenda De eventos. Es el retrato de una comunidad universitaria que ha aprendido desde un grupo organizado, a construir sus propios espacios de conocimiento, creación y resistencia en paralelo, y a veces en tensión, con los espacios que la institución le concede.

El martes 19, mientras por la mañana la rectora presentó su discurso sobre la diversidad, por la noche el Museo UG acogió el Tercer Coloquio de Investigación y Creación de Arte y Teoría Queer. El dato de la simultaneidad importa: en el mismo día, en distintos espacios de la misma institución, ocurrieron una rendición de cuentas estadística y un ejercicio de producción queer. La universidad, ese día, fue dos cosas a la vez. Y la pregunta es si esas dos cosas se hablan entre sí o si cada una ocurre en su propio registro, sin que los resultados de una alimenten los marcos conceptuales de la otra.

En este mismo marco, el Edificio de las Artes dará espacio a conferencias que configuran un programa que ninguna universidad pública del país habría organizado hace diez años: Rodrigo Rojas hablará de ‘Arte queer para sobrevivir’. José Pérez hablará de ‘Resistencia narrativa: desarticulando los discursos anti-LGBTIQ+’. Y Victoria Padrón cerrará con ‘El arte de ser trans: expresión, identidad y transición’, una conferencia que pone en el centro exactamente lo que la directriz del tribunal guanajuatense de 2018 intentó negar: que la identidad trans existe, que se expresa, que transiciona, y que todo eso ocurre con o sin el permiso de las instituciones. 

*La semana que viene

Del lunes 25 al jueves 28 de mayo, el Bee Pride abandona los podios y desciende hacia los espacios donde la cultura se hace con las manos. Es, quizás, la parte del festival que mejor describe lo que la comunidad LGBTIQ+ universitaria ha construido al margen del poder.

En la sede Belén, un taller de pintura de totebags. En Casa Cuévano, Miros Domínguez enseñará crochet jochis con un objetivo específico: tejer una bandera que identifique a quien la lleva. El bordado como declaración. La aguja como instrumento político, la tradición que las activistas feministas latinoamericanas llevan bordando desde hace décadas.

Habrá un taller de grabado, un taller de collage con íconos LGBTIQ+, un taller de bordado titulado ‘Ciudad disidente’, que lleva en su nombre una declaración sobre la ciudad que se quiere. En el Cine Club de DCEA, la proyección de ‘Las aventuras de Priscilla, reina del desierto’.

Y en W Club, un taller de voguin impartido por Eve Dancer, disciplina de movimiento que nació en los salones de baile de Harlem donde las comunidades negras y latinas LGBTIQ+ de Nueva York crearon, en los años setenta y ochenta, una cultura de performance y competencia que fue simultáneamente refugio, arte y acto de resistencia ante la persecución, la pobreza y el SIDA. ¿Quién dijo (y dijo bien) que la historia viaja en los cuerpos que bailan? 

*Sin permiso

Las cuatro ediciones de Bee Pride son tiempo suficiente para que el festival deje de ser una novedad y empiece a ser evaluado por sus resultados. Pero no los resultados del festival en sí, sino los resultados de la transformación institucional que el festival presupone y que los datos del informe se encargan de medir.

Seis encendidos de la escalinata con los colores del arcoíris, y el 79.5 por ciento de la comunidad LGBTIQ+ de la UG ha vivido al menos una forma de discriminación en sus espacios. Cinco años de marchas y el 64.5 por ciento ha escuchado comentarios en su contra en el salón de clases. Cuatro festivales del orgullo y el 49.3 por ciento de la comunidad oculta su identidad para sobrevivir. Una rectora que usa lenguaje inclusivo, pero el 13.3 por ciento ha tenido deseos de dejar de vivir.

Los eventos culturales construyen comunidad, pero no sustituyen las políticas. No reemplazan los protocolos de sanción a quienes ejercen violencias. No cambian la cultura de un claustro docente que lleva décadas operando con la impunidad que otorga el machismo institucional. No transforman los planes de estudio. No instalan baños neutros. No obligan a un administrativo homofóbico a usar el pronombre correcto cuando procesa un trámite.

Enhorabuena a quienes organizan el Bee Pride, que mantienen encendida la evidencia de que la comunidad LGBTIQ+ existe, que persiste, que crea, que baila, que borda, que graba, que marcha. Y que ondean con orgullo banderas hechas con sus propias manos porque las instituciones todavía no terminan de tejerlas. “Amar sin permiso”, dice Claudia Susana. “Existir sin permiso”, les aconsejo.

***Oscar Espinoza es periodista y escritor con 18 años de trayectoria. Su trabajo se ha distinguido por una mirada crítica hacia la cultura, la política y la vida artística en Guanajuato. También se ha desempeñado como docente y gestor cultural, consolidándose como una voz ética e independiente en el análisis público. Actualmente es Presidente del Consejo Ciudadano de Radio Universidad de Guanajuato.