La Universidad de Guanajuato fue sentenciada desde julio de 2020 a reconocer a 36 maestros de la Unidad de Idiomas campus León como trabajadores docentes con todos los derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, pero con alegatos ha postergado brindarles protección conforme a la ley y a 31 de ellos aún falta se les reconozca como injustificado el despido perpetrado en enero de 2020.

De la plantilla original, a principios de ese año, de alrededor de 80 maestros de idiomas, despidieron a 31, mermando la capacidad de atención al alumnado.

Este martes, víspera del Informe Anual de Actividades 2021- 2022 del rector general Luis Felipe Guerrero Agripino, representantes de los 36 afectados dieron a conocer ante la opinión pública la situación en la que se encuentran, exigiendo a la Universidad que cumpla con sus obligaciones como patrón.

Fotos: Martha Silva

Mencionaron que esto ocurre luego de una lucha de muchos años, primero con solicitudes internas ante las instancias universitarias y ante el propio rector para el reconocimiento de sus derechos laborales, lo que al final derivó en tres demandas ante la Junta Local Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios de Guanajuato.

Dos de ellas, expedientes número 18/2018/LN/CA/INDU y 22/2018/LN/CA/INDU ya fueron resueltas el 2 de julio de 2020, donde se acepta su estatus como trabajadores docentes, aunque la UG solicitó un amparo, se le negó y las sentencias quedaron firmes.

Sin embargo, la audiencia incidental de liquidación, que establecerá las cantidades específicas que la UG debe cubrir en cada uno de sus casos, no se ha realizado desde abril y mayo de 2021 porque la UG ofreció como prueba un informe de su departamento de Recursos Humanos que no ha entregado, sin importarle los múltiples requerimientos y al menos cuatro multas por parte de la autoridad laboral.

A una tercera demanda, expediente número 4/2020/LN/CA/INDU, sobre el despido injustificado de 31 de los 36 inconformes, la Universidad también sigue extendiendo indefinidamente el proceso, con el mismo pretexto de presentar otro informe de RH como prueba.

Las y los ex profesores afirman que la institución está actuando de manera poco ética, apostando a su desgaste para evadir las responsabilidades contraídas. En una única reunión con la autoridad escolar, en 2019, afirman que se les comentó que no había dinero para cumplir con la obligación.

“UG simulaba una relación de trabajo distinta” a la real, la denuncia

En un comunicado de prensa leído por una de las afectadas, la profesora Jessica Pérez, los inconformes denunciaron que a pesar de que realizaron un trabajo docente dentro de la Universidad “fuimos tratados de manera distinta e injusta al ser contratados como Prestadores de servicios profesionales asimilados a salarios, a pesar de que trabajábamos como los demás docentes universitarios” con horario, jefe y espacio de trabajo pero sin prestaciones, ni seguridad social o estabilidad en el empleo.

Comentaron que actualmente están en un juicio incidente de liquidación, que como se mencionó, está detenido por la prueba ofrecida y no entregada por el departamento de Recursos Humanos de UG, que serviría precisamente para cuantificar los montos.

En este impasse, algunas personas afectadas han tenido que abandonar la docencia de idiomas y buscar otro trabajo que les permita llevar comida a sus mesas y pagar sus cuentas.

Afirman que aunque en 2018 presentaron las demandas laborales, ellos siguieron trabajando normal.

Sin embargo, en enero de 2020, el coordinador de la unidad de idiomas y uno de los despedidos, Sergio Barbosa Macías comentó que él fue prácticamente el único a quien le informaron de la separación del cargo poco antes de iniciar ese semestre; con todos los demás simplemente ya no hubo contacto ni se les renovó el contrato.

No les dieron algún motivo o razón, solo nunca los volvieron a contactar, a pesar de que había personal que llevaba trabajando 20 años en la institución, como fue el caso de Alejandro Medina, también presente en la conferencia.

Ya con la pandemia, cuando originalmente se tenía una capacidad de atención para más de 2 mil alumnos, por la falta de profesores, sólo se habrían aceptado poco más de mil.

A unas horas de que el rector general Guerrero Agripino brinde su informe anual, le piden atender la situación y “que cumplan con lo que la ley les está diciendo”, que entregue las pruebas.

En caso de que esto no ocurra, falta que la Junta local se pronuncie sobre un procedimiento iniciado por el abogado del colectivo para ya no admitir esa prueba faltante y el juicio pueda avanzar.

Por su parte, la Universidad de Guanajuato afirma que a la fecha no ha recibido una notificación oficial de la resolución del juicio de amparo que interpuso la Institución por las sentencias sobre reconocimiento al estatus de trabajadores docentes. Con relación a la tercera demanda, que refieren a despido injustificado, dijo que actualmente el juicio se encuentra en curso, en la etapa de desahogo de pruebas.