En cuatro décadas, los ultraprocesados transformaron las mesas familiares, los supermercados y la salud pública en América Latina. El cambio ha provocado que en países como México o Brasil, el consumo prácticamente se haya duplicado desde los años ochenta; en Argentina el aumento fue de casi un 50% en tres décadas. Como resultado, en el continente se consumen entre 100 y 150 kilos de estos productos por persona al año.

De acuerdo con la serie Ultraprocesados y salud humana publicada en The Lancet, esta expansión no es casual. Los principales fabricantes —entre ellos Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever y la mexicana FEMSA— operan con recursos que superan a muchos gobiernos. Solo en 2024, Coca-Cola, PepsiCo y Mondelez destinaron más de 13 mil millones de dólares en publicidad, una cifra cuatro veces mayor al presupuesto operativo de la Organización Mundial de la Salud.

Esta industria tiene ventas anuales globales de 1,9 billones de dólares, lo que la convierte en el sector más rentable de la industria alimentaria. Estas corporaciones representaron el 42% de los 1,5 billones de dólares en activos totales del sector en 2021, incluyendo instalaciones de producción, redes de distribución, sistemas de marketing y miles de marcas registradas. Colectivamente, poseen cientos de subsidiarias, con presencia en prácticamente todo el mundo.

Los autores mencionan tácticas de mercado agresivas en la región, como el sistema de micro-distribución de Coca-Cola a través de tiendas con marca en México y la fuerza de ventas puerta a puerta de Nestlé en las favelas urbanas de Brasil.

En la década de 1980, los programas de ajuste estructural y los acuerdos de libre comercio reorientaron la agricultura en muchos países de la región hacia cultivos de exportación, al tiempo que abrían los mercados a la inversión de las grandes corporaciones transnacionales de ultraprocesados facilitando su expansión.

De esta manera han construido un poder político que les permite influir en decisiones gubernamentales, moldear debates públicos y bloquear regulaciones mediante cabildeo, litigios, campañas mediáticas e incluso la fabricación de duda científica, señala la serie que contó con la participación de 43 investigadores de distintos países.

La serie revela cómo estas empresas emplean tácticas políticas sofisticadas, algunos investigadores la comparan con la estrategia del tabaco: construir duda, sembrar miedo regulatorio y dilatar el tiempo tanto como sea posible para evitar nuevas normas.

En la investigación publicada en The Lancet se detalla numerosas estrategias corporativas desplegadas en la región: desde cabildeo masivo hasta amenazas de litigios internacionales. En Colombia, por ejemplo, organismos públicos se alinearon con la postura de la industria durante el debate sobre el etiquetado. En México, organizaciones financiadas por fabricantes defendieron posiciones que favorecían la autorregulación. En Chile, representantes empresariales presionaron con argumentos basados en supuestas violaciones a tratados comerciales.

Activistas y científicos también sufren presiones, por medio de “amenazas legales, ataques en línea, intentos de dañar nuestras reputaciones y distorsionar la evidencia científica”, dijo Chris van Tulleken, de la Universidad College London, durante la presentación de la serie.

En el documento se habla de la urgencia por establecer políticas coordinadas para regular y reducir la producción, comercialización y consumo de este tipo de productos y responsabilizar a las grandes empresas por su papel en la promoción de dietas no saludables. Y para reducir el poder de la industria en los sistemas alimentarios, los especialistas proponen “desincentivar fuertemente la producción de ultraprocesados, reducir el poder del marketing y redistribuir recursos a otros tipos de productores de alimentos; excluir a la industria de ultraprocesados de la gobernanza alimentaria; terminar con la dependencia de acciones corporativas voluntarias; y reformar la política, la práctica profesional sanitaria y científica para minimizar la interferencia corporativa”.

Tulleken enfatizó que “cuando el propósito de un alimento es la ganancia, cada aspecto de ese producto será optimizado para impulsar el consumo máximo. Y se crearán estructuras políticas y de poder que limitan y previenen la regulación”.

Para ello plantean que los ultraprocesados se prioricen como un tema de salud global. De acuerdo con los especialistas, las dietas altas en estos comestibles están vinculadas a comer en exceso, mala calidad nutricional —ya que tienen exceso de azúcar y grasas no saludables, y muy poca fibra y proteína— además de una mayor exposición a productos químicos y aditivos nocivos.

Los ultraprocesados son definidos en el documento como “productos hechos de ingredientes industriales de bajo costo, como aceites hidrogenados, aislados de proteínas o jarabe de glucosa/fructosa, y aditivos alimentarios cosméticos (por ejemplo, colorantes, edulcorantes artificiales, emulgentes). Están diseñados y comercializados para desplazar alimentos frescos y mínimamente procesados y comidas tradicionales, mientras maximizan las ganancias corporativas”.

América Latina: un laboratorio de políticas públicas

De acuerdo con la investigación, el desplazamiento de los patrones dietéticos tradicionales por este tipo de comestibles es un factor clave de la creciente carga global de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta.

El análisis de encuestas nacionales muestra la contribución energética de los comestibles ultraprocesados a las compras totales de alimentos de los hogares. En el caso de México y Brasil creció del 10% al 23% en cuatro décadas. Mientras que en Argentina el aumento fue del 19% al 29% en 30 años.

El consumo en América Latina y el Caribe entre 2007 y 2022 se mantuvo entre los 100 y 150 kilogramos de ultraprocesados per cápita. Sin embargo, en esta región, las ventas generales disminuyeron después de 2016 debido a la reducción en las ventas de bebidas azucaradas y a tendencias estables en otras subcategorías.

Neena Prasad, directora del Programa de Política Alimentaria en Bloomberg Philanthropies, dijo durante la presentación que, debido a su trabajo, viaja por todo el mundo, “y dondequiera que voy, me gusta parar en un supermercado, porque esos pasillos cuentan una historia importante. No importa el país o su nivel de ingresos, los estantes ahora se ven notablemente similares: paquetes brillantes, largas listas de ingredientes y alimentos que parecen familiares, pero están cada vez más lejos de lo que una vez fueron”.

Durante décadas, las políticas de salud pública se centraron en educar al consumidor para evitar las grasas, azúcares y sal. Pero los autores de la serie señalan que esta estrategia es insuficiente. No se trata de voluntad individual, sino de sistemas alimentarios diseñados para inundar el mercado con productos baratos, hiperpalatables- es decir, con sabores intensos y sabrosos- disponibles en cada esquina y promocionados agresivamente.

La propuesta de la serie es que el enfoque debe cambiar. Las medidas más efectivas son aquellas que actúan simultáneamente sobre la producción, la comercialización, la disponibilidad y la influencia política de la industria.

Algunas de esas prácticas se han puesto en marcha en América Latina, una región históricamente abierta a la influencia de grandes corporaciones, que, sin embargo, comenzó a construir políticas que hoy son ejemplo de regulación efectiva.

De acuerdo con los autores, los avances latinoamericanos ofrecen varias lecciones: que las políticas integrales funcionan mejor que las aisladas; que las coaliciones entre sociedad civil, academia y sector público son indispensables; y que el poder corporativo no puede ser un actor neutral en la gobernanza alimentaria.

En Chile, después de años de debate político y resistencia empresarial —incluidas presiones internacionales— se implementó un modelo integrado que combina advertencias frontales, prohibiciones de marketing infantil y la eliminación total de ultraprocesados en las escuelas. Con estas medidas, la publicidad dirigida a niñas y niños se desplomó, la exposición en entornos escolares se redujo drásticamente y las familias comenzaron a identificar con mayor claridad los productos ultraprocesados.

En México, uno de los mercados más lucrativos para los ultraprocesados, en 2014 se implementó el impuesto a las bebidas azucaradas. Años después se estableció el etiquetado frontal de advertencia, se prohibió la venta y promoción de ultraprocesados dentro de las escuelas y se promulgó la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Colombia tiene una propuesta de gravamen a bebidas azucaradas que irá incrementando gradualmente, al pasar del  12.5% al 15%, hasta llegar al 20% recomendado por los expertos en salud pública.

En la serie se destaca Brasil, donde se adoptó la Guía Alimentaria —que ha servido de ejemplo para otros países— advierte explícitamente sobre los ultraprocesados y recomienda evitarlos. Pero la medida que realmente cambió el panorama fue el Programa Nacional de Alimentación Escolar: un sistema que alimenta a más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes y que privilegia la compra de alimentos frescos provenientes de agricultores locales, grupos vulnerables y producción agroecológica.

El programa no solo limita la entrada de ultraprocesados en los comedores escolares, sino que impulsa economías locales y da sostén a sistemas alimentarios diversificados, algo crucial para reducir la dependencia de productos industriales.

En Perú existen las adquisiciones y provisión públicas de alimentos mínimamente procesados para los comedores comunitarios.

“Estas políticas, junto con otros cambios impactantes, deberían fortalecerse, coordinarse de manera mutuamente reforzadora y extenderse a más países”, señalan los autores.

Los riesgos: un consenso científico difícil de ignorar

La evidencia recopilada por la serie de The Lancet muestra que 92 de 104 estudios prospectivos analizados vinculan el consumo de ultraprocesados con un mayor riesgo de al menos 12 enfermedades crónicas. Entre ellas destacan obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, afecciones cardiovasculares, depresión y mortalidad prematura.

Los expertos de The Lancet enfatizan que el problema no es solo la cantidad de azúcar, grasas o sodio. La manera en que se fabrican estos productos —su diseño sensorial, su densidad energética, sus estructuras alteradas, sus aditivos y la forma en que estimulan la sobre ingesta— activa mecanismos fisiológicos ligados a inflamación y deterioro metabólico. De acuerdo con los autores, no basta con reformularlos; el daño viene de la naturaleza misma del ultraprocesamiento.

Sin embargo, estos comestibles siguen siendo la opción fácil para millones de familias que viven entre jornadas laborales extensas, ingresos limitados y una marea publicitaria que normaliza su consumo desde la infancia.