Por: José Roberto Saucedo Pimentel

El 26 de febrero de 2026, el Informe anual 2025 presentado por el fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste ante el Congreso del Estado de Guanajuato recorre un camino conocido: el de las cifras extraordinarias, los porcentajes espectaculares y los logros históricos enmarcados en una narrativa que se autodefine como "humanista" y respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, al contrastar ese discurso con el Código Nacional de Procedimientos Penales, con los datos disponibles en medios independientes y con la propia conducta institucional durante la presentación del informe, lo que emerge no es una procuración de justicia sólida, sino un relato inflado y contradictorio que merece ser cuestionado con rigor y sin complacencias.

EL DISCURSO HUMANISTA VERSUS LA PRÁCTICA OPACA

El informe se autocalifica como el ejercicio de una institución garante de un enfoque humanista en la procuración de justicia. Sin embargo, durante su propia presentación —realizada el 26 de febrero de 2026 en el Auditorio del Estado, un recinto de mayor capacidad que el auditorio habitual de la Fiscalía— ocurrió algo que contradice ese discurso de manera flagrante: por primera vez en la historia institucional, se negó el acceso directo de la prensa al acto protocolar.

Los periodistas fueron confinados a un pequeño recinto contiguo al auditorio, donde únicamente pudieron seguir la transmisión en pantalla -en idénticas condiciones que si lo hubieran visto desde sus casas.-  A los fotógrafos se les permitió ingresar apenas tres minutos en modalidad de "carrusel", de diez en diez, formados por varios minutos antes de acceder. La prensa, en un contexto democrático, no es un adorno institucional: es uno de los pilares de la rendición de cuentas. Confinar a los reporteros y negar cualquier posibilidad de interacción directa con el titular contradice de manera flagrante el supuesto compromiso con la transparencia que la Fiscalía proclama.

No fue solo un problema logístico. La delegada nacional de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, Yulma Rocha, lo dijo con claridad: "Cuando una institución es observada, da mejores resultados. No se debe esconder la realidad porque ya no puede ocultarse; al contrario, tiene que explicarse." Y este comportamiento tampoco es novedad: en febrero de 2026, ante la masacre de Salamanca, el propio fiscal Vázquez Alatriste dijo a los periodistas: "Es tan delicado y tan sensible que no esperen que les dé información, no a ustedes." Si una institución presume un enfoque humanista, debe ser capaz de someter sus cifras, supuestos logros y estrategias al escrutinio público, y no esconderse detrás de una tarima y una proyección de PowerPoint.

¿CIFRAS INFLADAS O TRABAJO SUSTANTIVO?

El informe presume un incremento del 139% en determinaciones ministeriales, al pasar de alrededor de 145,000 en 2024 a 348,454 en 2025. El dato impresiona por su magnitud, pero no resiste un análisis jurídico serio. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla determinaciones ministeriales que abarcan desde el no ejercicio de la acción penal hasta el archivo temporal de carpetas. Si la mayoría de ese volumen corresponde a archivos o determinaciones ligeras —como el propio CNPP permite en casos de insuficiencia probatoria o falta de condiciones para continuar la investigación—, esas cifras dejan de ser productividad para convertirse en etiquetas numéricas sin contenido jurídico real.

El informe reporta además 15,570 judicializaciones —un incremento del 38% frente a los 11,298 casos del año anterior— y 10,571 vinculaciones a proceso, con una efectividad anunciada del 96%. Pero esa tasa se calcula únicamente sobre el subconjunto de casos ya presentados ante el juez, no sobre el total de carpetas iniciadas. Es una estadística técnicamente cierta pero gráficamente engañosa si no se contextualiza: de las 162,587 carpetas abiertas en 2025, solo 10,571 llegaron a vinculación. El porcentaje real sobre el universo total de carpetas es radicalmente distinto al 96% que encabeza el informe.

Lo mismo ocurre con las 2,495 sentencias condenatorias —un 39% más que las 1,789 de 2024—: son un avance real, pero insuficiente cuando se pondera frente al volumen total de carpetas activas. En el sistema penal acusatorio, el indicador crítico no es cuántos procesos se inician, sino cuántos cierran con sentencia firme y pena cumplida. El informe brilla por la ausencia de ese dato.

EL "100% DE ESCLARECIMIENTO" EN SECUESTROS: ¿ROMANCE ESTADÍSTICO O REALIDAD?

El informe llega al extremo de afirmar que en materia de secuestro hubo 100% de casos esclarecidos. A primera vista, la cifra impresiona. Pero cuando se examina con espíritu crítico —y a la luz de la falta de datos completos sobre cuántas carpetas fueron efectivamente iniciadas y cómo se definió operativamente el concepto de "esclarecimiento"—, la afirmación se convierte en retórica vacía más que en certeza jurídica. En materia penal, el esclarecimiento real se mide en resultados procesales concretos: detenidos vinculados a proceso, juicios orales concluidos, sentencias ejecutoriadas. Sin esos elementos, el 100% es solo un número.

EL ESCÁNDALO DE LOS CATEOS Y LAS ACUSACIONES DE ABUSO

El informe reporta 2,150 cateos realizados durante 2025, un incremento del 87% respecto al año anterior, además del cumplimiento de 5,031 órdenes judiciales de un total de 6,113 obtenidas. El volumen es notable, pero diversas voces periodísticas han documentado que ese incremento no obedece únicamente a una mayor eficacia investigativa, sino a la importación de prácticas provenientes de la Fiscalía General de la República, institución donde el propio Vázquez Alatriste se desempeñó antes de su nombramiento en Guanajuato.

Según publicaciones de medios independientes, hay señalamientos concretos de que algunos cateos se han convertido en mecanismos de presión o extorsión extraordinaria hacia particulares, generando temor, costos indebidos, coacción y estigmatización social en los entornos de quienes son objeto de estas órdenes judiciales. De confirmarse con evidencia suficiente, esa práctica constituiría un uso abiertamente abusivo del poder público. No puede defenderse una Fiscalía "humanista" cuando sus métodos generan ese tipo de daños colaterales en la ciudadanía.

FORMACIÓN ACADÉMICA PREGONADA VERSUS RIGOR INSTITUCIONAL

El informe incluye también un afán por legitimar el discurso institucional con las credenciales académicas del titular, destacando que el fiscal general cursó un Doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia en el Centro de Estudios de Posgrado Campus Cancún. La Constancia de Situación Profesional expedida por la propia Secretaría de Educación Pública —documento oficial con firma electrónica y sello digital— confirma que ese grado tiene cédula profesional registrada (14737828), con fecha de titulación del 30 de julio de 2022 y fecha de expedición de la cédula hasta el 13 de febrero de 2025: casi tres años de diferencia entre la supuesta conclusión del programa y la obtención del documento que lo acredita oficialmente.

Pero hay un dato que merece atención particular. El listado oficial de programas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) federal, publicado por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP, muestra que el Centro de Estudios de Posgrado Campus Cancún cuenta con RVOE para un Doctorado en Derecho Penal y dos maestrías —en Derecho Procesal Laboral y en Derecho Procesal Penal—, pero el Doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia no aparece en ese listado con RVOE federal. El programa sí figura en directorios de oferta educativa privada como un posgrado de cuatro cuatrimestres en modalidad presencial —poco más de un año para alcanzar el grado doctoral—, lo que plantea preguntas razonables sobre los criterios académicos que rigieron su impartición.

Esto no es, en sí mismo, una acusación de fraude académico: la cédula existe y fue expedida por la SEP. Pero sí es una irregularidad que genera cuestionamientos legítimos sobre la solidez del grado que el informe utiliza como respaldo de autoridad intelectual del titular. En un sistema penal que exige al Ministerio Público el más riguroso estándar probatorio en cada actuación, resulta cuando menos incongruente que la formación académica que se esgrime como credencial de liderazgo institucional no resista el mismo nivel de escrutinio que la propia Fiscalía aplica a sus casos. La sociedad guanajuatense no necesita conocer el currículum del fiscal: necesita resultados procesales sólidos, verificables y transparentes.

LA RESISTENCIA A LA AUTOCRÍTICA: UN SÍNTOMA GRAVE

Quizá el rasgo más preocupante del informe no sean las cifras en sí mismas, sino la ausencia total de autoanálisis crítico frente a las fallas estructurales del sistema de justicia en Guanajuato. El informe no aborda la persistencia de las desapariciones forzadas, ni el patrón de impunidad que todavía percibe una parte importante de la ciudadanía, ni la falta de coordinación interinstitucional en casos de alto impacto.  

El Código Nacional de Procedimientos Penales regula una procuración de justicia que, debe ejercerse con objetividad, eficiencia y profesionalismo. La objetividad implica reconocer también los déficits, no solo exhibir los aciertos. Una Fiscalía que prefiere la construcción de estadísticas confortantes a la confrontación rigurosa con sus problemas reales no está cumpliendo ese mandato.

CONCLUSIÓN: ¿JUSTICIA O ESPECTÁCULO NUMÉRICO?

Un buen informe de gestión en materia penal debería responder —no eludir— preguntas concretas: ¿cuántas de las 348,454 determinaciones ministeriales fueron no ejercicios de la acción penal o archivos temporales? ¿Cuántas de las 162,587 carpetas iniciadas en 2025 derivaron en proceso penal efectivo? ¿Cómo se protege realmente a las víctimas más allá de contabilizar las "atenciones" brindadas? ¿Qué mecanismos de transparencia existen ante cuestionamientos documentados sobre el uso de los cateos? El informe presentado ante el Congreso del Estado no responde ninguna de esas preguntas.

La sociedad guanajuatense merece una Fiscalía que cuente datos completos, que facilite preguntas, que permita el escrutinio abierto de la prensa y que asuma sus fallas como oportunidades de mejora institucional. No necesita una gerencia de cifras ni un lenguaje casi poético —como describió la propia cobertura mediática el tono del fiscal durante su informe— para hablar de resultados que deberían medirse en expedientes resueltos, en víctimas restituidas en sus derechos y en procesos que resistan el análisis jurídico más estricto.

Porque en materia penal, las estadísticas sin contexto son un espejismo de justicia y un espejismo, por convincente que parezca, nunca ha saciado la sed de nadie.