Hace tres años lo intentó y una comunidad organizada logró frenarlo, pero ahora con la complicidad del gobierno municipal de Guanajuato y las omisiones de las autoridades estatales y federales en materia ambiental, Sergio Fernando Ascencio Barba retomó su proyecto de fraccionamiento residencial en la sierra de Santa Rosa: La Cucursola, clausurado por el deterioro al medio ambiente en el "pulmón de Guanajuato" y la ausencia de permisos.

Sin transparentar el proceso y el cumplimiento de todas las normas ambientales, el político y empresario irapuatense que administra la empresa Loma de Irapuato SA de CV obtuvo de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del municipio de Guanajuato el permiso para vender 47 lotes desde el 22 de septiembre de 2022.

La Cucursola, fraccionamiento residencial de Ascencio Barba. Fotografías de Juan José Plascencia

Habitantes de la sierra y activistas que promovieron las acciones legales en contra del desarrollo inmobiliario del ex diputado panista y ex funcionario en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo desconocen cómo fue que se quitaron los sellos de clausura que colocó la Profepa al inicio de febrero de 2020, porque la autoridad federal se niega a entregar información.

En un recorrido que hizo POPLab por la comunidad de Santa Rosa, habitantes comentaron que no se les informó de ninguna resolución judicial que permitiera a Ascencio Barba retomar el proyecto que estuvo clausurado.

El mismo director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, Juan Carlos Delgado Zárate, responsable de otorgar el permiso a la empresa Loma de Irapuato para la venta de lotes en La Cucursola, aseguró no tener detalles sobre el retiro de los sellos de clausura.

"Son sellos que se han retirado, que se agotaron mediante algún proceso que tuvo que ver el fraccionador con la parte federal, yo ahí no podría decir detalles, lo que yo le digo es que esa clausura ya no existe", dijo en entrevista Delgado Zárate para defender el permiso para la venta que otorgó la dirección en 2022.

Juan Carlos Delgado aseguró que Fernando Ascencio cumplió con todos los requisitos legales; sin embargo, la dirección a su cargo tomó en cuenta un convenio con el Comité Rural del Agua de Santa Rosa que está sin efectos por decisión colectiva de la comunidad, ante el temor de quedarse sin suficiente agua de la presa de Peralillo para suministrar a la comunidad.

Además, de acuerdo con las organizaciones Acción Colectiva y Colibríes en Movimiento, el cambio de uso de suelo para fraccionar en la zona serrana de Guanajuato tuvo que tramitarse ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la autorización de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (Smaot) por tratarse de terrenos forestales de productividad alta, pero no existe registro de que Loma de Irapuato o Fernando Ascencio Barba hayan hecho algún trámite para el desarrollo en la Sierra de Santa Rosa.

"El municipio está en problemas porque otorgó permisos de venta el año pasado siendo que públicamente Alejandro Navarro dijo que su administración no había otorgado permisos para La Cucursola", precisó Gustavo Lozano, integrante de Acción Colectiva.

El abogado ambientalista llamó a las personas interesadas en adquirir un lote en Cucursola a no invertir en el fraccionamiento porque aseguró que sería “comprar un problema”.

En entrevista con Delgado Zárate, éste justificó que otorgó la autorización de la traza de lotes, la licencia de obras de urbanización y el permiso de venta porque administraciones anteriores, en 2012 y 2016, autorizaron el cambio de uso de suelo exclusivamente para lotes de arriba de 1 mil metros cuadrados, aunque los desarrolladores ofertan en su página terrenos de 900 metros cuadrados.

Según las publicaciones en redes sociales de La Cucursola, se venden a precio especial 10 lotes de 2 mil 200 pesos el metro cuadrado; es decir, cada terreno con costo de aproximadamente 2 millones 200 mil pesos.

Denuncias penales contra Ascencio, Navarro y Delgado

"La realidad es que los gobiernos 2018-2021 y 2021-2024 del municipio de Guanajuato, ambos presididos por el propio Alejandro Navarro Saldaña, han allanado el camino a Sergio Fernando Ascencio Barba", denunciaron en rueda de prensa las organizaciones sociales Acción Colectiva y Movimiento Colibríes, que acompañaron a habitantes de Santa Rosa en la promoción de recursos legales para frenar el desarrollo inmobiliario del empresario irapuatense.

Al asegurar que los permisos que ha otorgado el gobierno de Alejandro Navarro al panista Fernando Ascencio están al margen de la Ley, anunciaron que como integrantes de ambas asociaciones civiles van a promover denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República en contra de Fernando Ascencio, Alejandro Navarro y Juan Carlos Delgado.

Sergio Fernando Ascencio Barba

Las denuncias penales son por hechos que podrían constituir al menos nueve delitos, siete de ellos del fuero común: tráfico de influencias, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, afectación al ordenamiento territorial, fraude procesal y contra la gestión ambiental. Además de los que compete investigar a la Fiscalía General de la República: contra la biodiversidad y la gestión ambiental.

Gustavo Lozano de Acción Colectiva comentó que podría ser en el proceso penal que se enteren cómo fue que Ascencio quitó los sellos de clausura que se colocaron en febrero de 2020, al no tener acceso al expediente completo que está a resguardo de la Profepa.

"No nos quieren dar información, tienen una manera de manejar los expedientes que es un poco extraña porque, aunque seas reconocido por la Profepa como coadyuvante de la denuncia, se impide que puedas vigilar, observar, leer, la parte del expediente que tiene que ver con la persona denunciada; es decir, hay información a la que no hemos accedido en la Profepa", contó en rueda de prensa.

POPLab buscó a través del enlace de prensa de Profepa en oficinas centrales detalles sobre el retiro de los sellos, pero no hubo respuesta de la autoridad federal.

Vista áerea de La Cucursola

Al proceso por la vía penal también se suma un proceso administrativo, por la denuncia popular que Acción Colectiva presentó ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (PAOT) al ponerse a la venta los lotes sin que se hayan gestionado los permisos ante autoridades ambientales estatales y municipales.

La denuncia popular se presentó el 14 de octubre de 2022; sin embargo y pese a las pruebas que aportó la asociación civil, no se ha tomado ninguna determinación que garantice la protección del ecosistema de la Sierra de Santa Rosa y se sancione a las personas infractoras.

Lozano detalló que en la primera quincena de noviembre pasado tanto la Profepa como Conagua fueron informadas por parte de la PAOT de la denuncia, porque son autoridades que también tienen facultades para intervenir, pero ninguna dependencia federal ha respondido sobre las acciones tomadas al respecto.

"En diciembre pasado una visita de inspección fue atendida por Sergio Fernando Ascencio. Los inspectores le solicitaron los documentos ambientales con los que estaba trabajando y él exhibió dos documentos: una autorización en materia de impacto ambiental de la Smaot para el acceso a un hotel del año 2018, que no tiene que ver con su proyecto, y la autorización en materia de impacto ambiental que otorgó el municipio de Guanajuato en el año 2019, una autorización ilegal", expuso Gustavo Lozano.

De acuerdo con el experto en temas ambientales, el municipio de Guanajuato debió pedir al fraccionador, Fernando Ascencio, las autorizaciones federales y estatales antes de autorizar la venta de los lotes.

Municipio recibe 8 mil metros cuadrados de La Cucursola

Aunque dijo desconocer el motivo por el que se quitaron los sellos de clausura de La Cucursola, Juan Carlos Delgado Zárate sostuvo que el fraccionador tiene todo en regla para poder avanzar con el desarrollo del fraccionamiento, con los permisos para las obras de urbanización.

El permiso para la venta de lotes en La Cucursola pudo concretarse cuando Ascencio firmó las escrituras de alrededor de 8 mil metros cuadrados donados al municipio, confirmó Juan Carlos Delgado.

"Las áreas de donación ya están entregadas, están dentro de Cucursola, escrituradas a nombre del municipio. Serían utilizadas para lo que tiene que ver con el esparcimiento de los habitantes que van a llegar ahí".

El director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial comentó que las áreas de donación corresponden al 12 por ciento del total del predio. La Cucursola tiene 67 mil 680 metros cuadrados, por lo que el terreno que habría quedado a nombre del municipio es de aproximadamente 8 mil 121 metros cuadrados.

"Agotados los procesos que establece el Código Territorial para el permiso de venta es que lo hemos otorgado, no quiere decir que todo esté agotado, sino que es un paso que se tiene que dar dentro de la promoción de un fraccionamiento", dijo Juan Carlos Delgado en entrevista para POPLab.

El funcionario municipal comentó que actualmente el empresario tiene pendiente entregar algunas obras de urbanización que están cubiertas por una fianza.

Entre las obras de urbanización que tienen que realizarse está la red de agua potable, drenaje, electrificado, alumbrado público, el arroyo de las calles, banquetas, entre otras.

Otorga permiso con convenio de agua invalidado por la comunidad

Fernando Ascencio Barba consiguió el permiso para la venta de lotes y obras de urbanización gracias a que Juan Carlos Delgado Zárate hizo válido el convenio que firmó con el Comité del Agua de Santa Rosa en marzo de 2017, pero que fue el que motivó a la población de Santa Rosa a unirse en contra de la cesión del agua al proyecto millonario del empresario de Irapuato.

"El propietario en su momento presentó un convenio de derechos de agua con el organismo operador local", dijo Delgado Zárate.

Tras el rechazo de habitantes de Santa Rosa de compartir el agua de la presa Peralillo con el desarrollo inmobiliario, los representantes del Comité del Agua aseguraron que no cederían el líquido a Fernando Ascencio y que el convenio quedaba sin efectos porque el documento habla de un hotel, no de un fraccionamiento de tipo residencial.

Sin embargo, la movilización social no fue impedimento para que Delgado Zárate tomara como válido el convenio de 2017 en el que participó José Lara Lona, entonces director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (Simapag) como testigo.

"Hay un convenio, un compromiso de gasto establecido entre el fraccionador y el Comité del Agua de la comunidad de Santa Rosa", sostuvo el funcionario municipal al asegurar que el suministro de agua está garantizado para las personas que construyan en los terrenos que vende la empresa Loma de Irapuato.

Desde finales de 2019 la población de Santa Rosa se opuso al desarrollo inmobiliario del empresario panista, primero por el impacto ambiental que tendría un fraccionamiento de su tipo en la Sierra de Guanajuato, y segundo porque se manifestaron en contra de otorgar agua de la presa de Peralillo.

En el convenio firmado por los representantes del Comité del Agua, el entonces delegado de la comunidad y Fernado Ascencio, se estipuló que se entregarían 700 metros cúbicos mensuales, pero la petición del empresario en 2019 fue de incrementar la extracción del Peralillo a 1 mil 800 metros cúbicos al mes para dar abasto a todo el fraccionamiento.

Héctor Morales Ramírez, presidente del Consejo del Simapag, confirmó que no se ha firmado un nuevo convenio entre el Comité del Agua de Santa Rosa y el empresario.

Cuestionado sobre si la presa de Peralillo tendría la capacidad para abastecer a la comunidad y al fraccionamiento que ahora se oferta, Morales Ramírez dijo no tener estudios recientes sobre la captación que tiene la presa, que no solo abastece a Santa Rosa, sino a comunidades aledañas de la Sierra.

"Como el Simapag no opera en esa comunidad, no hay un seguimiento puntual para poder revisar los aspectos técnicos, al menos yo no tengo estos elementos objetivos para poderlo determinar".

A la rueda de prensa que convocó Acción Colectiva para denunciar las constantes violaciones a la ley que ha cometido tanto el fraccionador como las autoridades municipales, se presentó Jorge Cervantes, habitante de Santa Rosa, quien confirmó que no se ha entregado agua a Fernando Ascencio y éste se surte actualmente con pipas que son enviadas al fraccionamiento.

Comprar en Cucursola, es comprar problemas: Acción Colectiva

La asociación Acción Colectiva advirtió a posibles compradores de los lotes de La Cucursola que es un desarrollo que ha avanzado al margen de la ley.

Gustavo Lozano y Yann Godbert de Acción Colectiva y Movimiento Colibríes, respectivamente.

Gustavo Lozano expuso que en el periodico oficial del gobierno del estado del 30 de septiembre, en el que se publica el permiso de urbanización que otorgó el municipio para la venta de lotes, se argumenta que como antecedente existe un permiso con número DMAOT/0017/2020 del 10 de enero de 2020, pero al pedirlo por acceso a la información pública el municipio respondió que no fue encontrado el documento.

"Si acuden a la ley de acceso a la información no encontrar significa que no existe. Fue otorgado porque había cumplido con antecedentes que sabemos que no existen, de ahí que decimos que le han ayudado, allanado el camino para que puedan vender sus lotes".

El integrante de Acción Colectiva apuntó que las personas interesadas en La Cucursola no van a comprar casas construidas y todavía les restaría pedir los permisos correspondientes a Medio Ambiente.

"Alejandro Navarro dice: cuando vengan a pedir los permisos de construcción ya veremos si se los damos. No están hablando de la Cucursola, están hablando de particulares que podrían estar comprando hoy esos terrenos, por eso llamamos hoy a esos particulares a que no inviertan en ese fraccionamiento porque se van a comprar un problema".

También hizo un llamado al procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, para que revise lo que ocurre con el fraccionamiento de Fernando Ascencio.