El colectivo Acción Colectiva solicitó al consejo de Sapal la remoción de Alejandro Arena Barroso, quien se desempeña como secretario del consejo directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León y, al mismo tiempo, como presidente de la Canaco Servytur, lo cual constituye una violación al reglamento de la paramunicipal.

Después de ser señalado, Arena Barroso admitió en una entrevista con un medio local que debió renunciar a su cargo en Sapal cuando fue nombrado presidente de Canaco. A pesar de ello, insiste en que no existe ningún conflicto de interés, a pesar de haber violado la normativa del organismo.

"Reconozco que existía una restricción para ser consejero de Sapal, que consistía en no representar a una cámara empresarial. Sin embargo, esto se hizo evidente mucho después de que fui nombrado en el consejo", aceptó Arena Barroso.

El 23 de octubre, rodeado de funcionarios de alto nivel, Alejandro Arena asumió la presidencia de Canaco.

Luego de la suspensión de la operación del City Center, otorgada por un juez debido a una solicitud de amparo presentada por un grupo de ciudadanos en contra del proyecto, el sector empresarial salió en defensa del complejo, y Alejandro Arena fue uno de los que se sumaron a esta defensa.

Arena Barroso calificó a los defensores del medio ambiente como “pseudoambientalistas” y los acusó de tener “intereses particulares” con el objetivo de “frenar el desarrollo” de la ciudad.

Un par de días después, el presidente de Canaco fue abordado por este reportero, quien le cuestionó si tenía pruebas que respaldaran sus descalificaciones y acusaciones contra los colectivos ambientalistas.

Arena Barroso, no mencionó ninguna, defendió el proyecto y nuevamente minimizó la lucha de los activistas, a los que volvió a desacreditar y a señalar como opositores al desarrollo.

Con visión empresarial

La normativa establece que uno de los requisitos para formar parte del consejo directivo es: “No ser presidente, titular o su equivalente en funciones de los organismos que integran el Consejo Directivo”.

Por esta razón, y en virtud de lo que dice el artículo número 31 del 'Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Agua para el Municipio de León, GTO', el colectivo ha presentado una solicitud de destitución de Alejandro Arena Barroso de su cargo como secretario del Consejo Directivo de la organización ante el consejo directivo de Sapal.

Será el Consejo Directivo de la paramunicipal quien integrará el expediente y lo enviará al Ayuntamiento para que tome una decisión.

Lo anterior fue explicado por Gustavo Lozano, activista y representante legal de la organización medioambientalista que ha defendido el humedal Los Cárcamos desde 2016.

"El Ayuntamiento fue quien lo nombró y también tiene la autoridad para removerlo. Tienen las facultades necesarias para hacerlo, y el reglamento establece el procedimiento", explicó Lozano.

Desde la perspectiva del activista, la doble función de Arena Barroso compromete y sesga sus declaraciones. Según los ambientalistas, éstas se hacen desde su posición como presidente de una cámara empresarial y no como un funcionario que defiende el derecho humano al agua.

“Está representando intereses corporativos en lugar de los auténticamente ciudadanos", explicó Gustavo Lozano.

Por lo tanto, resaltó la importancia de que la sociedad civil esté representada en el organismo de Sapal, ya que la sobrerrepresentación de las cámaras empresariales compromete el bienestar de la ciudadanía en general.

"Deberíamos tener un consejo directivo que siempre tenga en cuenta el tema del derecho humano al agua en sus decisiones. Sin embargo, en su lugar, tenemos uno que solo se preocupa por el rendimiento económico. Para ellos, el agua no es un derecho, sino un recurso y un insumo para sus procesos productivos", mencionó el activista.

Según el activista, en estas dos visiones (uso del agua para asuntos domésticos y comerciales), la priorización del aspecto económico ha predominado, lo cual, dada la actual situación de sequía que afecta a gran parte de la ciudad, no puede continuar ocurriendo.

En defensa del pasado

Después de la reunión que tuvo lugar el 30 de octubre entre colectivos y autoridades municipales, los activistas que promueven la defensa del humedal criticaron a las autoridades por no cumplir con las resoluciones judiciales que prohíben la operación del City Center.

"¿Por qué no profundizan en los detalles de lo que permitió el amparo? En cambio, las autoridades simplemente repiten que esperarán la decisión del juez", mencionó Gustavo Lozano.

Ante las preocupaciones planteadas por los ambientalistas, los representantes del gobierno municipal aseguraron que carecen de la facultad para revocar los permisos otorgados por administraciones anteriores.

"Creemos que la actual administración sigue defendiendo las decisiones tomadas por gobiernos anteriores", explicó Lozano.

A pesar de que uno de los acuerdos de la reunión fue la entrega de información relacionada al proyecto a los colectivos, hasta la fecha de publicación de esta nota, los activistas no han recibido la documentación.