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Carece de fundamento legal la baja de GTO Leasing como sujeto fiscalizable
ASEG cita artículos que no son explícitos al respecto, mientras diputados y Comité Ciudadano Anticorrupción piden revisar a la arrendadora del ISSEG donde participan socios privados
Por Carmen Pizano y Yajaira Gasca
La Auditoría Superior del Estado (ASEG) aceptó la baja de GTO Leasing Service como sujeto obligado de fiscalización sin que exista un fundamento expreso en la legislación para que un modelo de negocio que opera con recursos públicos quede exento, aunque exista mayor inversión privada, que fue el argumento presentado por la propia empresa ante la ASEG.
Tras la publicación de la investigación que hizo POPLab en la que reveló que en el negocio fondeado con recursos del fondo de pensiones de trabajadores al servicio del estado participan como inversionistas las familias Webb y Yúdico , diputados locales de diferentes fuerzas políticas aseguraron desconocer por qué la arrendadora GTO Leasing dejó de ser sujeto obligado de fiscalización y pidieron transparencia y revisión al modelo de negocio que surgió desde el Instituto de Seguridad del Estado de Guanajuato (ISSEG).
Desde el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción también se pronunciaron por la revisión al negocio en el que participan como accionistas dos familias. El propio CPC ya había solicitado detalles sobre GTO Leasing, pero les negaron la información, dijo el presidente del CPC, Giovanni Appendini Andrade.
En el informe anual 2023 de la ASEG, que presentó ante el Congreso el entonces auditor general, Javier Pérez Salazar, existe un apartado en el que se pone a pie de página la baja de GTO Leasing del listado de sujetos obligados. "... debido a que cuenta con un capital accionario mayoritario privado correspondiente al 50.5003%".
A pesar de las solicitudes presentadas, POPLab no ha tenido acceso al oficio en el que se da de baja como sujeto obligado a la arrendadora. Vía transparencia se respondió que el oficio GLS/63/2023, con el que se tramitó la baja es inexistente.
Sin embargo, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato no especifica en ningún artículo que una empresa financiada con recursos públicos deja de ser sujeto obligado cuando la participación privada es superior a la inversión del Estado.

Al solicitar a la ASEG el fundamento legal para aceptar la baja que, aparentemente, tramitaron los inversionistas privados, la Auditoría expuso tres artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y tres más de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pero en ninguno habla de las exentar de la revisión a las empresas con inversión pública.
Con el aumento de que hay mayor inversión privada, dice la ASEG, que "... la empresa ya no entrará dentro de los criterios establecidos en los artículos 1, 2 y 24 de la LFSEG (Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato)" .
Pero el artículo 1 de la citada Ley habla de que la Ley tiene por objeto reglamentar la función de fiscalización, así como establecer las bases de la organización y funcionamiento de la ASEG.
El segundo artículo que cita establece los sujetos obligados: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los ayuntamientos; las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; los organismos autónomos.
"La función de fiscalización también comprende los recursos públicos que se destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura jurídica", dicta el mismo artículo, sin excluir a aquellos donde la participación de recursos privados sea mayor a las acciones que tenga el Estado.
El artículo 24 habla de que la ASEG podrá tener acceso a contratos, convenios, documentos, datos, archivos, relativos al gasto público y cumplimiento de los objetivos de los programas de los sujetos de fiscalización.
La ficha compartida por la ASEG para justificar la baja de GTO Leasing agregó tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo:
El artículo 34 establece que las entidades paraestatales son órganos auxiliares de la Administración Pública Estatal, las cuales deberán coordinar sus acciones para lograr el desarrollo integral ofreciendo servicios de calidad.
El artículo 35 que dice a la letra: el Gobernador del Estado, previo decreto podrá crear, fusionar, suprimir o liquidar, según corresponda, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. En el decreto gubernativo de creación de las entidades se deberán señalar las atribuciones que ejercerán.
Finalmente, el artículo 58 fracción III que precisa que se consideran empresas de participación estatal mayoritarias aquellas que el Gobierno del Estado o uno o más de sus organismos públicos descentralizados, de sus empresas de participación estatal mayoritaria o de sus fideicomisos públicos, considerados conjunta o separadamente, aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social.
"La empresa dejó de estar sujeta a las disposiciones propias de las paraestatales, pasando a operar bajo un régimen privado regulado por las leyes aplicables a este sector", concluye la ASEG en la información proporcionada a POPLab, sin tomar en cuenta que hay recursos del fondo de pensiones en la empresa.

Piden transparencia desde el Congreso del Estado
Legisladores del PAN, PRD, PVEM y Morena se pronunciaron porque exista transparencia en el manejo del fondo de pensiones del ISSEG, incluido el modelo de negocio GTO Leasing, al tratarse de recursos obtenidos de las personas trabajadoras y administrados por el Gobierno del Estado. También que la ASEG exponga por qué dejaron de revisar el manejo de los recursos públicos de la arrendadora.
"Donde hay dinero público se puede auditar. ¿De dónde salió aquella ley que cuando hay capital privado no se puede?. Donde hay dinero público tienes que responder", señaló el coordinador de la bancada de Morena, David Martínez Mendizábal.
Martínez Mendizábal denunció que la ASEG se ha convertido en un instrumento del PAN para simular la revisión a las cuentas públicas.
"La Auditoría Superior ha sido cómplice de las corruptelas en el estado de Guanajuato, no se esperaría una postura distinta. Lo hemos demostrado hasta el cansancio: hay una red de ocultamiento de información en torno al gobierno del estado de Guanajuato".

El panista Erandi Bermúdez Méndez, además de pedir que se revise el manejo que hizo la administración de Diego Sinhue Rodríguez del fondo de pensiones, evidenció que no todas las familias pueden tener acceso a hacer negocios con recursos públicos como los Webb y Yúdico.
"Preocupa que aunque haya capital privado ellos están haciendo un negocio con dinero de los guanajuatenses. Ojalá todos los guanajuatenses pudieran hacer este tipo de negocios con el gobierno".
El diputado del PAN también apuntó que aunque se diera el caso de que la mayor parte de la inversión sea privada, al existir recursos públicos es necesario que sea sujeto de auditoría.
"Si no hay nada ilícito, muestralo... el que nada debe, nada teme", sostuvo Erandi Bermúdez Méndez.

La diputada del PRD e integrante de la comisión de Hacienda y Fiscalización, María del Pilar Gómez Enriquez, coincidió en que no importa la participación privada, al existir fondos públicos el modelo de negocio tiene que pasar por revisión, pero dijo que primero tendrán que revisar si para 2025 la ASEG incluye en su programa la revisión a GTO Leasing.
"Si hay recurso público es necesario transparentar. Revisar el plan de trabajo de la auditoría y también revisar si ya lo contemplan no lo veríamos, si hay indicios (de corrupción) es necesario transparentar el ejercicio".

Por su parte, el coordinador del PVEM, Sergio Contreras Guerrero, se comprometió a revisar "a fondo" el dicho de la ASEG para dar de baja a GTO Leasing de los sujetos obligados.
"Con los elementos que han dado a mí me parece muy serio que esto se tiene que revisar, desde el grupo parlamentario del Verde vamos a darle seguimiento a este tema, inclusive los argumentos que dice que tiene la ASEG para ver si tiene fundamento o no, y si no hay fundamento solicitar desde el Congreso que se dé esta auditoría", dijo el coordinador del PVEM en el Congreso local.

CPC se suma a exigencia
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción considera que debe realizarse una revisión de toda la información y actividades relacionadas con la empresa GTO Leasing Services, creada en 2019 por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).
El presidente del comité, Giovanni Appendini Andrade, aseguró que la instancia ya había solicitado información respecto a la empresa, que fue creada con la finalidad de otorgar créditos a personas físicas y morales, tanto nacionales como extranjeras, y que hoy se sabe tiene como socios a seis particulares de dos familias distintas.
“Definitivamente es un tema que incluso en el Comité de Participación Ciudadana señalamos hace un tiempo, porque la información relacionada con esta empresa fue reservada y no se nos proporcionó más detalles, más allá de que había participado de alguna manera de Transparencia Mexicana, validando que el proceso de selección de los socios se había hecho conforme a derecho. Sin embargo, esto no pudo ser comprobado hasta ahora, cuando comienza a liberarse la información correspondiente”, destacó.
Appendini Andrade reconoció que la creación de esta empresa ocurrió en condiciones de opacidad, lo que hace necesario realizar una revisión sobre las relaciones de las familias de Guanajuato y Celaya: los Webb y los Yúdico, así como sobre el manejo de los recursos públicos del organismo que gestiona el fondo de pensiones de los trabajadores de los Poderes del Estado y de la Universidad de Guanajuato.
Además de la opacidad, añadió que es importante que el Gobierno del Estado aclare cuáles son los requisitos que tendría que cumplir un particular para ser socio de la administración estatal, en esas condiciones. De lo contrario, “se podría estar tratando de un privilegio de unos pocos. Esto definitivamente está fuera de la regulación y de la ley. No solo es un tema de uso de recursos y opacidad, sino también de cómo un ciudadano podría acceder a empresas de este tipo”, señaló el presidente del Comité.
Resaltó que, en estricto sentido, todos los ciudadanos deberían tener las mismas condiciones para postular o participar como proveedores del gobierno, ya que, de lo contrario, se estarían otorgando privilegios a algunas personas, como en el caso de las dos familias involucradas en la empresa GTO Leasing Services.
Agregó que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción tiene la posibilidad de orientar una investigación sobre el asunto, siempre y cuando se les notifique mediante una denuncia, la cual puede incluso ser presentada a través de redes sociales.
“No hay necesidad de formalismos. Bastaría con que nos envíen un correo a nuestros correos personales o al institucional que tenemos, o con que suban una nota periodística a nuestras redes sociales, para que nosotros estemos legalmente obligados a darle atención y seguimiento, lo cual ya hemos hecho”, subrayó.
Giovanni Appendini enfatizó que, dado que en este caso ya existe un antecedente, después de recibir la denuncia se enviarán los oficios necesarios para solicitar a las autoridades correspondientes la apertura de los expedientes.
Sobre la participación de los particulares en la empresa arrendadora, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) evitó dar respuestas. Poplab buscó una postura de la instancia gubernamental, pero su área de Comunicación Social no respondió a mensajes ni llamadas.
Arturo Palafox López, coordinador de Comunicación Social de la dependencia, evadió las comunicaciones solicitadas sobre el tema, aunque se le buscó de manera reiterada por diversas vías.