Sin una ruta clara sobre cómo va a implementarse la reforma judicial en Guanajuato, el Congreso local está obligado a hacer adecuaciones a la Constitución local antes del 15 de marzo de 2025, en las que tendrá que definir si se mantiene a las 321 juezas y jueces, a 21 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y a los consejeros de la Judicatura.
En el Poder Judicial local predomina la incertidumbre, principalmente entre juezas y jueces, en parte porque en el Congreso del Estado los coordinadores de las diferentes fuerzas políticas tampoco tienen certeza de cómo van a aterrizar los cambios en el sistema judicial local con la reforma que se aprobó a nivel federal desde septiembre pasado.
La única certidumbre que existe es que el Congreso de Guanajuato, como el resto de los Legislativos estatales, tienen 180 días para hacer las reformas constitucionales desde lo local, plazo que vence el próximo 15 de marzo.
De acuerdo con Sergio Contreras Guerrero y David Martínez Mendizábal, coordinadores de las bancadas del PVEM y Morena, partidos que impulsaron la reforma judicial en lo federal, Guanajuato tendría que hacer una copia de los cambios a la Constitución Federal; mientras que el resto piden esperar a que avancen otros pendientes que tiene el Legislativo local.
Primero fiscal y ombudsperson
En el arranque del año, el Congreso de Guanajuato tendrá que convocar a un periodo extraordinario de sesiones pero para iniciar con el proceso de designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado. Este 31 de diciembre se retira Carlos Zamarripa Aguirre de la Fiscalía, después de casi 16 años de ser el responsable de la procuración de justicia en el estado.
El Congreso tiene 20 días a partir del 1 de enero para enviar a la gobernadora una quinteta de aspirantes a la Fiscalía, Libia Garcia Muñoz Ledo tendrá que regresar una terna para que el Pleno elija entre las tres candidaturas a la persona titular de la FGE. Es así que en enero el Congreso va a dedicarse al proceso de designación para la Fiscalía.
Durante las primeras semanas de febrero también se va a realizar el proceso para nombrar a la Ombudsperson. De entre 22 aspirantes se va a nombrar a quien estará al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado antes de que termine la tercera semana de febrero.
El análisis de la reforma constitucional para establecer los términos para la implementación del nuevo modelo judicial podría comenzar en enero, a la par de la designación del fiscal, pero el tema prioritario será quién va a sustituir a Carlos Zamarripa, y en febrero el trabajo se va a centrar en la designación de la persona titular de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado.
"Estamos ocupados en las dos elecciones que vienen fuerte: en el fiscal y en la procuraduría de derechos humanos... Después tenemos un tiempecito, porque tenemos tiempo de hacerlo", aseguró el coordinador de la bancada de Morena, David Martínez Mendizábal.
Al igual que el morenista, el coordinador del PVEM, Sergio Contreras Guerrero, reconoció que todavía no hay una ruta clara sobre el cómo se va a implementar la reforma judicial en Guanajuato, y tendrá que ser la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Junta de Gobierno y Coordinación Política la que la defina a partir del mes de enero.
"El primer saque es que tiene que replicarse lo que dice la Constitución Federal, solo con algunas salvedades que tiene que ver con el sistema en Guanajuato", señaló el diputado del Verde.
Además, precisó que tendrá que analizarse si al copiar la reforma también se adoptan medidas como la reducción de jueces y magistrados.
"En la Constitución se tiene que establecer cuántas salas, cómo se van a conformar, tiempo y duración del encargo, así como de los jueces locales... En un transitorio tendremos que establecer si será renovación total, escalonado, cada tres años. El tema de la duración es un tema muy importante, yo de entrada voy a que no haya reelección, que sea un periodo único de 7 años, es más que suficiente para cualquier cargo", adelantó.
Reducción de magistraturas y jueces, no es opción: Tinajero
El presidente del PJ, Héctor Tinajero Muñoz, rechazó que en Guanajuato pueda adoptarse medidas como las tomadas a nivel nacional para reducir el número de magistraturas y de personas juzgadoras, por las cargas de trabajo que tienen tanto las salas civiles como las penales.
En el último informe del Poder Judicial se expuso que 321 jueces y juezas atienden nueve sistemas: justicia penal acusatorio y adversarial, justicia integral para adolescentes, ejecuciones de medidas y sanciones penales, penal tradicional, civil especializado en materia familiar, civil de partido, extinción de dominio, oralidad mercantil y justicia laboral.
Son el sistema civil especializado en materia familiar y el penal acusatorio y adversarial los que presentan las mayores cargas de trabajo.
Para el sistema penal, el Poder Judicial de Guanajuato cuenta con 79 personas juzgadoras, y entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 los juzgados de oralidad penal recibieron 23 mil 277 asuntos, lo que significa que cada juzgadora atendió, en promedio, durante el año 294 asuntos.
El Poder Judicial local cuenta con 10 magistraturas penales que recibieron durante el mismo periodo de tiempo 2 mil 465 impugnaciones. Cada sala, en promedio, atendió 246 asuntos.
La mayor carga de trabajo la tienen las personas juzgadoras del sistema civil especializado en materia familiar, aunque solo cuentan con 51 jueces. En el último año, recibieron 30 mil 739 demandas, principalmente por divorcio incausado y alimentos, por lo que cada juez atendió en promedio 602 demandas.
A las 10 salas civiles del Supremo Tribunal de Justicia del Estado llegaron 6 mil 555 apelaciones, de las cuales 4 mil 554 corresponden a materia civil. En promedio, cada magistratura civil atendió 655 asuntos durante el último año.
"La reducción de magistraturas o juzgadores lo veo prácticamente imposible porque la carga de trabajo es tan alta que apenas estamos con los elementos suficientes para sobrellevar la carga de trabajo", sostuvo en entrevista Héctor Tinajero Muñoz.
El presidente del PJ sostuvo que existe incertidumbre entre el personal del Poder Judicial con la reforma, pero principalmente entre jueces y juezas que ven amenazada la carrera judicial, a pesar de que en Guanajuato cuentan con al menos un posgrado.
"Hay una gran preocupación porque de golpe se les separa del cargo sin motivo alguno y son reemplazados por un juez que habrá que analizar si tienen la preparación y el desempeño adecuado. Hay preocupación, hay tensión, hay tristeza, pero no dejaremos de trabajar".
Incluso, mencionó que desde ahora trabajan en la capacitación de las personas juzgadoras que van a aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aunque el cargo lo podrían sostener solo unos meses porque tendría que concretarse la elección de jueces en 2027.
"Estamos preocupados de dónde va a quedar toda esa capacitación, esa preparación. En materia de familia qué hacemos: juzgar con perspectiva de género, pero el nuevo código trae una mayor profundidad, un mayor ejercicio de derechos a niñas, niños y adolescentes, vamos a preparar mucho eso. Es la parte que nos preocupa: cómo mantener la capacitación de aquellos funcionarios judiciales que han concluido y con la reforma están a punto de separarse".
Después de la reforma constitucional a nivel local, el Congreso tendrá 90 días para aprobar las leyes secundarias y comenzar con los plazos que se fijen para la elección de jueces y magistrados, aunque desde la bancada mayoritaria del PAN se apuesta porque la renovación en el Poder Judicial inicie hasta 2027.
De acuerdo con el PAN, a través del diputado Rolando Alcántar Rojas, quien estuvo como presidente del Congreso hasta hace unas semanas, al Poder Judicial de Guanajuato se caracteriza por "la transparencia, la eficacia y eficiencia", dijo el legislador durante el informe que presentó Héctor Tinajero el 13 de diciembre pasado.
Uno de los factores que impulsaron la reforma judicial a nivel nacional fue el reparto de espacios en el Poder Judicial para partidos políticos.
En Guanajuato, si bien hay magistraturas ocupadas por personas que hicieron carrera judicial, también hay cargos que se han dado entre panistas y cercanos al círculo de Acción Nacional; por ejemplo: Gustavo Rodríguez Junquera, ex secretario de Gobierno en el cierre del sexenio de Miguel Márquez; Ma. Rosa Medina, con quien el ex gobernador Diego Sinhue Rodríguez hizo sus prácticas profesionales; Arturo Razo Tapia, compañero universitario del ex gobernador Diego Sinhue; María Soledad Aguayo, ex consejera jurídica de Diego Sinhue Rodríguez y Christian Javier Cruz Villegas, militante del PAN y ex secretario general del Congreso.
En el Consejo del Poder Judicial dos de los cuatro lugares también están ocupados por militantes del PAN: Alfonso Ruiz Chico y el ex dirigente del partido en el estado, Eduardo López Mares.