Inhabilitada días antes de asumir su cargo como regidora plurinominal por el partido de Morena en el Cabildo de la capital de Aguascalientes, la ex panista Martha Márquez Alvarado —que enfrenta otras dos acusaciones penales— está sumergida en un caos jurídico para defenderse de lo que ha acusado como una persecución política por parte de sus antiguos compañeros de partido y de la gobernadora Teresa Jiménez.

Desde 2021, cuando la también ex senadora renunció al PAN, sus señalamientos sobre malas prácticas al interior del blanquiazul han escalado: ha hecho acusaciones de corrupción, acoso y violencia política de género. Esas críticas, afirma ella, son la razón por la que el partido que controla políticamente al estado quiere evitar que tome su cargo como regidora, echando mano del Poder Judicial y de la fiscalía estatal.

Mientras eso sucede, el Cabildo permanece con una silla vacía y la incertidumbre de quién podrá ocuparla. Javier Soto Reyes, secretario del Ayuntamiento, ha dicho que aunque no existe ningún impedimento para que la suplente, Brenda Paulina Moreno Antillón, tome el cargo, el Municipio esperará a que el asunto se resuelva en los tribunales.

“Ella presentó procedimientos, algunos en la justicia electoral, y tenemos por lo menos hasta el 31 de octubre para que el tribunal electoral les de entrada. Inclusive si el tribunal hiciera alguna declaración, nosotros seríamos respetuosos de lo que nos ordene. Es una pluralidad de juicios, son varias instancias las que están involucradas, pero esperamos que entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre tengamos ya alguna definición, queremos esperar a que sea la autoridad la que nos diga cómo proceder”, dijo a medios locales.

Marquez Alvarado fue candidata a la gubernatura por el partido de Morena en 2022 y este año contendió por el municipio capital. Enfrenta dos acusaciones penales y una administrativa, todas abiertas entre 2023 y 2024 y cuyas resoluciones ocurrieron entre septiembre y octubre, este último el mes de la instalación oficial del Cabildo.

“Han sido procedimientos con terribles violaciones a derechos humanos y omisiones procesales muy graves. En ninguna de las imputaciones, tanto en la administrativa como en las penales, se han llevado los procedimientos como lo establecen las leyes y con las temporalidades a las que la gente común es sometida. En materia penal las consignaciones han sido urgentes y de un día para otro, y en materia administrativa todo el juicio se desahogó en una semana, cuando el Tribunal tiene asuntos del año pasado que ni siquiera están radicados”, dijo en entrevista con POPLab Arumi Arellano Magaña, integrante del equipo jurídico de Márquez Alvarado, conformado por siete especialistas en derecho penal y administrativo.

En medio de la pugna entre la ex panista y sus ex compañeros de partido, líderes morenistas —como Gilberto Gutiérrez, presidente del Comité Directivo Estatal y Fernando Alférez Barbosa, líder parlamentario— han acusado persecución política.

“Es una vendetta política, parece ser que en Aguascalientes la justicia vale, en algunos casos, infinitamente menos que el orín de los perros”, dijo en la tribuna legislativa Alférez Barbosa.

Mientras que la senadora morenista Nora Ruvalcaba, una de las figuras de mayor peso en el partido a nivel local, publicó un mensaje en sus redes sociales acusando procedimientos injustos.

“La doctrina de la derecha es la hipocresía. Desde el Senado de la República denuncié la injusticia que padece Martha Márquez, a quien el Tribunal Administrativo de Aguascalientes, integrado por panistas al servicio de la gobernadora Teresa Jiménez, le enderezó un proceso para consumar la venganza del Ejecutivo estatal hacia una de las más severas críticas de su actuar. Más temprano que tarde, Martha Márquez tomará protesta como regidora. No estás sola”.

Salvo la declaración del secretario del Ayuntamiento, desde el PAN no se ha emitido ningún otro mensaje.

Las acusaciones

De acuerdo con documentos del caso, la acusación por la que el Tribunal de Justicia Administrativa, conformado por militantes del PAN, resolvió inhabilitar a Marquez Alvarado por 10 años tiene origen en una denuncia presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del estado (Osfags) el 27 de julio de 2023 “respecto de actos que pudieran constituir una falta administrativa con motivo de diversas irregularidades cometidas en materia de desarrollo social y, específicamente, lo relativo a la adquisición de despensas y los procedimientos para su adquisición final por medio de una adjudicación directa”, se lee en el documento.

La denuncia fue hecha de manera anónima.

El caso habría ocurrido en 2017, cuando Márquez Alvarado era titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social invitada por el ex gobernador panista Martín Orozco Sandoval. Desde ahí, presuntamente, indujo la compra de despensas por más de 20 millones de pesos a un proveedor conocido en el gobierno: Rolando Daniel Robledo Flores. La compra se realizó el 7 de julio de ese año.

Siete años después, a finales de mayo de 2024, tras admitir la denuncia, el Osfags determinó que no tenía facultades para resolver el caso y lo turnó a la Contraloría del Estado, que en tres meses hizo una investigación e imputó violaciones graves a la ex servidora pública en un acuerdo emitido el 30 de agosto.

“En su momento, en 2017, el Osfags determinó que estaba bien ejercido el presupuesto, únicamente hicieron una observación que fue solventada de manera satisfactoria, había un error de dedo en el número de las despensas que se subsanó. Había tres propuestas, dos de ellas no cumplían con los requisitos y la tercera corresponde al proveedor al que se le hizo la adjudicación directa. Todo el procedimiento está ahí, incluso están los estudios técnicos que determinan que con ese proveedor existía un ahorro para el estado de casi 1 millón de pesos”, explicó la abogada Arellano Magaña.

La Unidad Substanciadora de la Contraloría citó a Márquez Alvarado a una audiencia inicial el 19 de septiembre y ese mismo día remitió el caso al Tribunal de Justicia Administrativa, que el 10 de octubre —cuatro días antes de la instalación formal del Cabildo capital— determinó que había cometido una falta administrativa grave y la inhabilitó para desempeñar cargos públicos durante diez años. La resolución corrió a cargo de la magistrada Norma Angélica Morquecho Damasco, militante activa del PAN desde 2014.

El equipo jurídico de Márquez Alvarado defiende que no tuvo acceso a los elementos de la acusación sino hasta el día de la audiencia inicial y que, de acuerdo con la ley, el caso prescribió antes de que la Contraloría Estatal y el Tribunal Administrativo lo resolvieran. El Artículo 60 de la Ley estatal de Responsabilidades Administrativas establece que cuando se trata de faltas administrativas graves o particulares, el plazo de prescripción será de siete años. Los abogados de la ex panista argumentan que ese plazo se cumplió el 7 de julio de este año.

“Para cuando la citaron, en septiembre, el caso ya había prescrito, ya no tenían facultades. Mientras se llevaba el procedimiento, nosotros solicitamos la suspensión y el Juzgado Quinto de Distrito nos la otorgó solicitando que no se emitiera ninguna sentencia, el Tribunal Administrativo violó esa suspensión y nosotros presentamos un incidente de exceso y defecto, la audiencia fue el pasado 25 y la sentencia se dicta en el transcurso de esta semana”, dice Armando Benjamín Andrade, otro de los abogados de Márquez Alvarado.

Además de este caso, la fiscalía estatal vinculó a proceso a la ex panista por dos delitos distintos: discriminación y allanamiento de morada. En cada uno solicitó una fianza de 100 mil pesos.

Ambas vinculaciones se emitieron durante la segunda semana de octubre. Esta rapidez contrasta con otras investigaciones penales por presunta corrupción, como el de un probable desfalco por más de 140 millones de pesos en el Congreso local, revelado en la investigación periodística “La Caja Negra de Aguascalientes”, cumple tres años sin que se sepa de ningún avance. Las personas acusadas —entonces diputados locales— son actualmente legisladores locales, federales y regidores.

La investigación por el delito de discriminación deviene de una denuncia presentada en marzo de 2024 por Wendy Soto, una mujer trans presidenta de la organización Fangoria Nice. La razón es un video publicado en junio de 2023 donde Márquez Alvarado critica a la “ideología de género” y al Instituto de Educación (IEA) por permitir al entonces magistrade Ociel Baena Saucedo impartir charlas a favor de los derechos de la comunidad sexogenérica en escuelas públicas. Baena Saucedo, que falleció en circunstancias no esclarecidas en noviembre de ese año, acusó que esas declaraciones constituían violencia política y discurso de odio e, incluso, solicitó seguridad personal al estado, pues afirmó que había recibido diversas amenazas de muerte en sus redes sociales.

Entrevistada por este medio, Soto explicó que presentó la denuncia en época electoral para evitar que candidatos o servidores públicos en activo sigan vulnerando a la comunidad LGBTQ+.

“Es muy importante que cada prestador de servicio tenga consciente lo que declaran a favor o en contra de la ciudadanía, porque (las mujeres trans) somos un grupo muy vulnerable y hemos sido violentadas en todos los aspectos, en lo económico y en lo moral, entonces sí nos afectan esas declaraciones de personas que quieren representar al pueblo. Nosotras estamos conscientes de que es un tema de discriminación, es para que los prestadores de servicio se enseñen a respetar a todos los seres humanos. Yo decidí denunciarla para que cada candidato o servidor público antes de expresarse con discriminación, se lo piensen dos veces”.

En su momento, le magistrade presentó denuncias contra Márquez Alvarado ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En septiembre de 2023, Baena Sucedo afirmó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) consideró que la entonces senadora sí había cometido actos de discriminación en contra de su persona y de la comunidad LGBTQ+.

Mientras que en en agosto de ese año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó “la inexistencia de la infracción porque las expresiones denunciadas en el video no constituyen mensajes de discriminación, odio o violencia hacia la persona denunciante (...) que le impidan efectuar las labores concretas que el puesto le faculta a efectuar, pues las mismas se realizaron dentro de los márgenes del ejercicio de la libertad de expresión, en un contexto de debate público, vinculado con la crítica severa a las funciones que, como persona servidora pública, desempeña la parte denunciante, por lo que su umbral de tolerancia a la crítica es mayor”, se lee en la sentencia.

“La persona que la denunció dice que vio algunos videos en redes sociales donde Martha hace algunas manifestaciones que la hacen sentir agraviada y decide presentar la denuncia. Es como si trataran de repetir las acusaciones y dirigirlas a diferentes instancias. Para nosotros el ofendido debió ser él y no una tercera persona, nosotros como abogados nunca habíamos visto un caso así”, dice Benjamín Andrade, el abogado de Márquez.

La fiscalía —señalada por omisiones graves en la investigación por la muerte en circunstancias violentas de Baena Saucedo— resolvió vincular a proceso a Márquez Alvarado el 15 de octubre, un día después de que el Cabildo de Aguascalientes se instalara de manera formal.

Dos días después, el 17 de octubre, la autoridad ministerial volvió a vincular a proceso a Márquez Alvarado, pero esta vez por el delito de allanamiento de morada tras una denuncia presentada por una mujer el 15 de mayo de 2024, en plena campaña electoral.

“Nunca se tuvo conocimiento del contenido de la carpeta por la acusación de discriminación sino hasta el momento en el que se llevó a cabo la audiencia, que fue el lunes 14, el mismo día de la toma de protesta del Cabildo. El martes 15 la vinculan y a los diez minutos ya está con otra audiencia por la acusación de allanamiento”, añade el abogado, que asegura que tampoco tuvieron acceso a los detalles de esa acusación sino hasta el momento de las audiencias.

De acuerdo con la ex panista, la casa de la presunta agraviada servía como bodega para despensas que el Municipio capital otorgó de manera ilegal durante la campaña política, acusación que quedó grabada en un video publicado en redes sociales, el cual es una de las pruebas principales en el juicio. En las imágenes, Márquez Alvarado acusa al “PRIAN” de quererse “robar la elección” y en un momento ingresa a la cochera de la vivienda para grabar las despensas ahí guardadas.

Por las acusaciones penales, el equipo jurídico de Márquez Alvarado ha presentado ya diversas apelaciones. Mientras que en el caso que resolvió el Tribunal de Justicia Administrativa esperan la resolución de un amparo.

“Una opción, que vemos poco probable, es que el propio Tribunal Administrativo elimine la sentencia de inhabilitación porque violó el amparo de suspensión que estaba vigente. Otro escenario es que ella acceda a su cargo a través de un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (JDC), que tardaría alrededor de un mes. Pero la realidad es que nosotros vemos más viable que ella pueda ocupar su cargo como regidora cuando se desahoguen los amparos que presentamos, en aproximadamente seis meses. Los efectos serían que ella vuelva a adquirir todos sus derechos como si nunca hubiera pasado nada”, vaticina Benjamín Andrade.