Ediles de Guanajuato capital se niegan a transparentar la carta de zonificación y todos los detalles de los cambios realizados al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET), aunque aseguran que han garantizado que la zona de La Bufa, El Hormiguero y Los Picachos, así como la Sierra de Santa Rosa, se preservarán como áreas de conservación.

El instrumento fue aprobado por mayoría de votos el pasado miércoles en una sesión de Ayuntamiento nocturna, en la que los regidores de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presumieron la protección del área de La Bufa frente a las proyecciones de urbanización establecidas en el programa original, pero sin tener la certeza de cuál es el área que debe preservarse pues solicitarán la realización de un nuevo estudio.

Los regidores también sostuvieron que descartaron cambios en el uso de suelo de la Sierra de Santa Rosa, establecidos en el mapeo original realizado por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), y en su lugar promovieron un programa de conservación de la mayor zona forestal del municipio. Sin embargo, en el dictamen de aprobación del PMDUOET no se transparentó la carta de zonificación actualizada, es decir, con los cambios aprobados por el Ayuntamiento.

Regidores del PAN argumentaron que, debido a que se trata de un “proyecto”, no puede hacerse público y que el documento y toda su cartografía saldrán a la luz hasta que el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG) dé su aval. Sin embargo, en la legislación estatal no existe ninguna disposición que establezca la reserva de esta información.

El dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación enlista una serie de nueve documentos que el Ayuntamiento de Guanajuato aprobó enviar al IPLANEG con la intención de obtener un dictamen de congruencia y vinculación del programa de ordenamiento.

Tres actas de Ayuntamiento, un oficio dirigido al IPLANEG con la versión integral del programa, la versión abreviada, el documento síntesis, el modelo de ordenamiento sustentable del territorio, el sistema de información geográfica (usos y destinos de suelo), y la tabla de compatibilidades. Además, se señala la entrega de fichas técnicas de unidades de gestión ambiental y territorial, la carta de zonificación, los usos y destinos de suelo de los centros de población y evidencia de las fases de planeación participativa.

Activistas y especialistas en desarrollo urbano reprueban la opacidad con respecto a las modificaciones realizadas a la propuesta original, pues además no hay información respecto a la adición de observaciones entregadas por la ciudadanía durante la fase de consulta pública, esto pese a que el IMPLAN se comprometió a responder a cada una de las 118 aportaciones que recibieron.

“La apuesta consistió en vamos a ir a lo sencillo, vamos a quitar el polígono por el Diego Rivera, el del Hormiguero y vamos a quitar todo la localidad de Santa Rosa y dijeron ‘con eso los vamos a calmar, con eso se van a dar por satisfechos y no nos van a cuestionar’ sobre otros aspectos que son la base o la raíz del mapa que dieron al final. Nosotros no podemos quedar conformes hasta que no tengamos la documentación completa”, sostuvo un integrante del Movimiento Colibríes.

Representantes de esta organización dicen que de acuerdo con el único mapa que han podido consultar de manera extraoficial, detectaron en el sureste del municipio, rumbo a la carretera Juventino Rosas-San Miguel de Allende, un espacio que en el mismo diagnóstico del PMDUOET estaba marcado como no apto para la urbanización, pero se proyecta como una zona en la que sí se podrá construir.

El artículo 58 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece el procedimiento para la formulación y aprobación de los programas municipales, pero no señala disposiciones específicas de reserva en ninguna de las fases de este proceso. Tampoco existen normas en este sentido en la Ley de Planeación, a la que hizo referencia el regidor panista Daniel Barrera Vázquez.

Por otro lado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado establece en su artículo 26, como una obligación común de los sujetos obligados, la publicación de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan.

Adicionalmente, como obligaciones específicas para los sujetos obligados, se establece la puesta a disposición de la sociedad de resolutivos y acuerdos aprobados por el Ayuntamiento y comisiones, así como "la información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales".

Esconden documental a escrutinio ciudadano

Activistas aseguraron que, tras la aprobación del proyecto del PMDUOET, de forma extraoficial y por distintos canales, pudieron conocer la carta de zonificación firmada por los regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano. Dicen que esto resta institucionalidad a la decisión y genera dudas y especulaciones.

“Nosotros, como Movimiento, pudimos observar a través de este dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano que hubo cambios realizados por el IMPLAN a raíz de las observaciones de la ciudadanía en la consulta; algunos cambios fueron para bien, pero otros no tanto”, comentaron.

“En este preciso momento es difícil tener una postura definitiva porque solamente hemos podido consultar el mapa síntesis de la zona urbana; no hemos podido tener acceso a la información completa, que son cientos de páginas”, explicaron integrantes del Movimiento Colibríes.

Detallaron que la reserva de la información ha impedido la consulta de otras cartografías y proyectos estratégicos, que son tan importantes como la carta de zonificación y que deben revisarse de forma exhaustiva. Se trata de un listado de al menos nueve documentos, según el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano.

Altagracia Rocha, historiadora y activista, coincidió con respecto a la reserva de la documentación, pues consideró que esto impide saber cuáles propuestas sí y cuáles no se incorporaron al programa, de aquéllas que hizo la ciudadanía en la consulta pública de 45 días que establece el Código Territorial.

“Ahorita está el dictamen en la gaceta municipal, debería estar ahí, pero no lo vemos por ninguna parte reflejado, y esto abre la puerta para que podamos increpar cuáles fueron las observaciones que se atendieron y también para que el IPLANEG verifique que se haya realizado”, subrayó.

Además, agregó que es necesario que también se revele la fundamentación sobre las propuestas que sí se incorporaron y las que no, para que la ciudadanía que aportó al programa sepa los motivos. De acuerdo con información del IMPLAN, organizaciones civiles, ciudadanos y especialistas aportaron 118 propuestas de modificación al documento original.

La Comisión de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Guanajuato realizó tres mesas de trabajo antes de la aprobación del dictamen del PMDUOET, todas ellas privadas. De manera repetitiva, integrantes de la comisión buscaron desmentir que fueron sesiones “secretas”.

El martes 11 de marzo, tras la última mesa de trabajo, los integrantes de la comisión convocaron a una sesión extraordinaria para la aprobación del proyecto. Durante la sesión, los regidores informaron sobre la preservación de la zona de La Bufa como área de conservación, excluida de la urbanización, así como la reserva de la Sierra de Santa Rosa.

Sobre el primer caso, detallaron que se descartó la posibilidad de cambios en el uso de suelo en los cerros del Hormiguero, La Bufa y Los Picachos, y se planteará la realización de un estudio para establecer un área de conservación natural, aunque ya existen tres investigaciones previas sobre el tema.

Una de estas investigaciones fue realizada por el entonces Instituto de Ecología- hoy Secretaría del Agua y Medio Ambiente-, la Universidad de Guanajuato y la Comisión de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y señala casi 4 mil hectáreas de la zona, como superficie apta para la protección.

No obstante, se proyecta la construcción de tres vialidades urbanas que podrían intervenir en este polígono, que tiene relevancia hídrica debido a los escurrimientos que genera hacia el río Guanajuato y la zona de recarga en el sur de la ciudad. Una de estas vías conectaría la zona de Yerbabuena con el acceso Diego Rivera, otra iría de Diego Rivera a Pozuelos, y la tercera conectaría desde este mismo punto (Diego Rivera) hacia la carretera Panorámica, a la altura de la clínica del ISSSTE, informó el regidor panista José Carlos Domínguez.

En el segundo caso, subrayaron que se consideró establecer un programa de conservación y excluir el área de la sierra de la zona urbana, especificó el regidor Daniel Barrera. En Santa Rosa han proliferado los desarrollos inmobiliarios y de perfil turístico, como el caso de La Cucursola.

Se abundó sobre la protección del cerrito de Marfil y la intención de recuperación de los terrenos que el municipio ha cedido en comodato y que no han sido utilizados, para que regresen al patrimonio municipal y puedan emplearse en programas de vivienda.

Consideraron que, debido a que el instrumento de ordenamiento territorial vigente data de 2012, es urgente que se avale un nuevo programa. “Llevamos un desfase en la actualización de dicho programa de aproximadamente 13 años, lo que, sin lugar a dudas, deja de lado todos estos comentarios de celeridad en el proceso y falta de urgencia”, señaló el síndico Ángel Araujo.

El regidor de Morena Víctor Larios Ulloa sostuvo que la preservación de La Bufa se fundamenta en la exigencia social y criticó la intención de resaltarlo como un logro partidario. Añadió que la omisión de elementos en la opinión pública sobre el programa genera especulaciones y lamentó que la aprobación se dé de forma acelerada y sin agotar el debate.

“La forma es fondo. Estamos en la mesa de trabajo y uno se entera, dentro de dos horas, que ya se vota en sesión extraordinaria. Entonces, la forma es fondo, ¿en qué sentido? Si no tenemos nada que ocultar, si estamos de acuerdo en que estamos haciendo lo mejor para Guanajuato, ¿por qué de repente dar esta marcha acelerada?”, cuestionó.

Al día siguiente, miércoles 12 de marzo, la presidenta municipal, Samantha Smith, convocó a sesión de Ayuntamiento a las 20:00 horas. Los síndicos y regidores expusieron sus argumentos sobre el sentido del dictamen en términos similares. Con 13 votos a favor y dos en contra, de los regidores de Morena, Víctor Larios Ulloa y María Fernanda Arellano, el dictamen fue aprobado.

La alcaldesa calificó como una decisión valiente el avance del proyecto, y sostuvo que, en el acuerdo, se dejaron de lado intereses personales y de partido. Además, denunció que hubo presiones durante el trabajo de dictaminación.

“Sabemos que no fue fácil, hubo presiones y, seguramente, habrá críticas y cuestionamientos, pero estamos seguros de que hicimos lo correcto, porque el futuro de Guanajuato no se construye con temor, se construye con determinación y con la suma de voluntades”, señaló durante la aprobación del proyecto.

Recalcó que el instrumento es importante y trascendental para el futuro de Guanajuato. “Este logro es fruto del trabajo arduo y del diálogo constructivo, que nos permite dejar de postergar lo que es necesario. Ahora, tendremos por fin una hoja de ruta para ordenar el crecimiento, regular y poner orden a los fraccionamientos irregulares, prevenir abusos en la venta de predios y, sobre todo, proteger nuestros espacios naturales y patrimoniales”.

Cambios sin pruebas ni evidencia

En primera instancia, con la carta de zonificación dada a conocer de forma extraoficial, se puede corroborar que se removió el polígono establecido para urbanizar debajo del Cerro del Hormiguero, como lo sugirieron diversas organizaciones civiles, activistas y ciudadanos. Sin embargo, existen otras modificaciones que se proyectan como perjudiciales para la ciudad.

Integrantes del Movimiento Colibríes señalaron un ejemplo en la zona correspondiente al sureste del municipio, rumbo a la carretera Juventino Rosas-San Miguel de Allende, la cual, de acuerdo con el diagnóstico del PMDUOET, no era apta para la urbanización.

“Toda la parte de Yerbabuena hasta San José del Rodeo, a lo largo de esta carretera, el propio diagnóstico del PMDUOET cartografió que toda esta zona, de un lado de la carretera más cercana a los cerros, no era apta para ser urbanizada. Lo dice el propio diagnóstico. Sin embargo, en el mapa se aprecia que toda esta franja, que abarca varios kilómetros, ahora está proyectada para ser urbanizada en mayor o menor medida”, explicó un activista.

Además, dijo que en esta zona se establecen dos ejes viales que coinciden con una área deforestada desde hace dos años y en la cual, se sabe de manera no oficial, que existe la intención de los propietarios de impulsar un desarrollo turístico o inmobiliario.

Integrantes de la organización civil consideraron que el programa debió retomar de forma participativa la tabla de compatibilidades, para que la ciudadanía pudiera hacer aportaciones respecto a los usos que no son compatibles con la vocación ambiental, hídrica o biológica del territorio.

“Eso hubiera significado cambiar toda la metodología, porque se tendría que cambiar todo el mapa. Eso no lo hicieron y, desgraciadamente, el IPLANEG no creo que lo vaya a observar, no necesariamente por contubernio político, pero no creemos que cuestionen la metodología”, opinaron.

Francisco Robledo, especialista en Desarrollo Urbano, lamentó que, siendo un documento de tanta trascendencia para el municipio, el Ayuntamiento haya decidido reservarlo, lo que genera suspicacias.

“Se esperaría que hubiera sensibilidad política para decir: ‘Este asunto es muy importante, es mejor que sea abierto para evitar suspicacias, porque críticas y opiniones, sabemos, siempre habrá’”, señaló.

Robledo resaltó que, de manera extraoficial, solo conoce la carta de zonificación con las modificaciones aprobadas por el Ayuntamiento y consideró positivo que se agreguen como zonas urbanas las localidades de más de 2,500 habitantes, como Cañada de Bustos, Capulín de Bustos, San José de Llanos y La Sauceda.

Foto: Juan José L. Plascencia Acceso Diego Rivera

El arquitecto consideró que el municipio requiere, de manera urgente, un instrumento para crecer de forma ordenada, pero insistió en que debe ser un proceso abierto para no generar sospechas sobre los intereses o beneficios que se ocultan respecto a este asunto.

“Hay intereses de sectores inmobiliarios, no sé si haya la intención de beneficiarlos o no, pero lo que puedo decir es que es bueno que se les incluya en el plan; sin embargo, también es importante que todos lo sepamos, que el municipio sea imparcial y que todos podamos ver ese proyecto”, expresó.

De manera particular, Francisco Robledo criticó el trazo de las vialidades proyectadas desde el acceso Diego Rivera a Pozuelos y desde ese mismo punto hasta la carretera Panorámica, a la altura de la clínica del ISSSTE, pues consideró que son innecesarias.

Explicó que los problemas de tránsito generados en la zona de Pozuelos podrían resolverse con salidas escalonadas de los trabajadores que laboran en las oficinas de la zona. Además, subrayó que en las áreas aledañas, los núcleos de población no son tan amplios.

“Esas dos vialidades no son necesarias, desde mi punto de vista. No solo eso, sino que todos sabemos que, como te acabo de explicar, cualquier vialidad lo que hace es detonar la urbanización. Entonces, en el futuro, esas dos vialidades provocarían que, poco a poco, los dueños de allí, grandes o pequeños, irían empujando y construyendo de manera irregular, y lo que tendríamos sería la urbanización de las faldas de La Bufa. Esa es la realidad”, detalló.

Finalmente, consideró que la construcción de estas dos vialidades es contradictoria al plan de protección que se contempla para la zona como área natural protegida, de acuerdo con el acuerdo promovido por la alcaldesa Samantha Smith desde el primer día de su administración.

Sin justificación, panistas se aferran a reserva de programa

Los regidores panistas ofrecieron una rueda de prensa posterior a la sesión de Ayuntamiento en la que se aprobó el proyecto del PMDUOET, en la que confirmaron que las modificaciones realizadas al programa serán reservadas, aunque no pudieron justificar la razón por la que ocultan la información.

Daniel Barrera Vázquez sostuvo que la Ley de Planeación para el Estado establece esta reserva; sin embargo, la norma que regula los procedimientos relacionados con la elaboración de los programas municipales es el Código Territorial. Esta legislación no señala restricciones en la difusión de la información relacionada con el proceso de manera explícita, en ninguna de sus fases.

En el propio dictamen, emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano y firmado por todos sus integrantes, se replican los pasos que implica la elaboración del programa, sin que se establezca la obligatoriedad de reservar los documentos. Aun así, el Ayuntamiento omitió incluir todos los archivos para conocimiento y consulta de la ciudadanía.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado establece para los ayuntamientos la obligatoriedad de publicar actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como los resolutivos y acuerdos aprobados en sesiones de pleno y comisiones.

Foto: Juan José L. Plascencia

Además, es una obligación específica de transparencia la difusión de información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, así como las licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales.

No obstante, el regidor panista Daniel Barrera aseguró que la documentación no puede transparentarse, ya que no es un proyecto definitivo, y mencionó la Ley de Planeación como el instrumento que establece la secrecía de estos archivos.

“Yo no puedo transparentar algo que todavía no es definitivo. Como te digo, esto va a ser definitivo cuando el IPLANEG nos lo regrese con las observaciones y se revisen dichas observaciones. Una vez que ellos hagan ese estudio y determinen lo conducente, ese estudio volverá a la Comisión de Desarrollo Urbano para que se lleven a cabo las observaciones, si es que las hay. Inmediatamente después, se subirá a la sesión plenaria del Ayuntamiento para su aprobación definitiva. Entonces, ya sería un documento aprobado”, explicó.

Es decir, los regidores panistas consideran que, hasta que el Programa de Ordenamiento esté formalmente aprobado por el Ayuntamiento, toda su documentación será pública. Aunque Barrera Vázquez agregó que el IMPLAN responderá a las personas que enviaron las 118 observaciones para detallar si se incorporaron o no al documento original, así como los motivos por los cuales se incluyó o no cada una de estas propuestas.

Por su parte, la síndica panista Adriana Valderrama sostuvo que las 118 observaciones fueron tomadas en cuenta, pero que en el dictamen no se hace referencia alguna a los ajustes realizados a partir de las observaciones ciudadanas. Además, reiteró que la documentación será pública únicamente una vez que el documento esté aprobado por el Ayuntamiento.

Esto podría ocurrir en un plazo de hasta tres meses, ya que, de acuerdo con los plazos legales establecidos en el Código Territorial, existen períodos de entre cinco y cuarenta días para que el IPLANEG, el IMPLAN y el Ayuntamiento realicen adecuaciones o revisen estos planes.