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Puesto de 70 mil pesos a ex diputada Vanessa Sánchez mientras Sergio Contreras se convierte en el principal aliado de Jorge Espadas en el Congreso, como se ve en la elección del nuevo fiscal
La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, utilizada por su anterior titular como agencia de colocación de militantes panistas, ahora también sirve para fortalecer las negociaciones políticas con fuerzas opositoras en el Congreso del Estado, donde el PAN perdió la mayoría en la pasada elección.
Así lo muestra la designación de la abogada Vanessa Sánchez Cordero como agente investigadora de la Subprocuraduría A, un puesto donde recibe sueldo de 70 mil pesos mensuales, sin tener ningún antecedente en la materia.
Sánchez Cordero es exdiputada del PVEM y ha sido candidata a la alcaldía y a la primera regiduría en la capital del estado en sendas elecciones, sin haber logrado colocarse. Ahora la ha rescatado su participación en la dirección del PVEM, que se ha convertido en el principal aliado del PAN en el Congreso.
El legado del exprocurador, Vicente Esqueda Méndez, ha prosperado con el encargado de despacho que busca convertirse formalmente en ombudsman, Eliseo Hernández Campos, quien ha conformado dentro de la institución un nuevo grupo que no está exento de acuerdos partidistas.
A este grupo político dentro del PAN pertenece también el coordinador parlamentario Jorge Espadas, lo que facilita los acuerdos. Espadas designó al ex diputado Artemio Torres Gómez como coordinador administrativo del Congreso, después de haber sido el encargado de archivos de la PRODHEG, por nombramiento de Esqueda.
Intercambio de favores
Mientras el dirigente y líder del Partido Verde en el Congreso local, Sergio Contreras, se convierte en un aliado clave del PAN para sacar adelante designaciones como la de la persona titular de la Fiscalía estatal -al proponer al delegado de la Fiscalía General de la República, Gerardo Vázquez Alatriste-, el actual ombudsperson Eliseo Hernández Campos abrió la Prodheg a militantes del Verde, como es el caso de la exdiputada plurinominal del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, a quien nombró agente investigadora adscrita a la Subprocuraduría A.
Sin contar con un perfil que avale su experiencia en materia de derechos humanos, la política que en los dos procesos electorales inmediatos formó parte de las planillas de su partido por la presidencia municipal de Guanajuato capital, fue colocada en la Prodheg durante el último trimestre de 2024 con un puesto nivel 12.
Militantes de Acción Nacional con antecedentes en el Tribunal de Justicia Administrativa, donde Eliseo Hernández forjó su trayectoria en la administración pública, llegaron a ocupar puestos de alto nivel por instrucción del encargado de despacho.
Tras la publicación de este reportaje, Vanessa Sánchez Cordero contactó a este medio para precisar que su fecha de ingreso a la Prodheg fue el 1 de agosto de 2024. Es decir, un mes después del nombramiento de Eliseo Hernández como encargado de despacho y 1 mes y 25 días de la toma de protesta de la actual legislatura en el Congreso local. Asimismo, dijo cumplir con los requisitos de ley para el puesto que desempeña: ser mexicana de nacimiento, tener más de 26 años y el título de la licenciatura en derecho, con cédula 3741041
“Eso sin contar que he trabajado por los derechos humanos de las personas en Guanajuato desde distintas áreas, por ejemplo, hoy en Guanajuato hay una ley para las personas de la diversidad porque yo presenté la iniciativa, entre otras que buscaban que los derechos humanos en Guanajuato fueran una realidad para todos”, señaló a través de un mensaje de Whatsapp.
Incluso, ha hecho contrataciones en puestos donde el requerimiento mínimo es contar con una licenciatura en derecho, sin que cubran el perfil. Es el caso de Marco Iván Ortega Palomares, licenciado en gastronomía, que desde julio de 2024 ocupa el cargo de especialista jurídico adscrito a la Secretaría General sin contar con la cédula profesional requerida -de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas- aunque en su currículum público menciona contar con dicha preparación.
En noviembre pasado, Eliseo Hernández Campos se destapó como aspirante para encabezar la Prodheg, dentro del proceso en el que el Congreso local designará a la persona titular. Como su antecesor, Hernández Campos ha sido cuestionado por la falta de imparcialidad que implicaría su militancia en el Partido Acción Nacional.
“Soy una persona consciente de que la independencia del organismo siempre va a tener un papel trascendente, pues representa una de sus mejores cualidades, y mi formación en un órgano impartidor de justicia y en la Prodheg, me obliga a priorizarla como una máxima”, sostuvo durante la entrevista del proceso de selección, encabezada por los legisladores que integran la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Congreso.
Pero en los hechos, entre el reacomodo de funcionarios tras la salida de Vicente Esqueda, Eliseo promovió a Julio César Casas Ortiz, abogado y militante de Acción Nacional con antecedentes en el Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado (Iplaneg), de agente investigador adscrito a la Subprocuraduría A, a Coordinador de Proyectos. Es decir, a cargo de coordinar la elaboración de las resoluciones y recomendaciones de queja que emite la Prodheg.
Asimismo, el abogado Juan Martín Ramírez Durán, quien fue asesor del diputado Fernando Torres Graciano durante su paso por el Senado, entre 2015 y 2018, y posteriormente laboró como proyectista en el TJA, pasó de prestar servicios de investigación en ciencias sociales y humanidades a ser titular de la Coordinación de Educación, con un sueldo bruto de 108 mil pesos mensuales.
Sin embargo, estas decisiones del encargado de despacho dentro de la Prodheg, han traído como consecuencia bajas de personal capacitado que demanda su reinstalación mediante demandas laborales.
Funcionarias como Fabiola Ramírez Mendoza y Anette García Guzmán, ambas con trayectoria en la Prodheg, fueron despedidas por Eliseo Hernández para incorporar a antiguos colaboradores del Tribunal de Justicia Administrativa. Susana Lizet Rodríguez Luna y Víctor Hugo Rocha González ingresaron en julio pasado a los puestos de agentes adscritos a la Secretaría General. Ambos ostentan el grado de maestría en su currículum, aunque de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, sólo cuentan con la licenciatura en derecho.
Judith Barrera Robledo desempeñó su cargo durante cerca de 4 años sin ningún tipo de sanciones en su historial, hasta que Eliseo Hernández Campos le exigió firmar su renuncia argumentando falta de presupuesto, pese a que los sueldos del personal son contemplados en los presupuestos aprobados durante el ejercicio fiscal anterior.
La abogada y maestra en Administración Pública con más de 24 años de servicio, hizo carrera en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y la Contraloría del municipio de León. Llegó a un puesto base en la Prodheg en abril de 2021 por invitación del propio Eliseo Hernández Campos, quien en enero de ese año fue nombrado titular de la Secretaría General por el entonces procurador Vicente Esqueda Méndez, como parte de su círculo cercano con antecedentes en el TJA.
El pasado 15 de enero, Judith fue citada en la oficina del encargado de despacho de la Prodheg, quien le notificó que ya no había presupuesto para sostener su cargo, por lo que sería finiquitada. En la Coordinación Administrativa, la encargada, Erika Yolanda Cerón, ya la esperaba con una hoja de renuncia que se negó a firmar. Ese mismo día, tres abogados acudieron en representación de la institución para convencerla de firmar la renuncia con el argumento de que así “no dañaría su prestigio en la administración pública”.
“Precisamente por mi prestigio, y porque yo no he incurrido en absolutamente nada, necesito que me notifiquen una rescisión para defenderme, porque por mi prestigio yo no voy a estar renunciando a los puestos ni dejándolos ahí botados. Estamos en una institución de derechos humanos donde a mí lo que menos me han respetado son los derechos humanos”.
Sin un documento en el que se le rescindiera su contrato ni una renuncia firmada de su parte, Judith Robledo acudió al día siguiente al su oficina pero le fue negado el acceso, por lo que el miércoles 22 de enero presentó una queja en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para pelear la reinstalación en su cargo por tratarse de un despido injustificado. Por su antigüedad en la administración pública, Judith se encuentra a menos de cinco años de tramitar su jubilación.
Pero, para Judith, el hostigamiento comenzó meses atrás, de manera silenciosa, cuando Eliseo Hernández Campos se convirtió en encargado de despacho de la Prodheg, y nombró como encargada de la Secretaría General a Berenice Yurelli Pérez del Valle. La abogada ingresó al TJA como becaria en 2016, y laboró como auxiliar jurídica de la Secretaría General de Acuerdos. En 2021, con la llegada de Eliseo Hernández a la Prodheg, Berenice fue incorporada como analista de proyectos.
Este nombramiento inconformó a Judith Robledo, quien externó a su superior la falta de perfil y experiencia para el cargo que le fue encomendado a la abogada Berenice Yurelli Pérez.
“Cuando ella llegó a la Procuraduría, ella me pedía opiniones a mí, que le hiciera comentarios de su trabajo, de sus proyectos, a mí no me pareció que de pronto ella tuviera que revisar mi trabajo. A partir de ese momento no volví a ver a Eliseo y con la secretaria fue muy poco el trato, porque ella tenía una oficina a la que se ingresa con una clave, yo no tenía acceso, yo hacía mis proyectos, se los daba su asistente, él se los daba a ella y ella me los regresaba con correcciones, agregar puntos y comas, nada de fondo”, narró Judith, en entrevista para POPLab.
A partir de aquel momento, además del contacto cero con Eliseo Hernández y su superior inmediata, Berenice Yurelli, a Judith le fueron asignados compañeros en su oficina. De acuerdo con su testimonio, se trataba de personal recién contratado, a quien el propio encargado de la Prodheg, les advertía” tener cuidado con ella” por ser una persona conflictiva.
“Yo no podía tener relación con nadie, porque a la persona que estaba cerca de mí le daban cuello, era como si yo fuera la lepra”, recordó Judith Barrera.
Para la abogada, el hostigamiento no fue más que una forma de orillarla a presentar su renuncia luego de inconformarse por el nombramiento de la titular de la Secretaría General de Acuerdos.
Según las funciones de un agente investigador adscrito a la Secretaría, el trabajo de Judith consistía en emitir opiniones jurídicas de reglamentos, notificaciones, de seguimiento a las recomendaciones de queja, así como atender impugnaciones de recomendaciones, amparos y recursos de revisión. Aunque la carga de trabajo fue aumentando tras el nombramiento de Berenice Yurelli, sus funciones fueron “invisibilizadas”.
“Lo que Eliseo trató de hacer conmigo, y no lo entiendo, fue invisibilizarme, a manera de que nadie se diera cuenta de que yo estaba ahí, yo era como un mueble que nada más llegaba, hacía mi trabajo y lo pasaba, a otros compañeros les estuvieron haciendo cosas similares y varios se fueron quedando en el camino”.
Renuncia bajo amenaza
“¿Si no toman en cuenta los derechos humanos, a qué aspira Eliseo al querer ser procurador?” cuestionó Judith Robledo, pues antes de serle exigida su renuncia, vio pasar a otros compañeros por la misma situación, mientras que el aspirante a ombudsman se inclinó por participar en el proceso.
“Reconozco que existe una deuda pendiente con las víctimas, nadie merece ser víctima, pues la violencia no tiene justificación, hoy más que nunca los derechos humanos enfrentan desafíos complejos que exigen innovación, sensibilidad y un liderazgo incluyente, con un equipo comprometido y empático”, expuso Eliseo Hernández durante su entrevista en el Congreso. No obstante, enfrenta un proceso administrativo por terminar una relación laboral de manera injustificada.
Hasta la publicación de esta nota, la Prodheg se ha negado a conciliar el conflicto con Judith Barrera y a reinstalarla en su cargo. Por ello, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo deberá radicar la demanda de la excolaboradora del organismo para continuar con el proceso administrativo.
“Yo no sé si se lograré algo, sobre todo para que estas prácticas no se repitan, porque mi caso no es único, somos muchos, pero a la gente le da miedo, no demandan, no controvierten, les llevan la renuncia y la firman porque están amenazados. Así es como se actúa, pero no debe de suceder porque ellos nos destruyen la vida”, concluyó.