El Gobierno del Estado determinó reservar 14 contratos que el DIF estatal pagó a las hermanas Ma. Teresa y Karla Alejandra Martínez Sánchez, de la partida de "Apoyos Sociales a Personas en Situación de Vulnerabilidad". La reserva por tres años incluye los comprobantes fiscales, la evidencia documental y validaciones administrativas que acrediten los servicios prestados.

Una investigación en curso por parte de la Secretaría de la Honestidad fue el argumento del gobierno estatal para ocultar los detalles de los contratos y servicios prestados por Ma. Teresa y Karla, proveedoras parientes de José Luis Guerrero Méndez, el ex asesor de Juan Carlos Alcántara Montoya en la jefatura de gabinete en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez.

En un listado público de las personas que se beneficiaron en 2019 con el programa de Apoyos Sociales a Personas en Situación de Vulnerabilidad, aparecen los nombres de las hermanas Martínez Sánchez, al recibir 759 mil 850 pesos del DIF estatal ese año.

A través de una ficha informativa, el DIF estatal señaló que a las hermanas se les contrató para ofrecer alimentos a la caravana migrante, sin entrar en detalles de cuántas personas beneficiarias y el tipo de comidas que ofrecieron.

POPLab solicitó, vía transparencia, la versión pública de los contratos que el DIF estatal entregó a Ma. Teresa y Karla Martínez Sánchez, así como la evidencia de que cumplieron con los servicios que prestaron durante el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez, pero la respuesta fue una reserva de 3 años a petición del DIF y validada por la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo.

El DIF estatal que dirige Alfonso Borja Pimentel, quien ocupaba el mismo cargo en 2019 cuando se entregaron los contratos, pidió la reserva con el argumento de que existe una investigación abierta por parte de la Secretaría de la Honestidad iniciada en 2025.

De acuerdo con la exposición de motivos, el DIF estatal informó a la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo que el 21 de mayo, una semana después de que POPLab solicitó la información, la Secretaría de la Transparencia envió un oficio en el que se les informa que sigue abierta una investigación por la asignación de contratos.

En la conclusión de la Unidad de Transparencia, a cargo de Ángeles Ducoing Valdepeña, se señala que de entregar los contratos y las evidencias se pondría en riesgo la investigación que lleva la Secretaría de la Honestidad, al ser materia de las bases las presuntas faltas y responsabilidades administrativas.

"La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrado e identificable de perjuicio significativo al interés público tutelado. La información solicitada contiene elementos probatorios", dice la resolución del Comité de Transparencia.

Además, señala que de hacer públicos los contratos "el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público general de que se difunda".

Retoma Honestidad investigación luego de solicitar evidencia de los servicios prestados

El 21 de mayo, mediante oficio, la Secretaría de la Honestidad informó al DIF estatal que se daba seguimiento a la investigación administrativa bajo el número INV.AUD.A23/2025. La investigación, se detalla, se inició por la denuncia que presentó la directora general de Auditoría Gubernamental, por la contratación de servicios por el periodo de enero 2019 a septiembre de 2024.

En la notificación que hizo llegar la Secretaría de la Honestidad, se pidió al DIF estatal copias certificadas de los expedientes completos que contengan la documentación generada desde la justificación emitida por el área solicitante del servicio, así como adjudicación y pago de los contratos.

El requerimiento se hizo al DIF apenas unos días después de que POPLab presentó la solicitud de información.

Según la Secretaría de la Honestidad, a través del área de prensa, la investigación inició en febrero de 2025, y el documento que hicieron llegar al DIF es parte del proceso que se sigue desde hace más de un año.

"La investigación ha seguido su curso, no se detuvo. En ese periodo se han realizado múltiples requerimientos de información, y su revisión, dada la cantidad, conlleva tiempo", aseguró al cuestionar por qué el DIF recibió el  documento cuando se solicitó la información.

Unas semanas antes, el DIF facilitó algunos detalles a través de fichas informativas, aunque el director, Alfonso Borja Pimentel, no quiso dar entrevista por "motivos de agenda".

Defiende DIF pago de contratos con recursos de apoyos sociales

En la última ficha informativa que se facilitó a POPLab, el DIF Estatal aseguró que el pago para los apoyos alimentarios brindados durante la atención a las caravanas migrantes en 2019 se realizó en el marco de una emergencia humanitaria.

"Es importante precisar que dichos apoyos no fueron financiados con recursos de programas sociales sujetos a reglas de operación específicas, sino mediante gasto corriente institucional correspondiente a ayudas sociales a personas, conforme a la normatividad vigente en ese momento y en coordinación con lo establecido en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social y la Ley para la Protección y Atención de las Personas Migrantes y sus Familias del Estado de Guanajuato", señaló el DIF.

Sin embargo, el programa de donde salió el pago a las hermanas Martínez Sánchez sí cuenta con reglas de operación publicadas a finales del año 2018, aplicables para el año 2019.

En dichas reglas se detalla que el fondo del programa llamado "Todos Adelante Gto", se tendría que destinar para el pago de servicios como honorarios médicos, gastos hospitalarios, servicios relacionados con tratamientos médicos, para pagar prótesis, transporte de personas o servicios de albergue, asilo o alojamiento.

El DIF estatal justificó que usó del dinero de los Apoyos Sociales a Personas en Situación de Vulnerabilidad para pagarlo a las proveedoras familiares de un asesor del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez porque la atención a la caravana migrante que pasaba por Guanajuato requería de la atención inmediata.

"En ese contexto, la contratación de proveedores se realizó conforme a la Ley de Contrataciones Públicas del Estado, respetando los montos y procedimientos aplicables para adjudicación directa, considerando criterios de competitividad en precio, disponibilidad y capacidad de respuesta inmediata para garantizar la entrega oportuna de alimentos", expuso el DIF estatal.

Además, como defensa señalaron que ambas estaban inscritas en el padrón estatal de proveedores, y que al momento de las contrataciones no existía información o resolución firme que representara un impedimento legal o administrativo para entregarles los contratos.

En la ficha, el DIF también asegura que cuenta con los contratos, comprobantes fiscales, evidencia documental y validaciones administrativas que acreditan la prestación de los servicios alimentarios y la atención brindada en varios municipios a "miles de personas integrantes de las caravanas migrantes".

"El DIF Estatal reitera que actuó conforme a la normatividad aplicable y mantiene plena disposición para proporcionar la información institucional correspondiente por las vías legales y administrativas conducentes, privilegiando en todo momento la transparencia, la rendición de cuentas y la atención humanitaria a personas en condición de vulnerabilidad", promete la ficha que se envió a POPLab.

Sin embargo, al momento de hacer la solicitud de información por los canales legales, la respuesta del gobierno estatal fue ocultarla por 3 años.